La Libertad Avanza hace caja con las prestaciones por discapacidad: el caso Jujuy como muestra del modus operandi

A mediados de febrero Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), fue noticia por haberse referido a las personas con discapacidad y en un documento público como "idiotas", "imbéciles" y "débiles mentales". Este abogado, que no tiene el conocimiento ni la experiencia mínima para estar al frente de un área tan sensible, ostentó como único mérito para llegar a ese cargo estratégico, ser el representante legal del presidente y tener vocación para cumplir con la tarea encomendada: administrar una de las cajas estratégicas de la administración pública.

Según varias fuentes que se desempeñan en el organismo, desde que tomó el cargo, Spagnuolo firmó contratos que no tienen relación directa con la asistencia a discapacitados, sino con el funcionamiento del ente; contrató a una agencia de seguridad que -aunque en la licitación compitió con otras once- no llegaba a los estándares requeridos; o un servicio de correo adjudicado a la empresa "Urbano",  que ni siquiera tiene capacidad para el envío de cartas documento. Oca y Andreani judicializaron el asunto y finalmente a estas empresas -que también se habían presentado a la licitación y quedado fuera-, les habrían adjudicado aquello que Urbano no cubre.

Por otra parte, y posiblemente sea el caso más escandaloso de su administración, la Agencia de Discapacidad hizo compras por 27 mil millones a la droguería Suizo Argentina perteneciente a la familia Kovaliker, de amplia raigambre en el noroeste del país y de estrecha vinculación con Lule y Martín Menem, quienes habrían presionado para que sea la empresa de sus amigos la proveedora del estado.

En julio, el gobierno nacional anunció que empezarían con auditorías de las pensiones por discapacidad. Lo hizo a través del vocero Manuel Adorni, cuando en esa fatal conferencia de prensa mostró una radiografía de un perro para argumentar que ese examen había sido validado como de un humano quien, gracias a eso, cobraba una inmerecida pensión por invalidez.

Hasta le puso una cifra a la corrupción de los supuestos inválidos: denunció “un esquema de corrupción y desvío de fondos a través de la facturación de prestaciones médicas truchas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que podría ascender un total de 3.400 millones de dólares."

En notas de prensa Spagnuolo redondeó la idea: “Estamos seguros que entre el 30 y el 50 por ciento de las pensiones otorgadas durante los gobiernos kirchneristas van a ser dadas de baja después de una exhaustiva auditoría que abarca a todo el país”. Y agregó: “Nos encontramos con un sistema de pensiones por invalidez laboral poco transparente, complejo de auditar y muy susceptible al fraude. Durante las gestiones anteriores, las pensiones fueron utilizadas como moneda de cambio para favores políticos, otorgándolas a personas que no cumplían con los requisitos de invalidez laboral o discapacidad”.

Para seguir la rutina de muchos funcionarios, incluido el presidente, de arrojar cifras al aire sin ninguna demostración empírica, Spagnuolo aseguró con respecto a los traslados de los pacientes que no tienen movilidad propia, para los tratamientos necesarios: "Se publicó un informe de la Superintendencia de Servicios de Salud donde lo que se deduce es que lo que se está pagando en concepto de transporte de personas con discapacidad equivale a setenta y dos viajes ida y vuelta a la luna por mes. Es una barbaridad”. Cifras lanzadas al aire sin sentido alguno, como si la sociedad contara con elementos objetivos para comparar los precios de mercado con los que se pagaron.

La auditoría, entonces, se puso en marcha. En cada provincia se frenó el pago de las pensiones, del mismo modo que la prestación de varios servicios para los pensionados -como los traslados- , hasta que el relevamiento caso por caso no estuviera hecho. De ese modo, muchos prestadores se vieron asfixiados, y algunos contratos se cayeron; nada que al parecer no estuviera previsto, pues aparecieron entonces algunos prestadores del ámbito privado, ligados en algunos casos al poder político de LLA, para cubrir ese baje a cambio de un porcentaje.

En Jujuy, los Menem arreglan con Quintar

Manuel Quintar es un joven abogado que asumió como diputado de La Libertad Avanza representando a Jujuy en diciembre de 2023. Su trayectoria política es insignificante, pues su vida fue por otros carriles: su bufete de abogados, su familia de cuna tradicional, y su pasión por las motos que lo llevaron a recorrer el mundo compitiendo en una categoría de enduro.

Precisamente en su equipo de motociclismo -un deporte que además de riesgo extremo implica una enorme erogación económica- está su hermano Omar, un estudiante de abogacía de 23 años y que cuando tenía 17 años violó a una niña de 15. El hecho sucedió en 2019, el hermano menor del diputado fue procesado y gozó del privilegio de tener prisión domiciliaria, y hace unos meses llegó a juicio.

Unos días antes el diputado, que además representa como abogado al hermano violador, y en plena sesión del Congreso pidió una "cuestión de privilegio" para dejar asentado algo que nada tenía que ver con los temas expuestos. Usó ese mecanismo por fuera de lo que contempla el reglamento para señalar jueces y hasta a la misma Corte Suprema de Justicia de su provincia, en lo que todos entendieron como un claro mensaje extorsivo a la Justicia que debía caer, días después, sobre su hermano.

En Jujuy hay elecciones legislativas el 11 de mayo y es una de las primeras provincias en celebrar el acto eleccionario que corresponde a este año a nivel nacional. Se sabe, entonces, que para las campañas se necesita dinero y que esa caja para la política suele salir, de modo ilegítimo, de las exiguas arcas del estado y fundamentalmente de grandes cajas de PAMI o ANSES. 

El "no hay plata" no corre para esos menesteres aunque sí para los que deberían ser los beneficiados de esas reparticiones. Por esa razón, cada fuerza política que asume el poder se lanza en palomita para poner en esos organismos a personas que les respondan directamente. Quintar, que responde directamente a Karina Milei a quien llegó por su amistad con Eduardo “Lule” Menem, puso a su alfil Evaristo Bautisto a manejar PAMI de Jujuy.

A todas las personas con discapacidad de todo el país le llegó -o está por llegar- un telegrama. En el mismo les indican a cada una que deben presentarse para ser "auditadas" a fin de corroborar si la pensión es merecida o no. Larguísimas colas en todas las sedes de PAMI en todo el país idénticas a las de San Salvador de Jujuy, con discapacitados que en este caso fueron derivados a un policlínico privado para la consulta de relevamiento. El policlínico se lleva como retribución por la revisación, el 15% del costo total que, de hacerse en un hospital público, el Estado ahorraría.

El Policlínico jujeño se llama "Los Lapachos" y queda en Alto Comedero, y como dato curioso es el mismo en donde estuvo internada Milagro Sala y a donde concurrió Alberto Fernández para visitarla. ¿Quién es el propietario del centro de salud de altísima tecnología y calidad? El diputado Manuel Quintar y su familia.

En la década del noventa se llamaba "Sanatorio Quintar" hasta que quebró, dejó el tendal de deudas y de despedidos y se reconfiguró con los mismos dueños como "Los Lapachos". El administrador del Sanatorio fue Evaristo Bautisto hasta diciembre de 2023, cuando asumió al frente de PAMI.

Entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024, con el gobierno de Milei pero sobre todo, con gente de Quintar también en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados de Jujuy,  la clínica Los Lapachos experimentó un aumento significativo en los aportes del estado, que pasaron  de 100 millones a 446 millones de pesos en ese lapso, bajo el condicionamiento que de no recibir ese aumento podría interrumpir el servicio a jubilados y pensionados.

El director Ejecutivo del PAMI, Esteban Leguizamo, a su vez fue denunciado por designar al contador Bautisto al frente de la delegación del PAMI en Jujuy. El denunciante, el abogado Daniel Trava, asegura que dentro de las obligaciones inherentes a la función del director ejecutivo del PAMI resulta primordial verificar no solo la idoneidad de aquellos que se contraten para realizar una función en el organismo, sino que no existan incompatibilidades en esas contrataciones, ni se encuentre enmarcado en la figura de conflicto de intereses. La denuncia podía llegar a Manuel Quintar.

El telegrama que recibieron los jujeños intimados a chequearse en la clínica privada del diputado Quintar, es idéntico al que llegó a manos de cada discapacitado del país, firmado por Spagnuolo, "el recaudador". La política de ANDIS parece ser de asfixia económica a los diversos planes y prestaciones a discapacitados, desde traslados hasta centros de día, de insumos hasta controles médicos que no pagarían o “dejarían caer los contratos, para luego redireccionarlos a nuevos prestadores del ámbito privado con el objetivo de quedarse con ese quince por ciento del costo”, tal como detalló a Data Clave un funcionario del área de discapacidad.