El fiscal federal Eduardo Taiano inició este miércoles una investigación por las supuestas irregularidades con los planes sociales Potenciar Trabajo y le requirió informes a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. 

En la misma línea, el fiscal requirió informes a la AFIP y al Banco Central donde se detalle “cuál es la cantidad de beneficiarios que cobran por transferencia y qué otros lo hacen por cajero”.

Concretamente, el objetivo de la investigación es detectar si existió el cobro de planes por parte de personas con empleo formal registrado o titulares de cualquier tipo de establecimiento comercial abierto al público, como propietarios, arrendatarios o usufructuarios; o posibles titulares de cualquier tipo de explotación agrícola o ganadera, etc.

Tal como detalló Data Clave, la causa se inició con la investigación que lleva adelante el fiscal Federal Guillermo Marijuan sobre la multimillonaria defraudación al Estado nacional a través del cobro de planes sociales por cientos de miles de personas que no deberían tener ese beneficio tomó un giro inesperado en las últimas horas. 

Según informaron a Data Clave fuentes allegadas a la investigación, una de las ramas es saber a qué bancos le compraron dólar los 35.398 “beneficiarios” porque “si se concentra en dos o tres entidades, existiría la posibilidad de que exista una asociación”, tal vez ilícita, para llevar adelante esta defraudación al Estado.

La primera información relevada fue la de los consumos con tarjeras de crédito o débito de los beneficiarios que superaran en dos o más veces los ingresos provenientes del plan Potenciar Trabajo, que equivale a la mitad del salario mínimo, unos $29.850. 

Pero además, de acuerdo al informe de la AFIP que obtuvo Marijuan sobre los 1.383.279 beneficiarios de planes sociales analizados surgió que: 44.235 recibieron ingresos en los últimos seis meses mayores a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil; 63.211 registran gastos o consumos con tarjeta de crédito o débito o billetera mayor a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil; 253.184 presentaron declaración jurada de bienes personales; 52.987 son propietarios de más de un inmueble, automotor, embarcación o aeronave; 10.477 registran un automotor de menos de un año de antigüedad; 835 pertenecen al régimen simplificado categoría C o superior; 8.019 son titulares de jubilaciones, pensiones o retiros.

Asimismo, 209 poseen medicina prepaga o cobertura social; 35.398 percibieron divisas en el mercado de cambios dentro de los seis meses de percibir la asignación; 39.874 son titulares de establecimientos comerciales abiertos al público o explotación agrícola o ganadera; y 2.870 perciben el subsidio a pesar de encontrarse fallecidos.