Pettovello-Gate: funcionarios eyectados y un financiamiento oscuro de la política que hace mella en el PRO

Una investigación exclusiva de Data Clave provocó un cimbronazo en el Gobierno y que afecta directamente al ministerio de Capital Humano que conduce la ministra Sandra Pettovello. Por un lado, la comprobación de que la cartera tenía una gran cantidad de alimentos próximos a vencerse que no fueron entregados a los comedores y organizaciones sociales; por el otro, los contratos facturados a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) utilizando fondos públicos a través de un mecanismo opaco que tendía al financiamiento de la política con métodos poco transparentes.

Son días intensos y de malas noticias para el ministerio de Capital Humano. El jueves tuvo que reconocer que tiene retenidos cinco millones de toneladas de alimentos sin distribuir entre los sectores vulnerables, algo que había adelantado el colega Ari Lijalad en una investigación periodística. A eso se suma que efectivamente había muchos productos que estaban por vencer. Al momento, se detectó que vencieron 40 kilos de arroz y hortalizas y 924.970 kilos de leche en polvo. A su vez, en julio se vencerían más de 4.439 kilos de harina de maíz y otra enorme cantidad de kilos de leche en polvo en los meses de agosto y septiembre.

En un comunicado, Capital Humano informó que se puso en marcha un protocolo para la entrega inmediata de alimentos de próximo vencimiento por medio del Ejército Argentino. También se adelantó que han llevado a cabo una auditoría y limitaron la competencia de funcionarios y empleados responsables por "mal desempeño de sus tareas".

"Estos reverendos hijos de puta que nunca hicieron nada por nadie tienen dos depósitos llenos con más de 4 millones de kilos de alimentos en Villa Martelli y Tafí Viejo mientras dejan a seres humanos, niños, madres y abuelos sin comida. Figura en el pedido de informes adjunto y lo reconoció (Manuel) Adorni", expresó Juan Grabois, dirigente social y militante activo de Unión por la Patria. 

Esto no es todo. Sandra Pettovello le confirmó a Data Clave que, tras la investigación de este portal por los contratos con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), inició un sumario administrativo y lo giró a la Oficina Anticorrupción para que se investiguen las irregularidades.

Este medio publicó un documento que arroja más sombras sobre las formas en las que funcionarios de la cartera conducida por la súper ministra distribuyeron fondos destinados al pago de contratos para “profesionales” a través de convenios con reconocidos organismos internacionales. Una planilla de excel donde figuran pagos a un listado de "contratados" que -de acuerdo a lo que explican quienes conocen los mecanismos- facturan a la OEI con fondos públicos, para cumplir tareas en el marco de un convenio entre la administración pública nacional y el organismo, pone en evidencia el poco transparente mecanismo de distribución de esos recursos.

La maniobra incluye la contratación de presuntos profesionales sin relación con las áreas de competencia de la cartera social; una retención de entre 10 y 12 por ciento de los montos percibidos cuyo significado y destino se desconocen; y una "bolsa neta" y una "cajita", con pesos que se convierten en dólares. Todos ellos facturan montos mensuales que oscilan entre 600.000 y 1.400.000 pesos. Según fuentes que conocen a fondo como está administrando Pettovello los recursos humanos de sus equipos, es usual que les paguen a muchos de ellos sobresueldos facturando honorarios, o que directamente sea esa la forma de cobrar,  y sin nombramiento en el estado. “Todo es muy turbio, fundamentalmente porque hay muchos que cumplen funciones de coordinación o de jefatura sobre otros sin tener cargo ni nombramiento”, aseguró un agente que trabaja en la cartera.

El listado al que accedió Data Clave incluye apenas a 18 contratados, que anualmente representan aproximadamente unos 250 millones de pesos.Toda esta trama oscura del financiamiento de la política hizo que Pettovello echara a rodar cabezas. La salida más resonante es la de Pablo De La Torre, Secretario de Niñez y Familia y hermano del controversial Joaquín de la Torre, el “Donald Trump” del Conurbano que militó en las filas del peronismo, se pasó al PRO y ahora es cercano a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La lista de despidos es más amplia y todos tienen una terminal política. Están Esteban Bosch, director nacional de Asistencia Crítica y Emergencia y candidato a intendente de San Martín en 2019; Fernando de la Cruz Molina Pico, coordinador General de la Comisión Nacional del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social; Héctor Calvente, Subsecretario de Políticas Sociales y ex secretario de Seguridad de San Miguel y Federico Fernández director administrativo dentro de la secretaría que conducía De la Torre.

Este último apellido es clave. Fernández fue designado desde el 1 de enero de 2024 en su cargo y su jefe era Alejandro Schiavi, que hace poco había sido ascendido de subsecretario de de De la Torre a subsecretario administrativo de Pettovello. Fuentes de la cartera aseguran a Data Clave que es el dueño de los polémicos excel que mostraban los financiamientos opacos del Ministerio.

A pesar de que había sido asignado de rango, Fernández seguía trabajando para De la Torre. Fuentes de la cartera aseguraron a Data Clave que el miércoles se quebró y contó cómo funcionaba este oscuro mecanismo. Fernández, “FF” para los que lo conocen, aseguró que con este método recaudaban U$S 120 mil por año para pagar sobresueldos. El ahora ex funcionario responsabilizó directamente a De la Torre.

Este escándalo del ministerio de Capital Humano que eyectó a funcionarios por la ventana también salpica indirectamente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de actual relación con Joaquín de la Torre, su hombre clave en la provincia de Buenos Aires para el armado político del nuevo espacio “PRO-Libertad”.

Bullrich ya mostró sus intenciones de fusionar a sus tropas bonaerenses con las de La Libertad Avanza para nutrir el espacio libertario y ponerlo a disposición de Javier Milei para las elecciones legislativas de 2025. Eso le valió que una importante línea interna del PRO renunciara masivamente y dejara al partido en una situación muy compleja en el marco legal para su funcionamiento. Se apartaron 25 de 34 dirigentes y hay un pedido de que haya elecciones. La ministra de Seguridad le apuntó a Cristian Ritondo y habló de “golpe de Estado”.

Con estas salidas, Bullrich queda en una situación de incomodidad y con funcionarios de su línea sospechados por corrupción y mecanismos poco transparentes para financiarse políticamente.