Las organizaciones gremiales comienzan a impulsar en los Tribunales demandas y recursos para plantar la inconstitucionalidad del impuesto a la cuarta categoría de Ganancias, cuya reinstalación fue sancionada por el Congreso y reglamentada ayer por un Decreto que lleva la firma del presidente Javier Milei. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional; la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) y la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) presentaron las primeras acciones contra este gravamen que deben pagar más de 800 mil trabajadores asalariados. A esa lista se sumaron también los bancarios: Sergio Palazzo anunció la presentación de un reclamo judicial en contra de la normativa.

“Dicha ley es inexistente porque solo tiene aprobación de una sola Cámara. Además de ilegítima e injusta también viola diversos principios y es una ilegal rebaja de salarios”, afirmó Palazzo, titular de la Asociación Bancaria, en su cuenta de X (antes Twitter)

X de Sergio Omar Palazzo

Los detalles de la presentaciones

El gremio representado por Julio Piumato inició una acción declarativa, planteando la inconstitucionalidad del artículo 81 de la Ley 27743 que reinstala este impuesto como parte del denominado paquete fiscal que contó con la aprobación del parlamento.

“En razón de que la reforma al Impuesto a las Ganancias, propiciada en dicho artículo, se causa un gravamen irreparable a los dependientes del Poder Judicial de la Nación al incluir en la base imponible deducible del impuesto a los suplementos, las compensaciones y bonificaciones”, se indica en la demanda presentada por este sindicato.

A criterio de la entidad gremial, la intención de la norma “es gravar cualquier tipo de concepto o beneficio no remuneratorio de forma ilegítima”. En la causa, dirigida contra el Poder Ejecutivo Nacional y la AFIP, ya se habilitó la feria y se encuentra próxima a inscribirse como proceso colectivo en el registro respectivo, según consignaron fuentes judiciales.

En tanto, la Asociación de Magistrados, con la firma de su titular, Andrés Basso, solicitó el dictado de una medida cautelar autónoma, a los fines de que “se suspenda cualquier tipo de aplicación de Ganancias, a cualquiera empleado, funcionario o magistrado de la Justicia Nacional o Federal”.

La acción, interpuesta contra el Estado Nacional, el Consejo de la Magistratura, la Procuración y la Defensoría General, tiene como finalidad que “se ordene a los organismos a que se abstengan de aplicar la Ley 27743 y resulta previa a la cuestión de fondo que se iniciará mediante una acción declarativa de inconstitucionalidad”.

En sus fundamentos, la entidad sostiene que la norma menoscaba derechos adquiridos por sus representados instaurados en el "Protocolo de Procedimiento para la Retención de Impuesto a las Ganancias sobre las Remuneraciones de los Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Nación nombrados a partir de 2017".

En particular, el escrito esgrime que la norma supone una ilegítima abrogación de derechos de carácter alimentario que fueron legítimamente adquiridos por aquel protocolo.

Por otra parte, también iniciaron reclamos judiciales contra dicho tributo la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Neuquén y la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires.

Gremios comienzan a impulsar en los tribunales demandas contra el regreso de Ganancias

El juez de feria en el fuero contencioso administrativo federal es Martín Cormick y los jueces suplentes son Pablo Cayssials y Cecilia Gilardi Madariaga de Negre.

Por su parte, AMRA se manifestó en “alerta” en función de la reinstalación de Ganancias, al considerar que puede generar “una crisis en el sistema sanitario” ante la dificultad que tendrán los empleadores a la hora de conseguir personal de reemplazo para realizar las guardias.

Ante esta situación, desde la organización gremial adelantaron la intención del gremio de presentar un amparo para impedir la aplicación de este gravamen.  

“Esta restitución de Ganancias afectará notablemente a los profesionales de la salud y generará aún más pluriempleo. Esto implica menos ingresos formales ‘en blanco’ y una tendencia creciente al trabajo informal, con todos los riesgos y desventajas en relación a los inexistentes derechos laborales que esto apareja”, apuntaron desde AMRA en un comunicado.

Ante el regreso de Ganancias, que había sido derogada el año pasado, la CGT no tiene la intención de impulsar una demanda en representación de todos los sindicatos que integran la central, como hizo contra los artículos laborales del DNU 70/2023 que están suspendidos por la Justicia del Trabajo.