En apenas diez días, Ariel Lijo deberá presentar su defensa ante la Comisión de Acuerdos del Senado para tratar de asegurar su lugar en la Corte Suprema. Sin embargo, el ambiente en la Cámara Alta está marcado por la incertidumbre y la confusión respecto al futuro de Lijo y de Manuel García Mansilla, el otro candidato propuesto por el Presidente Javier Milei. La situación es inusualmente turbia para los estándares de los últimos 40 años, con un Ejecutivo que parece poco comprometido en asegurar los votos necesarios y una vicepresidenta, Victoria Villarruel, que ha mostrado públicamente su descontento con uno de los candidatos.

Un senador de la oposición dialoguista admitió la incertidumbre que hay en torno al tema. Expresó su sorpresa por la falta de acción del Ejecutivo para conseguir los votos necesarios para la confirmación de los candidatos. Esta falta de compromiso genera una sensación de que las decisiones están siendo tomadas fuera del ámbito del Senado, en un contexto de incertidumbre generalizada.

Fuentes del Senado indican que la Casa Rosada ha decidido no negociar los pliegos de la Corte en un paquete más amplio que incluya la ampliación del tribunal y otros cargos judiciales que también requieren mayoría calificada. Este enfoque responde a la supuesta propuesta del juez Ricardo Lorenzetti, quien habría garantizado que conseguiría los votos necesarios para Lijo y García Mansilla, sin necesidad de hacer concesiones adicionales.

La situación se complica aún más a medida que se acercan las audiencias públicas, previstas para el 21 y el 28 de agosto, cuando Lijo y García Mansilla tendrán la oportunidad de presentarse formalmente ante los senadores. Un evento paralelo, organizado por el senador Francisco Paoltroni y moderado por María Eugenia Talerico, se llevará a cabo el 19 de agosto y servirá para que juristas expongan críticas contra la candidatura de Lijo, eludiendo así las restricciones del Senado sobre la participación externa en las audiencias.

Paoltroni, conocido por su postura en contra de Lijo, ha convertido el rechazo a la candidatura en una cruzada personal, en parte debido a la decisión del juez de remitir casos sensibles a la justicia provincial en Formosa. El senador ha solicitado al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Edgardo Kueider, que se discuta un proyecto de ley sobre el cupo femenino en la Corte, lo cual podría complicar aún más la confirmación de Lijo.

Mientras tanto, Kueider no ha respondido a la solicitud de Paoltroni, y su relación con el oficialismo es tensa debido a su postura y a las recientes controversias políticas. El bloque de Unión por la Patria, que cuenta con 33 senadores, se presenta como el principal campo de batalla para la aprobación de los candidatos, ya que el oficialismo necesita negociar con ellos para alcanzar los dos tercios necesarios en el Senado.

El rechazo a Lijo y García Mansilla también proviene de diversos sectores políticos, incluyendo al ex presidente Mauricio Macri, que ha expresado su desacuerdo con la nominación. La postura de Macri, junto con el rechazo de algunos senadores del PRO, radicales y libertarios, complica aún más el panorama para los candidatos. La falta de consenso dentro del bloque oficialista y entre los aliados del Gobierno añade otra capa de dificultad al proceso.

La clave para el Gobierno será encontrar el equilibrio en la negociación con los senadores de Unión por la Patria y otros aliados estratégicos. Aunque desde Casa Rosada se ha mostrado cierta confianza en conseguir los votos necesarios, la realidad es que el camino hacia la aprobación de los candidatos a la Corte está lleno de obstáculos y desafíos que requieren habilidades diplomáticas y políticas excepcionales.

La grieta interna en el oficialismo y las disputas entre los diversos actores políticos han puesto en riesgo las chances de que Ariel Lijo y Manuel García Mansilla sean confirmados como jueces de la Corte Suprema. Con la presión creciente y un escenario político fragmentado, el resultado de esta nominación aún está por definirse.