El conflicto entre el Gobierno y los trabajadores estatales escaló a un nuevo nivel con la advertencia de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) sobre posibles 50.000 despidos en la administración pública. Ante la incertidumbre sobre la renovación de los contratos que vencen este lunes, el sindicato inició vigilias en ministerios y secretarías y no descarta endurecer las medidas de protesta en caso de cesantías masivas.

"Tenemos un Gobierno que ha actuado de manera permanente al margen de la Constitución y de las leyes. No vamos a permitir que haya despidos sin causa justificada. Montaremos vigilias en todos los ministerios y secretarías, y si es necesario, ocuparemos las dependencias que dejen trabajadores en la calle", expresó Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio. Además, remarcó que "la violencia institucional crece en el país y la responsabilidad es exclusiva de la Casa Rosada".

Desde ATE sostienen que en diversas dependencias circuló el rumor de que las cesantías empezarían a notificarse durante el fin de semana, aunque hasta el momento no se enviaron telegramas ni correos formales, como ocurrió en trimestres anteriores. Ante este escenario, el gremio exige la renovación automática y anual de los contratos y advierte sobre las consecuencias de un nuevo recorte.

"El Estado no soporta más ajustes. Si continúan con esta política, se resentirán servicios esenciales y toda la sociedad pagará las consecuencias", advirtió Aguiar. En esa línea, el sindicato anticipó un paro de 36 horas que comenzará el miércoles 9 de abril al mediodía y se extenderá hasta la medianoche del jueves 10.

El clima de protesta se agudizará en la semana con el tercer paro general de la CGT contra el gobierno de Javier Milei, programado para el jueves 10 de abril. La central obrera también confirmó una movilización junto a los jubilados el miércoles 9 y un acto masivo el 1 de mayo.

Uno de los puntos clave de la medida de fuerza será la adhesión de los gremios del transporte, un factor determinante para el impacto del paro. La UTA había anunciado su participación, pero la conciliación obligatoria dictada por el Ejecutivo le impide sumarse. En cambio, los sindicatos ferroviarios La Fraternidad y Unión Ferroviaria confirmaron que sí se plegarán a la protesta.