La ruta verde: Comodoro Py investiga cómo 35.400 beneficiarios de planes sociales adquirieron dólares
De corroborarse que las compras se hicieron en un grupo reducido de entidades, no más de dos o tres, la justicia podría explorar la existencia de una “asociación” para defraudar al Estado.
La investigación que lleva adelante el fiscal Federal Guillermo Marijuan sobre la multimillonaria defraudación al Estado nacional a través del cobro de planes sociales por cientos de miles de personas que no deberían tener ese beneficio tomó un giro inesperado en las últimas horas.
Según informaron a Data Clave fuentes allegadas a la investigación, una de las ramas es saber a qué bancos le compraron dólar los 35.398 “beneficiarios” porque “si se concentra en dos o tres entidades, existiría la posibilidad de que exista una asociación”, tal vez ilícita, para llevar adelante esta defraudación al Estado.
Lo cierto es que la investigación preliminar que inició Marijuán, y que ahora cayó en manos del Juez Federal, Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Stornelli, apunta a solo seis meses que investigó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por el pago de planes sociales por parte del Estado Nacional a 1,4 millones de beneficiarios, encontrando “irregularidades” en 250.000 de ellos.
Más allá de que no existiría “cruce de datos” entre los registros de beneficiarios que tiene a su cargo el ministerio de Desarrollo Social y la AFIP, que valida la compra de dólares “habría que ver si son compras diseminadas o se concentran en unas pocas entidades”. Sobre los 2.870 que percibieron el subsidio a pesar de encontrarse fallecidos “ahí habrá que ver porque no se dieron de baja inmediatamente”.
Marijuan solicitó que una vez que sea impulsada la investigación penal se suspendan los beneficios del plan para las personas identificadas por cometer las irregularidades y se realice un reempadronamiento. El ministerio de Desarrollo Social, por su parte, había pedido que la AFIP cruzara la información disponible de los beneficiarios de Potenciar Trabajo para relevar cuál era la situación económico- financiera de los que recibían esa prestación estatal.
La primera información relevada fue la de los consumos con tarjeras de crédito o débito de los beneficiarios que superaran en dos o más veces los ingresos provenientes del plan Potenciar Trabajo, que equivale a la mitad del salario mínimo, unos $29.850.
Pero además, de acuerdo al informe de la AFIP que obtuvo Marijuan sobre los 1.383.279 beneficiarios de planes sociales analizados surgió que: 44.235 recibieron ingresos en los últimos seis meses mayores a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil; 63.211 registran gastos o consumos con tarjeta de crédito o débito o billetera mayor a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil; 253.184 presentaron declaración jurada de bienes personales; 52.987 son propietarios de más de un inmueble, automotor, embarcación o aeronave; 10.477 registran un automotor de menos de un año de antigüedad; 835 pertenecen al régimen simplificado categoría C o superior; 8.019 son titulares de jubilaciones, pensiones o retiros.
Asimismo, 209 poseen medicina prepaga o cobertura social; 35.398 percibieron divisas en el mercado de cambios dentro de los seis meses de percibir la asignación; 39.874 son titulares de establecimientos comerciales abiertos al público o explotación agrícola o ganadera; y 2.870 perciben el subsidio a pesar de encontrarse fallecidos.