El destino y la gestión de los planes sociales se convirtió en el principal dolor de cabeza para la gestión de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.  Un total de 2.243 beneficiarios del Potenciar Trabajo dados de baja por haber comprado dólares y realizar consumos excesivos, y ya avanza una investigación judicial en Comodoro Py.

Sin embargo, las irregularidades en el cobro de este tipo de beneficios sociales también ocurren a nivel provincial. En este sentido, Pablo Vignaroli, fiscal jefe de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén, formuló cargos contra 19 personas por integrar una asociación ilícita destinada quedarse con fondos públicos que, en su destino original, debían atender situaciones de vulnerabilidad producto de la desocupación.

El fiscal apuntó contra el entonces director general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo neuquino, Ricardo Soiza, a quien acusó de presuntamente haber intervino como “jefe” de la organización. En la maniobra también quedaron involucrados el exdirector de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social y el exresponsable de Gestión de Programas del mismo organismo por supuestamente “organizar a los reclutadores, que eran quienes captaban a eventuales beneficiarios de planes sociales, y a los extractores, quienes debían realizar las extracciones del dinero en los cajeros electrónicos”. 

La maniobra descripta por la Fiscalía era sencilla: los funcionarios buscaban eventuales beneficiarios del denominado Plan Provincial de Asistencia a la Desocupación. Esas personas eran inscriptas con una fotocopia del documento de identidad, sin cumplir las verificaciones de rigor como, por ejemplo, verificar que no cobren un sueldo. 

Luego se les gestionaba la apertura de cuentas y se les informaba que debían presentarse en el banco para retirar la tarjeta de débito y crear la clave respectiva, pero los plásticos jamás eran entregados. Ahí entraban en juego la segunda parte de la maniobra: un grupo de personas realizaba el retiro del dinero una vez al mes.

Según la teoría de la fiscalía, parte de ese dinero -entre los $3000 y $10.000 pesos- se entregaba a quienes figuraban como titulares de las tarjetas y el resto -los planes podían llegar a ser de hasta $49.000- quedaban para la organización.

"Se trata de conductas concatenadas y dirigidas al mismo fin: hacerse del dinero público”, dijo el representante del Ministerio Público Fiscal, quien además señaló que el perjuicio asciende a casi $65.000.000.