Largo y sinuoso camino: Emepa, cerca de ganar "licitación corta" para balizar la hidrovía

La empresa Emepa, propiedad del sempiterno contratista del Estado Gabriel Romero, dio un paso más en camino a obtener el nuevo contrato de balizamiento de la vía navegable troncal (VTN) Paraguay-Paraná, más conocida como Hidrovía. Dentro del marco de la llamada "licitación corta" organizada por la Administración General de Puertos (AGP) -que es la concesionaria estatal que tiene a su cargo este proceso- la "vieja y querida" empresa del radical que se jactó de tener una amistad entrañable con Raúl Alfonsín, presentó la oferta más baja, lo que la dejó a las puertas de la adjudicación.

En condiciones normales, esto significa que Emepa continuará a cargo de las tareas de balizamiento hasta septiembre de 2022, siempre y cuando no se demore la “licitación internacional” que definirá el responsable de operar la hidrovía hasta 2037. Tal como lo adelantó Data Clave, el gobierno dio por finalizada la concesión que, desde 1995, estuve en manos de un consorcio integrado por la firma argentina, en sociedad con la belga Jan de Nul.

En ese mismo acto, puso en manos del Interventor de la AGP José Beni la responsabilidad conferida por el Decreto 427/2021 que tuvo como principal objetivo "generar un mayor control estatal sobre la hidrovía y facultar al organismo, por un plazo de 12 meses, a cobrar el peaje y hacer las contrataciones necesarias para mantener operativos los servicios en la vía navegable, esencial para el comercio exterior argentino".

Pero para ello, debían cumplimentarse una serie de pasos indispensables que incluyó la confección de los pliegos, la convocatoria, que se presenten los oferentes, fijar la compulsa de cada una de las ofertas, elegir un candidato y superar las posibles impugnaciones. "Durante ese tiempo deberá resolverse qué proyecto de hidrovía queremos y cómo pretendemos administrarla y, fundamentalmente, controlarla durante los próximos veinte años", aportó un funcionario con acceso directo al despacho del ministro de Transporte.

El ente portuario mantuvo a las empresas que conformaban la operadora saliente, por no contar con la infraestructura necesaria para resolver en el corto plazo su reemplazo. Esa prórroga se efectivizó con dos contratos directos por el término de 90 días hábiles firmados con Emepa y la Compañía Sudamericana de Dragados (CSD), la filial local de Jan de Nul. Para remplazar esos contratos que se terminan en dos semanas, la AGP diseñó estas “licitaciones cortas” que cubren la franja de nueve meses entre enero y septiembre.

Para el balizamiento, la de Emepa fue la mejor oferta con 13.522.671 dólares más IVA, un 15% por debajo de la valuación oficial. En tanto, la oferta de la segunda competidora integrada por Pentamar y Sade Electromecánica se ubicó en 15.182.238 dólares más IVA. Todo indicaría que en un par de semanas la AGP le adjudicará el contrato. Pero no es su único objetivo.

Los Romero´s boys también pretenden retener el manejo de las obras de dragado de la hidrovía. Para ello se asociaron con una empresa danesa líder en el rubro: Rhode Nielsen. Y compite contra otros tres grupos oferentes que pulsean para obtener un contrato cercano a los cien millones de dólares, por nueve meses de trabajos.

La gran preocupación de Beni -un técnico de carrera, con vasta experiencia en materia portuaria quien como Gerente General enfrentó el desafío de prorrogar las concesiones de las terminales portuarias- es qué va a pasar durante el período en el que se llevará a cabo todo el proceso licitatorio. En un artículo publicado en este portal a mediados de agosto, una fuente del organismo portuario nos anticipaba: "nos están tirando todo el quilombo a nosotros porque si hay que hacer una contratación directa para cubrir ese período, tenemos que caer directamente en los que están ahora, que son los únicos que conocen la operatoria".

En ese momento, el ministro de Transporte Alexis Guerrera le solicitó a la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante que efectuara un relevamiento de las dragas y el material con el que cuenta el organismo estatal para afrontar el dragado durante ese período de transición. La estrategia era lograr que los belgas -que son los dueños de las dragas- rompieran con Emepa y se hacieran cargo ellos solos del dragado. "No hay en Argentina muchas empresas con la capacidad operativa necesaria para resolverlo y traer esa maquinaria desde otras partes del mundo, insume tiempo y recursos, no es tan sencillo", explicaron. Pero, por lo visto, Romero siempre cae parado.

Tal como lo indican los procesos administrativos, la administración portuaria recibió la semana pasada los antecedentes de todos los interesados y deberá seleccionar cuáles están en condiciones de pasar a la siguiente instancia, en la que se compulsan, a sobre cerrado, las ofertas económicas. Por su expertisse en estas lides, Emepa lleva las de ganar también en la licitación del dragado, aunque no son pocos los que miran con recelo el sostenimiento de este negocio en manos de un empresario "que jugó feo con el kirchnerismo".

¿Pagó sobornos o mintió?

Emepa no tiene buena relación con algunos funcionarios del actual gobierno. El tema es muy sensible ya que Romero, fue uno de los "arrepentidos" de la causa de los Cuadernos tras haber reconocido a mediados de 2018 que pagó sobornos para la obtención de obra pública durante la administración kirchnerista. En su condición de "imputado colaborador" Romero confesó en Comodoro Py que sobornó para que le extendieran la concesión de la Hidrovía a su empresa, a partir de la firma de decretos presidenciales. 

Cuando asumió Beni -quien además es santacruceño y de buena relación con los Kirchner- y se encaró la estrategia para renovar los contratos, fueron varios los que recordaron que Romero debería quedar excluido de cualquier posible nueva contratación del Estado por su compromiso en una causa que tramita ante la justicia federal. 

Recordemos que la llamada "Causa Cuadernos" no se trata solo de un expediente, sino que se ramifica en, al menos, seis procesos. La original, la causa madre, tiene el número 9608/2018. En ese núcleo es donde se cuentan 47 imputados, entre ellos Cristina Kirchner, varios funcionarios de sus gobiernos y decenas de empresarios, tanto de los que están sindicados como organizadores de la asociación ilícita como de aquellos que llevaban dinero de obras o contratos.

Pero además hay otro expediente, el 13820/2018, bautizado “Trenes”, que tiene seis imputados y está compuesto de las declaraciones de Aldo Roggio, concesionario de Metrovías, y el mismísimo Romero, quien además de Hidrovía, también participó de Ferrovías. Ambos confesaron haber pagado coimas. El primero, dijo que devolvía 5% de lo que cobraba en concepto de subsidios; el segundo, que pagó 600.000 dólares para que le prorroguen la concesión de dragado del río Paraná.

El Artículo décimo del Decreto 1023/2001 -donde se establece el regimen de contrataciones de la administración nacional- establece que "será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado de la licitación o de la rescisión de pleno derecho del contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva".

El texto se completa afirmando que "serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica. Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aun cuando se hubiesen consumado en grado de tentativa". Más claro que el agua (del Paraná).

Más allá de lo legal, fuentes que trabajan en la AGP le confiaron a Data Clave que hubo una "sugerencia" proveniente de "las más altas esferas del gobierno" para que ninguno de los empresarios que haya declarado en contra de la vicepresidenta durante aquel cuestionado proceso llevado adelante por el fallecido juez Claudio Bonadío, permanezca al frente de ninguna contratación pública.

"No debería merecer la confianza de la administración pública alguien que dijo haber pagado coimas para que le prorroguen una licitación, porque por más que la justicia finalmente lo absuelva, al haber sido una confesión de carácter colaborativo (que, se supone, es voluntaria), es un arma de doble filo porque o coimeó, o mintió, en cualquier caso es irregular", detalló el informante a este medio.

"La antesala de una nueva entrega"

Para el diputado provincial santafesino Carlos del Frade "justo en el día de los Santos Inocentes se confirma que quedan las mismas empresas de siempre". El legislador, quien como periodista viene cuestionando irregularidades en la concesión de la hidrovía, le dijo a Data Clave que "a pesar de la creación del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable y la asunción del cobro del peaje de parte de la Administración General de Puertos, el dragado lo siguió haciendo la belga Jan de Nul a través de su empresa Compañía Sudamericana de Dragado y el balizamiento continuó en manos de Romero que todavía le debe explicaciones a las familias desocupadas de los Talleres Ferroviarios de Río Oro en la ciudad de Pérez".

Para finalizar, Del Frade insistió en que "lo que está en disputa son los destinos de los 30 mil millones de dólares que se exportan por el Paraná y que es fundamental tener la administración, el control pero también la planificación de lo que entra y sale por el río como también por sus puertos. Basta de estado bobo y cómplice. Necesitamos construir un estado inteligente y transparente y que el 51 por ciento de toda la riqueza argentina le quede al pueblo argentino, si no, cada día más, habrá más familias empobrecidas. No queremos fulbito para la tribuna. Estamos en la antesala de una nueva entrega".