El Gobierno nacional avanzó con un nuevo recorte en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo que reemplazó a la AFIP bajo la gestión de Javier Milei. La medida implicó la salida de casi 3.000 empleados bajo un esquema de retiros voluntarios y jubilaciones, pero con un costo imprevisto para el Estado: $330.000 millones en compensaciones, en un contexto de caída en la recaudación y creciente malestar gremial.

El ajuste se ejecutó bajo una disposición firmada por el director del organismo, Juan Pazo, que habilitó el pago de 20 sueldos adelantados a los trabajadores que se acogieron al plan de desvinculación. Sin embargo, la mayoría de los beneficiarios pertenecían al Grupo 26, es decir, eran directivos y altos directivos con salarios elevados, lo que elevó la compensación individual a $100 millones en promedio y, en casos de personal altamente especializado, a $120 millones.

A pesar del relato oficial sobre la necesidad de reducir el gasto público, el impacto fiscal del ajuste fue significativo y generó una paradoja inesperada: una fuga masiva de empleados altamente calificados hacia el sector privado. Consultoras contables y estudios de planificación fiscal, incluidas las grandes firmas internacionales conocidas como las Big Four, captaron a exfuncionarios de ARCA que ahora asesoran empresas en estrategias tributarias, lo que podría debilitar aún más la capacidad de fiscalización del organismo.

El recorte no solo afectó al personal, sino también a la estructura de la ex AFIP. En paralelo a las desvinculaciones, el Gobierno decidió cerrar 100 delegaciones en el interior del país, una medida que generó rechazo político y sindical. En lugares como Chilecito, La Rioja, se eliminaron oficinas que tenían una recaudación superior a las de las capitales provinciales, mientras que en otras jurisdicciones la falta de atención presencial complicó el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes.

El descontento sindical no tardó en manifestarse. AEFIP, Supara y la UPSAFIP, los gremios que representan a los empleados de ARCA, denunciaron el desmantelamiento del organismo y anunciaron medidas de fuerza. Desde este martes hasta el jueves se lleva a cabo un apagón informático de cuatro horas diarias, mientras que Aduana paraliza actividades este 3 y 4 de abril, afectando todas las operaciones comerciales excepto las de turismo y salud.

El secretario general de UPSAFIP, Julio Estévez, fue categórico: "El Estado pagó miles de millones para trasladar a los mejores funcionarios del fisco al sector privado, donde ahora defienden evasores". Además, advirtió que la situación representa "la destrucción de la fiscalización y el control impositivo en Argentina".

En este escenario, el recorte en ARCA se suma a una tendencia preocupante: la caída de la recaudación en términos reales, lo que impacta en las metas fiscales del Gobierno. La pérdida de personal especializado y el cierre de oficinas estratégicas podrían comprometer la capacidad del organismo para detectar evasiones y optimizar el cobro de impuestos, en un contexto donde el equilibrio de las cuentas públicas es clave para la administración de Milei.