La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) inició, a partir de ayer, un proceso de sanciones contra las empresas de transporte que no cumplen con la obligación de ofrecer pasajes gratuitos para personas con discapacidad en la terminal de ómnibus de Retiro. Según fuentes oficiales, quienes no acaten esta normativa enfrentarán infracciones y multas.

Esta decisión responde a una serie de denuncias presentadas durante el fin de semana y el lunes, cuando varias personas reportaron que no pudieron acceder a sus pasajes gratuitos. "Analizamos la situación y el mismo lunes intimamos a las empresas y a las cámaras empresarias para que regularicen su accionar", indicaron desde la CNRT. El martes comenzó la aplicación efectiva de las sanciones, que ya afectaron a 44 empresas.

El procedimiento consiste en la emisión de intimaciones a aquellas compañías que no estaban registrando correctamente los servicios gratuitos. Además, se envió una nota formal a las cámaras empresariales exigiendo el cumplimiento de este derecho, que se mantiene vigente pese a la desregulación del transporte de larga distancia.

Desde el organismo de control aclararon que la desregulación del sector no elimina la obligación de ofrecer pasajes gratuitos a personas con discapacidad. “El objetivo de las medidas es fomentar la competencia entre las empresas y beneficiar tanto a los usuarios como a las compañías, pero sin menoscabar los derechos adquiridos por los sectores más vulnerables”, afirmaron.

Franco Mogetta, secretario de Transporte de la Nación, fue enfático al señalar en redes sociales que "la desregulación del transporte de larga distancia permite la libre competencia, pero no autoriza a violar las leyes. El beneficio de gratuidad para las personas con discapacidad no está en discusión y vamos a sancionar a quienes incumplan". Mogetta subrayó que la desprotección de los derechos de los usuarios más vulnerables no está contemplada en las normativas actuales ni futuras.

Sin embargo, desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI), que nuclea a varias de las compañías afectadas, rechazan las sanciones. "No estamos incumpliendo ninguna norma", aseguraron, argumentando que la desregulación les quitó el estatus de servicio público, y por lo tanto, ya no estarían obligados a ofrecer los pasajes gratuitos. "No desconocemos la ley, pero nos retiraron los permisos, ya no somos un servicio público y eso cambia las reglas del juego", añadieron.

Según CELADI, la situación es compleja debido a que la desregulación transformó a las empresas en "actores libres" del mercado, al estilo de plataformas como Uber, lo que implicaría una competencia desleal frente a nuevos operadores que no tienen las mismas obligaciones. "Hoy en día, cualquiera puede registrarse y transportar personas, pero la exigencia de los pasajes gratuitos recae solo en las empresas de servicios regulados", criticaron.

A pesar de las diferencias con el gobierno, CELADI confirmó que siguen entregando boletos gratuitos solicitados antes de la desregulación, aunque advirtieron que el impacto económico es significativo, ya que distribuyen entre un millón y un millón y medio de pasajes gratis al año sin subsidios estatales. Según la cámara, los subsidios desaparecieron en 2018 y, hasta ese momento, el Estado solo compensaba una pequeña fracción del costo de cada butaca, con meses de atraso en los pagos.

Ante este escenario, la cámara empresarial adelantó que, de no encontrar una solución que contemple mecanismos de compensación adecuados, no descartan iniciar acciones judiciales. “Si no hay un acuerdo lógico, vamos a ir a la Justicia”, afirmaron, al tiempo que exigieron que el nuevo reglamento respete la equidad en las condiciones de competencia.

Actualmente, el Gobierno está revisando las normativas para garantizar que las empresas continúen brindando este servicio a personas con discapacidad, aunque el sector empresarial insiste en que la regulación debe ser igual para todos los operadores. Las negociaciones entre las partes continúan, y será clave establecer un marco normativo claro que equilibre las obligaciones y beneficios en un contexto de competencia abierta.