Durante la pandemia la Argentina se partió y algunas provincias pusieron restricciones que en muchos casos se impusieron por decreto al sentido común y generaron injusticias: familiares que no pudieron despedirse, líneas de cal para marcar fronteras, demorados por salir a pasear al perro, notificaciones por baldear la vereda y otras tantas. Santiago del Estero fue un prototipo: por las medidas de seguridad extremas que dictaron las autoridades se dieron situaciones absurdas, aprehensiones arbitrarias y abusos de poder por parte de las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, las férreas restricciones en la provincia no parecen regir para todos. Una grave denuncia tiene bajo la lupa de la Dirección de Inteligencia Criminal (DIC) a la policía de Sachajoj, localidad santiagueña que queda a 10 kilómetros del límite con Chaco. La Justicia local investiga a la cúpula de la fuerza por montar un sistema de coimas a cambio del ingreso de camiones con mercadería a territorio provincial sin la documentación requerida para circular por la Argentina: permisos de circulación nacional, revisación de los vehículos, formularios locales o PCR negativo, por caso. Nada. Plata a cambio de vía libre, mientras miles de ciudadanos argentinos esperan en las rutas para volver a sus hogares o visitar a sus seres queridos. Certificados adulterados, vista gorda y agujeros negros en las fronteras; actividades ilícitas que podrían significar un negocio millonario.

El esquema es directo: los camioneros o los dueños de la carga dialogan directamente con los encargados de la comisaría. Las reuniones, según reconstruye la denuncia con precisión minuciosa, se hacen en un bar de la zona que funciona como bunker: “El Gallego”: allí se realizan las transacciones, se cierran los acuerdos e incluso se organizan fiestas de las que participan los propios policías –con allanamientos donde se hallaron estupefacientes y mesas de juego clandestino. Todo el circuito ocurre en Sachayoj, departamento de Alberdi, a pocos kilómetros de la frontera con Chaco, desde donde proviene buena parte de la mercadería que ingresa a Santiago. Cuentan que la localidad “es pueblo de nadie” y aunque el gobernador Gerardo Zamora ya está al tanto, fuentes ligadas a la causa desconfían de la viabilidad de la investigación.

Según testimonios, el tarifario de las coimas va desde los $3.500 hasta los $80.000 dependiendo el caso, la cantidad de mercadería o el tamaño del vehículo. Alegan que pueden ingresar entre 500 y 1200 camiones cada 24 horas, lo que eleva las dimensiones del escándalo. En la Dirección de Inteligencia Criminal informan que los policías acusados, luego de recibir el pago, indican a los camioneros por qué lugar ingresar sin que les exijan la documentación requerida. En una costumbre argentina acentuada durante la pandemia, dueños de la materia prima transportada, que puede ir desde carne, leña, algodón o carbón hasta gaseosa Manaos, prefieren abonar el monto y conseguir el acceso antes que esperar días sin siquiera poder bajar del camión.

Los cañones apuntan al Mayor Rodríguez, de la plana mayor de la jefatura de la comisaría de Sachayoj. Por Rodríguez presuntamente pasarían las tareas de coordinación general de la corruptela. Comisarios contaron que en distintas oportunidades los camioneros pedían hablar directamente con Rodríguez. También analizan la actuación de agentes del puesto vial del pueblo. Tras la presentación de la denuncia ante la Justicia por parte de un joven subcomisario de la policía, habría habido represalias contra quienes no adhirieron al sistema de coimas.

El entramado

El documento con el que trabaja el ministerio público fiscal relata que “los arreglos que tienen los funcionarios de la subcomisaría son así: llegaban unos que producen carbón vegetal u otro que trasladaba bebidas Manaos al Chaco que cuando llegaban hablaban a solas con el jefe. Desde la subcomisaría autorizaban a realizar cumpleaños, a una ciudadana le cobraron $2000 por el aislamiento en su casa porque normalmente van a una escuela. Que la amenazaron con que no dijera nada porque iba presa".

Además, se cree que hubo alteraciones de los libros de guardia y evasión de la cuarentena obligatoria para algunas personas que tras ingresar a la provincia debían ser aisladas por 14 días: cuentan que productores rurales arreglaban los móviles de la policía para que no los aislaran.  

La DIC registró un caso testigo del contenido de la denuncia: en un control limítrofe sobre la ruta nacional N°6 en la salida de Sachayoj se demoró a un camión Scania que transportaba maíz: el chofer, un hombre de 48 años, no tenía DNI, cédula ni seguro mientras circulaba por la provincia y se resistió a la detención alegando conexión con autoridades. En el mismo retén se detuvo a un prematuro camionero de 19 años de edad, hijo del hombre mencionado anteriormente, quien tampoco contaba con la documentación requerida.

Según cuentan las autoridades, ambos hicieron referencia a una visita a la subcomisaría del pueblo, donde les habrían facilitado certificados de extravío de licencia y donde, según lo manifestado por los demorados, se les habría indicado que podían circular libremente por la provincia.

La causa está bajo secreto de sumario, que se levanta el lunes. Se cree que hay pruebas contundentes para que la causa sobre Rodríguez y la cúpula de la policía local que participaba del circuito.