Aborto y dolarización, dos temas que enfrentan a García Mansilla con posturas de la Corte

Tras la presentación la semana pasada del juez Ariel Lijo en el Senado para defender su candidatura a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ahora le llegó el turno al segundo postulado por el presidente Javier Milei, el catedrático Manuel García Mansilla. Ante la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta, el abogado se refirió, entre otras cosas, a dos temas con lo que confronta con los actuales miembros del máximo tribunal: el aborto y la dolarización.

"La Corte no decide casos de aborto periódicamente", señaló García Mansilla en su alocución. El abogado participó de los debates por la interrupción voluntaria del embarazo en 2018, en donde se mostró en contra de la medida. A partir de una pregunta del senador radical Martín Lousteau, en donde le consultó si seguía argumentando que es “inconstitucional” el proceso, García Mansilla explicó: “No hablé sobre toda la Ley, publiqué un trabajo apenas se sancionó la ley y que se publicó antes de la promulgación, incluso antes del decreto de promulgación que vetó una parte de esa ley”. 

Asimismo, aclaró que hizo un análisis “preliminar y necesariamente incompleto" porque solo se concentró en el artículo 4 inciso A de la ley. El mismo está referido a la legalización del aborto hasta las 14 semanas, en el que hizo una explicación de por qué para hacer un análisis constitucional correcto había que separar lo que es legalización de despenalización. Sobre esto afirmó que la Corte Suprema establece que una ‘ley posterior deroga a una ley anterior, ley especial deroga ley general’, y planteó: "En ciertos casos es indispensable que el Congreso derogue específicamente las leyes que se contraponen con las leyes que están sancionando".

Cabe señalar que García Mansilla presentó sus críticas al fallo F.A.L, en el que la Corte Suprema determinó que cualquier aborto de un embarazo producto de una violación, sin importar la salud mental de la mujer, no es punible. El hecho ocurrido en 2012 allanó el camino para alcanzar el aborto legal. Ese año, una adolescente de 15 años fue violada por su padre en Comodoro Rivadavia y producto de esa violación quedó embarazada. La madre de la chica recurrió a la Justicia para que su hija pudiera realizarse el aborto en un hospital público, pero su reclamo fue rechazado en primera y segunda instancia de la Justicia de Chubut. Cuando la adolescente cursaba la semana 20 de embarazo intervino el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) provincial, que encuadró el caso como uno de los supuestos de aborto no punible del artículo 86 del Código Penal de la Nación y permitió la realización del aborto.

En su presentación ante el Senado en 2018, durante el debate sobre el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que en ese momento no logró la aprobación, afirmó: “El supuesto derecho al aborto no existe, no está reconocido en ninguna de nuestras normas vigentes y tampoco se deriva de una interpretación razonable de ellas”.

De acuerdo a un documento del CELS, donde rechazaron las candidaturas de Lijo y de García Mansilla, señalan que, a entender de este último, "las mujeres que sufren una violación –y que no padecen algún tipo de discapacidad mental- no tienen derecho a acceder a una interrupción legal del embarazo y deben ser perseguidas penalmente”.

Su postura también fue ratificada en un artículo publicado en la revista del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires donde argumentaba que el proyecto de legalización era inconstitucional. Allí hizo foco en las interpretaciones legales que apoyan, según su concepción la protección de la vida desde la concepción.

“En definitiva, aunque suene peyorativo, la mayoría de la Corte en “F., A. L.” intenta un truco de magia constitucional bastante pobre que tiene como resultado hacer “aparecer” el derecho al aborto en caso de violación, que no está expresamente contemplado en ninguna norma en nuestro país, y hacer “desaparecer” el derecho a la vida del niño por nacer que sí está expresa e implícitamente garantizado por nuestro sistema legal y constitucional”, dijo en ese artículo, apuntando directamente a quienes firmaron ese fallo, como Ricardo Lorenzetti. 

Su postura sobre la dolarización

Otra cuestión que genera rispideces con respecto a la postura de la Corte Suprema, en especial con su presidente Horacio Rosatti, es la dolarización. Nuevamente fue Martín Lousteau quien tomó la palabra y le consultó “si piensa que la dolarización, es decir, el reemplazo total de la moneda nuestra por otra, que no controle el Estado, es constitucional o no”, recordándole un informe sobre el tema. 

Frente a esto, García Mansilla explicó que el escrito se hizo en el marco de la campaña electoral, donde “la dolarización como concepto era un motivo de discusión”, más allá de que "no existía concretamente un proyecto de ley que uno pudiera analizar”. En ese sentido, afirmó: “Asumamos que para dolarizar se confiscan todos los depósitos en dólares que hay en el sistema bancario. Esa dolarización sería flagrantemente inconstitucional por violación del derecho de propiedad”. 

“Puede ser constitucional o no dependiendo de cómo se haga. Es el Congreso de la Nación el que puede tomar esa decisión", opinó el abogado y agregó: "Mi rol hasta hoy es académico, y los académicos tiene una obligación de contribuir al debate público sumando argumentos. En ese momento me pareció que obturar una discusión y desecharla de plano no era correcto”.

En este punto, cabe recordar las palabras del titular de la Corte, Horacio Rosatti, durante la última campaña presidencial, a la que hizo referencia García Mansilla. A un mes de los comicios general, Rosatti explicó en una entrevista a El País que “si elimina el peso, es inconstitucional” y agregó: “¿Cuál es la moneda de un país? La que emite: puede ser peso o patacón o lo que sea”.

En dicha entrevista, Rosatti dijo que “es la letra de la Constitución" la que señala que “hay que tener una moneda que se emita en la Argentina” y frente a esto, mandó a los candidatos a “leer la Constitución”, en clara referencia al por entonces candidato a presidente Javier Milei. En este sentido, consideró que se pueden avanzar en otras direcciones, como “ligando” el valor de la moneda propia a “una moneda extranjera, o a un conjunto de monedas”.

La polémica detrás de su candidatura

A pesar de que García Mansilla fue propuesto por el presidente Javier Milei para ocupar el cargo en la Corte Suprema, al igual que el juez Ariel Lijo, el abogado reconoció en su discurso que no conoce al primer mandatario. “Yo no conozco al presidente de la Nación, no hablé nunca en mi vida ni por teléfono con él”, señaló el catedrático y, sorpresivamente, agregó: “El cargo me lo ofreció el señor Santiago Caputo en una reunión con el señor Sebastián Amerio”. Este último, es el viceministro de Justicia. 

En relación a Santiago Caputo, agregó: “La última vez lo vi, hace unas dos semanas, en Casa Rosada, me preguntó cómo venía preparándome para esta audiencia pública, y la relación desde el momento en que me ofrecieron el cargo hasta ahora la he llevado con el doctor Sebastián Amerio”. Sebastián Amerio es el secretario de Justicia de la Nación. Anteriormente, Amerio trabajó en la Corte Suprema de Justicia y mantiene una relación cercana con Caputo, mano derecha de Milei.

Con la presentación de García Mansilla, terminaron las audiencias. La presidenta de la Comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri, anunció que quedaba abierta la posibilidad de firmar dictamen. Más temprano, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, señaló que están “confiados” de que conseguirán las nueve firmas para el dictamen.