Secretos de la Casa Rosada: estudian otorgar un IFE a unas 4 millones de personas

A medida que avanza el calendario y se aproximan las elecciones, el ala política del Gobierno aumenta su presión sobre el área económica con el propósito de lograr un mayor alivio para los sectores más desprotegidos. En tal sentido, busca implementar un nuevo ingreso familiar (IFE) de emergencia para unos 4 millones de personas, que recibirían una cifra inferior a los 10.000 pesos por mes, un mayor gasto que, por ahora, es resistido por el titular del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán, según comentaron fuentes de la Casa Rosada a Data Clave.

La dirigencia política de las últimas décadas comparte un triste fracaso: en los últimos 50 años la pobreza se multiplicó por diez. En este marco se comprende que cuando se acercan las elecciones, el asistencialismo pasa a ser una prioridad.

“La grieta profunda es la que divide a las dos Argentinas: una que lucha por sobrevivir y la otra sumida en la pobreza”, reflexionaba un joven dirigente político con ganas de quebrar un axioma de la política. “No hay grieta entre los kirchneristas y macristas cuando se trata de analizar qué hacen y qué hicieron con los planes asistenciales, ambos los mantuvieron”. Porque, más de allá de las diferencias en el discurso, cuando se trata de hacer política, no parecen muy diferentes, agrega.

Es que remplazar planes asistenciales por trabajo requiere una manera diferente de ver la política y por ende tomar decisiones antipáticas tales como reforma laboral (lo que implica pelearse con los gremios), cambios en el sistema de cobertura (¿cómo seguir financiando a familias con numerosos hijos?), buscar realmente atacar la inflación (lo que necesariamente implica reducir el aparato estatal y de la política) por citar solo algunos ejemplos, de medidas que hoy ni siquiera mencionan los grandes partidos.

Los planes asistenciales se multiplicaron durante la gestión presidencial de Cristina Fernández y siguieron aumentando durante la administración de Mauricio Macri. Más aún, el gobierno de Juntos por el Cambio no sólo incrementó los subsidios, sino que también cedió el control de las asistencias a los movimientos sociales, consolidando las ayudas.  

El problema es grave, tanto desde el punto de vista individual como colectivo. Para quien recibe el plan supone una dependencia del Estado y la pérdida de la cultura del trabajo. Desde el punto de vista de la sociedad, supone comprometer las posibilidades de crecimiento.

En la actualidad, cerca del 60% del presupuesto se encuentra comprometido en el gasto social y la situación tiende a agravarse por el crecimiento en ambos extremos de la población: el aumento de la expectativa de vida hace que el problema jubilatorio sea cada vez más agudo, al tiempo que el crecimiento poblacional acentúa la asistencia la niñez, generando un problema estructural en las cuentas públicas.

En su momento, cuando fue gobierno, el macrismo no tuvo la capacidad de entender las necesidades de los sectores marginales, señala un analista político. Así, tuvo una aproximación a estos sectores con “una visión de clase media” y se dedicó a crear, por ejemplo, centros culturales, cuando lo que querían estos sectores era, a lo mejor, una cancha de fútbol, refiere este analista.

“Es importante entender que los valores de los sectores más desprotegidos pasan por el logro de una satisfacción inmediata, como comer un asado los domingos”, sostiene. Desde la misma perspectiva, afirma “la gente humilde no pide la construcción de cloacas y es entendible porque después de tantos años de frustración, ya no piden obras que demanden tiempo, sino respuestas inmediatas como conseguir chapas o pintura”.

Algunas cifras para tener la dimensión del drama social: en la provincia de Buenos Aires existe unos 1.800 barrios populares (lo que antes se conocía como villas de emergencia), de las cuales 1.400 se ubican en el Gran Buenos Aires. El mayor asentamiento se localiza en la localidad de Quilmes, con unos 60.000 habitantes.

El gobierno bonaerense otorga 1,5 millón de Asignaciones Universales por Hijo y las mediciones que se realizan desde La Plata ya detectaron que al menos existen 300.000 niños más que deberían recibir la ayuda. La provincia además brinda más de 2 millones de desayunos y almuerzos diarios para chicos de hasta 18 años. Además, provee alimentos para comedores y ollas populares a los que asisten un millón y medio de personas.

Esta semana se anunció que la ANSES va a reconocer 3 años de aporte por hijo a más de 300 mil mujeres de entre 59 y 64 años que están en edad de jubilarse, pero no pueden hacerlo por carecer del requisito de 30 años de servicios requeridos entre sus aportes. Esta decisión beneficia mayoritariamente a sectores más humildes, comentan con satisfacción en la provincia de Buenos Aires.

En los partidos más afectados por la pobreza como, por ejemplo,  La Matanza, donde la pobreza llega al 50%, la mitad de los chicos no termina el colegio primario, según mediciones de la provincia, en tanto que el 80% no logra terminar el secundario.

El asadito

El kirchnerismo, y particularmente la organización La Campora, si bien están conformados por militantes que en buena medida provienen de la clase media, tienen una mayor comprensión de los problemas, señalan analistas políticos, toda vez que destacan la importancia del “trabajo en el territorio”.

Por esta razón pelean por que la gente pueda comer carne, siguiendo lo que siempre sostuvo Néstor Kirchner en el sentido que “a la gente no le puede faltar el asado del domingo”.

Este ingrediente político es importante para entender el enfrentamiento que el Gobierno tiene con el sector rural por la suba en los precios de las carnes rojas.

El viernes pasado los dirigentes de la Mesa de Enlace -los representantes de la producción- decidieron extender el cese de comercialización de hacienda hasta el miércoles que viene, en rechazo al cierre de las exportaciones de carne vacuna.

En los últimos días se especuló con la posibilidad de un acuerdo con el sector frigorífico que permitiera el abastecimiento en el mercado de interno de carnes a precios y permitiera levantar el cierre de las exportaciones. Hasta el cierre de esta columna no se habían logrado avances y desde el sector matarife se advierte sobre la posibilidad de que comience a haber desabastecimiento.

Se trata de dos contendientes de peso. El sector rural tiene una historia de enfrentamiento cuya épica se remonta a la derogación de la Resolución 125 (derechos de exportación sobre la soja). Y por la misma razón, desde los sectores más duros del kirchnerismo se mantienen cuentas pendientes con el campo.

“Estamos confiados en que podemos ganar las elecciones, pero no tranquilos” sostuvo un importante representante del Gobierno a Data Clave. Al respecto, consideró que el oficialismo cuenta “con un núcleo duro de votantes no inferior al 35%, pero tenemos que ampliar esa base defendiendo el poder adquisitivo”.

Miradas distintas

En este contexto se inscribe la pelea con el ministro de Economía. Desde el kirchnerismo, y particularmente desde el sector más vinculado a Axel Kicillof -el principal referente económico de la vicepresidente Cristina Fernández- se critica que “sotto voce” Guzmán está llevando adelante un “ajuste” de la economía con el propósito excluyente de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Razón no les falta ya que en el primer cuatrimestre del año las cuentas públicas presentaron una reducción del desequilibrio al punto que venían permitiendo proyectar un déficit algo superior al 3% del PBI, un desbalance suficientemente bajo como para avanzar con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Sin embargo, desde el oficialismo se encargaron en los últimos días de dinamitar esta posibilidad. El martes pasado un grupo de políticos, sindicalistas, empresarios, actores y periodistas identificados con el kirchnerismo duro difundió la “Proclama del 25 de mayo”, con la que le sugieren al presidente Alberto Fernández cómo debe negociar la deuda con el Fondo.

El texto fue impulsado por el ex integrante de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni y por la diputada nacional y economista Fernanda Vallejos, ambos muy cercanos a la vicepresidenta de la Nación. El documento propone, entre otras iniciativas, “impulsar la suspensión de los pagos por capital e intereses con el FMI y el Club de París, mientras se extienda la emergencia sanitaria”, reprogramar vencimientos, reducir tasas y destinar la ampliación de los Derechos Especiales de Giro a engrosar las reservas.  

El segundo distanciamiento a un posible acuerdo con el Fondo provino de la decisión de la Argentina de votar a favor de crear una comisión en Naciones Unidas para investigar las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por Israel en su enfrentamiento con la organización Hamas.

Se trata de una iniciativa que es rechazada por Estados Unidos y Alemania, dos de los socios principales del FMI. No obstante, Argentina votó a favor de Hamas junto a Rusia, China, Venezuela, Cuba y México.

Este lunes vencen los 2.400 millones de dólares que el país debe al Club de París. Todo indica que, en estas condiciones, Argentina no efectuará el pago y continuará buscando algún tipo de declaración formal del Fondo Monetario Internacional, en cuanto a que el país llegará a un acuerdo con este organismo, para justificar una prórroga en el pago por parte del Club de París.

“Al final Guzmán no logró el acuerdo con el FMI y no logra cumplir con la meta de inflación que él mismo estimó (29%)”, reprochan por lo bajo los sectores del oficialismo que lamentan enfrentar un año electoral con la economía en contra.

La inflación que no cede

Los problemas de Guzmán no se limitan al frente externo. Desde el ala política del Gobierno se le critica no haber logrado una reducción de la inflación, particularmente de los alimentos, el rubro que más pega en el bolsillo de los menos pudientes que, además, son la principal base de sustento electoral del oficialismo.

Existen distintas estimaciones, pero consultoras privadas calculan que los alimentos en mayo pegaron un nuevo salto, con subas que van del 2,9% (LCG) a 4,7 (Eco Go).

Puesto a elegir entre el programa de “consolidación fiscal” que propone el ministro Guzmán y la demanda del sector político que requiere más recursos para llegar en buenas condiciones a las elecciones, en la Casa Rosada no dudan el camino que tomará Alberto Fernández.

Es por esta razón, que se sostiene, que la posición política del ministro se verá más debilitada y, por lo tanto, tendrá menor margen para contener la expansión del gasto.

A ello debe agregarse un dato, que no es menor, en el sentido que sectores del oficialismo observan que Cristina “está cada vez más activa”, involucrándose en la gestión y demandando soluciones.

En lo inmediato, y como ya se señaló, sectores políticos del Gobierno están conversando con el ministerio de Economía con el propósito de restablecer un Ingreso Familiar de Emergencia más acotado que el año pasado. Se trataría de llegar a unos 4 millones de personas con una suma inferior a los 10.000 pesos.

Otra novedad importante es que en el Gobierno mantienen conversaciones con sectores empresarios que han hecho llegar la iniciativa de mantener los planes asistenciales a quienes consigan trabajo en el sector formal.

Cabe recordar que esta semana, Daniel Funes de Rioja, el próximo presidente de la Unión Industrial Argentina, advirtió que “nos encontramos en las fábricas con gente que quiere trabajar, pero en negro, no formal, para no perder el subsidio”.

Los organismos del Gobierno encargados de esta problemática coinciden con la existencia de este problema y otros derivados de la asistencia, como “los conflictos que se generan en el territorio entre los vecinos que viven de su trabajo y los que se sustentan con planes”.

Cualquier político sabe que la economía complica un buen resultado electoral y a esta altura saben que esta situación les conspira en contra. Por eso, se estima que el eje por el momento estará puesto en compensar con ayuda estatal los efectos negativos de convivir con alta inflación y una economía que no crece.