¿Cuánto margen tiene la política fiscal?

Las limitaciones que tiene el ancla fiscal como medida antiinflacionaria son evidentes. La lógica de sesgo ortodoxo indicaría que, al preverse un sendero de equilibrio fiscal, no debería esperarse un incremento de la base monetaria como consecuencia del financiamiento del Banco Central al Tesoro. Eso impactaría de forma anticipada en las expectativas de inflación, moderando los incrementos hacia adelante. Sin embargo, la aceleración inflacionaria de los últimos meses se dio a la par de una mejoría en las cuentas fiscales notable. Una visión estructuralista debe incorporar necesariamente otros factores como los precios internacionales, estructuras de mercado y, sobre todo, el rol de la inercia inflacionaria.

Sin embargo, vamos a analizar más en detalle cuál es el margen que tiene la política de gasto distributiva en los términos del programa oficial. El presupuesto estimaba una déficit primario de $1.7 billones (4,5% del PBI) y un déficit financiero de $2.3 billones (6% del PBI). Es importante tener presente la diferencia entre los montos nominales y su relación respecto del PBI. En términos macroeconómicos, lo relevante es lo segundo. El objetivo es un determinado resultado fiscal en función del producto y no en montos nominales. En efecto, con los incrementos de precios que hemos visto recientemente, el mismo 4,5% del PBI como objetivo terminará resultando en un monto más cercano a los $2 billones. Dejemos de lado por un momento el efecto de la inflación y continuemos manejándonos en función de los montos totales.

Los datos oficiales muestran que, en los primeros cuatro meses del año, el déficit primario acumulado es de $80.594 millones y el déficit financiero alcanza los $241.439 millones, es decir, un 0,2% y un 0,6% del PBI respectivamente. Ya transcurrido un 25% del año, sólo se concretó un 4,7% del déficit primario y un 10,7% del déficit financiero previsto para todo el año. El sobrecumplimiento es todavía mayor si se considera el efecto de la inflación mencionado recién. Es decir, el margen es holgado y más aún considerando las mejoras por el lado de la recaudación que todavía no se reflejaron en los resultados fiscales. Al compararlo con los años anteriores se ve que a esta altura del año, los números del déficit en relación al PBI son mejores que los de 2016, 2017 y 2018.

El impacto de los precios internacionales de las materias primas en la recaudación deja un saldo adicional respecto de lo presupuestado de $150 mil millones - es una estimación cautelosa contemplado la caída observada desde mediados de mayo - y otros $230 mil millones producto del aporte extraordinario a las grandes fortunas que podría alcanzar los $300 mil millones si se fiscaliza exitosamente a quienes pretendieron evitar su pago por la vía judicial. En definitiva, el aporte a las grandes fortunas y el boom de commodities aporta a las arcas fiscales recursos extra por 0,7% del PBI.

El fenómeno que explica el sobrecumplimiento de las metas es, sobre todo, una mejora en los ingresos fiscales por encima de lo presupuestado. Nuevamente, transcurrido el 25% del año, ya se efectuó el 31% del gasto primario pero la diferencia radica en que ya se recaudó el 38% de los ingresos estimados. La dinámica del gasto la explica en gran parte los aumentos jubilatorios superiores a lo proyectado con una pauta inflacionaria por encima de la esperada. Dado este escenario, entendemos que hay margen para una política fiscal más expansiva con el eje en fortalecer las capacidades productivas de los sectores postergados y resolviendo las demandas sociales urgentes, generando la infraestructura social para la recuperación económica.

Por último, pero no menos importante, es el mandato que la propia base social le impone a la gestión actual. Desatender la cuestión social y distributiva con el espacio fiscal que describimos sería un caro error, más aún en un año electoral. El superávit fiscal puede no ser de derecha, pero la población ya ha resignado por demás: salarios públicos muy por detrás del sector privado, recursos destinados a intereses de deuda y postergación de las demandas sociales. En este contexto, garantizar el equilibrio fiscal que pide el establishment financiero no se va a traducir en un mayor margen de maniobra y tampoco va a resolver la inercia inflacionaria. Simplemente va a debilitar la reactivación económica, junto al apoyo social y político del oficialismo. En cambio, la combinación de las políticas distributivas con un plan de vacunación que avanza dejaría una oposición sin capacidad de articular una propuesta económica superadora después del desastre generado y chocando con la silenciosa tranquilidad que lleva cada vacuna aplicada.