El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) tomó una decisión contundente en su última sesión: declaró “persona no grata” a los diputados mendocinos que apoyaron el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. La medida, promovida por la consejera Itati Cruciani, afectó directamente a Facundo Correa Llano, Álvaro Martínez y Mercedes Llano, todos pertenecientes al espacio político La Libertad Avanza. La situación cobra mayor relevancia por el vínculo de Llano con la institución, ya que es profesora en la carrera de Ciencia Política y Administración Pública en la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo.

Mercedes Llano no tardó en salir a defender su voto y posición en diversos medios. En una entrevista con Radio Continental, explicó que el veto no cuestionaba el carácter público de las universidades, sino que se trataba de un debate sobre la viabilidad financiera de la ley. Según la diputada, el proyecto impulsado no contemplaba fuentes claras de financiamiento y calificó la propuesta como “demagógica”. Además, criticó lo que denominó una captura partidaria de ciertos sectores de las universidades, afirmando que incluso su cátedra había sido blanco de desembarcos políticos.

El Partido Demócrata (PD) de Mendoza, que cuenta a Llano entre sus filas, expresó un fuerte repudio a la decisión del Consejo Superior a través de sus redes sociales. En su comunicado, señalaron la actitud "intolerante y autoritaria" del órgano universitario, dominado por sectores radicales, y advirtieron que estas acciones buscaban “castigar y sancionar a quienes piensan diferente”. Además, el PD responsabilizó a las autoridades de la UNCuyo por posibles actos de violencia que los legisladores pudieran enfrentar debido a esta declaración.

X de Partido Demócrata Mendoza

En respuesta a la medida, Llano compartió en sus redes la carta emitida por su partido, sin añadir comentarios adicionales, pero respaldando la postura del PD. El conflicto dejó en claro las tensiones que siguen latentes entre los sectores políticos y las instituciones universitarias, especialmente en un contexto donde las decisiones del presidente Javier Milei están en el centro del debate público.

La Ley de Financiamiento Universitario había generado expectativas en distintos sectores educativos, pero fue vetada por el Ejecutivo argumentando que su implementación no tenía un respaldo financiero sostenible. Esta medida no solo levantó críticas en Mendoza, sino en varias provincias, especialmente en aquellas con universidades públicas que dependen de los fondos nacionales para su funcionamiento.

El descontento por el veto no solo quedó limitado al ámbito político y universitario, sino que también movilizó a los gremios docentes. A raíz de esta decisión, el Frente Sindical de Universidades Nacionales anunció un paro total en todas las universidades públicas del país. La medida de fuerza, que comenzó este mismo día, fue convocada como respuesta a lo que consideraron una “defraudación de la voluntad popular” y un avance del Gobierno Nacional hacia un manejo “antirrepublicano” al gobernar mediante decretos.

Al mismo tiempo, el conflicto también se extendió al ámbito estudiantil. En las últimas horas, diversas facultades y universidades del país han sido tomadas por sus estudiantes en protesta contra el veto. En la Universidad de Buenos Aires (UBA), facultades como Filosofía y Letras, Psicología, Veterinaria y Ciencias Exactas se sumaron a la medida. Mientras tanto, otras instituciones como la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), y la Universidad Nacional de Rosario (UNR), también se vieron afectadas por la medida de fuerza estudiantil.

En paralelo, el Colegio Nacional Buenos Aires, dependiente de la UBA, decidió apoyar el reclamo universitario mediante la toma de su edificio. Sin embargo, las autoridades de la UBA aclararon que la respuesta y los planes de acción serían específicos para cada establecimiento educativo, con particularidades según las demandas de cada sector.

Mientras tanto, el conflicto por el veto sigue sumando actores y tensiones. Los sindicatos docentes, que lideran el paro, tienen previsto reunirse en las próximas semanas para definir los próximos pasos del plan de lucha en defensa de los salarios y el financiamiento de las universidades. Además, los sectores estudiantiles han convocado a una asamblea nacional para coordinar acciones conjuntas, con la posibilidad de escalar las medidas de fuerza si no se logra una respuesta favorable por parte del Gobierno Nacional.