El Gobierno decidió cerrar las exportaciones de carne durante 30 días para intentar frenar la suba de precios, disminuir la evasión fiscal y controlar la inflación. Si bien había trascendidos sobre esta amenaza, sorprende porque Argentina exporta solamente un 20% de su producción y a modo de contingencia, había implementado una iniciativa para la venta de once cortes de carne al mercado interno a precios accesibles.

Obviamente la medida produjo un enorme rechazo en el campo y en la sociedad, que recuerda la triste experiencia del 2006 donde el gobierno de Néstor Kirchner hizo lo mismo con pésimos resultados, pues no solo no detuvo la inflación, sino que el precio de la carne al consumidor aumentó notoriamente por la inevitable restricción de la oferta. Lo más grave fue que esa decisión de emergencia por 6 meses, salida de escritorios de funcionarios que no entienden o no conocen la actividad económica productiva, luego se prolongó por 10 años.

Conocemos el resultado de estas acciones irreflexivas ya que en 2006 el consumo de carne per cápita bajó de 62 a 55 kilos en cinco años. Pero además, desaparecieron más de cien frigoríficos perdiéndose casi 12 mil puestos de trabajo, a la par que muchos ganaderos pequeños y medianos, abandonaron la producción y alquilaron sus campos, totalizando una caída del stock de hacienda de entre 12 y 14 millones de cabezas de 2006 a 2011. En términos de faena, se pasó de más de 3 millones de toneladas res con hueso a 2.5 y el nivel de exportaciones cayó más del 60%, perdiendo presencia en el ranking internacional de exportadores de carne para dejar el lugar a los competidores. En 2005 exportábamos más de 700 mil toneladas y luego, con intervenciones y registros, apenas superábamos las 200 mil en 2015. Pero por supuesto, el precio de la carne no bajó y siguió subiendo.

Lo paradójico es que el gobierno se muestra altamente preocupado por el aumento de los precios en el mostrador, siendo fundamental comprender la notable incidencia de los impuestos en su composición. Aprovechando los datos publicados por FADA podemos ver que hay un 75% de impuestos nacionales (IG, IVA y Créditos-Débitos), un 20% provinciales (Inmob. Rural e IB) y un 5% municipales (impuesto a la industria y comercio y tasa vial) siendo los de mayor impacto IG e IVA. Esto muestra que el Estado es el mayor beneficiario en la cadena de la carne a través de la abusiva carga impositiva, llevándose un 30% del valor de cada kilo de asado.

Por lo tanto si la preocupación es genuina, tiene muchas herramientas para intervenir en defensa del consumidor pero para ello, obviamente, tiene que trabajar sobre uno de los pilares de la recuperación pospandémica que es la reforma tributaria, situación que parece no ser de interés real para el arco político.

Lo más grave de todo esto es que nos confirma una visión política gubernamental de fuerte intervención en los mercados que ya se había mostrado anteriormente con las limitaciones a los pesos de faena, las cuotas, los ROE, las retenciones, el fallido intento de frenar las ventas de maíz al exterior y los anuncios de este tenor para granos y lácteos.

Analizando las posibles consecuencias de esta nueva-vieja intervención, el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina, que tuve el desafío de gerenciar durante su creación y puesta en marcha, informó que las exportaciones de carne en el período febrero 2020 a febrero 2021, alcanzaron los u$s 2700 millones, mientras que las cámaras de la industria frigorífica pronosticaban para este año exportaciones de carne vacuna por casi u$s3000 millones. Por lo tanto y aún asumiendo que el gobierno respete los 30 días anunciados, se perderán unos u$s 250 millones, cosa inexplicable para un país necesitado de dólares para reactivar la economía y vacunar.

Sin restricciones y trabas, y pese a las crisis económicas, la producción y la exportación avanzan sostenidamente pero como todas las inversiones necesitan reglas claras y previsibilidad. Así volvimos a exportar por más de 900 mil toneladas por unos 2500 millones de dólares, siendo China el principal mercado con cortes mayoritariamente que nosotros no consumimos, luego siguen Israel y Chile.

En consecuencia, de mantenerse, la medida implica un freno para toda la cadena ganadera y un desincentivo muy fuerte para los productores e inversores interesados en el negocio, cuyas consecuencias sufrirá el país y que tardaremos de 5 a 10 años en revertir.

Pero además, causará un daño innecesario en lo social porque se verá afectado un sector generador de empleo en todo el territorio nacional. Basta pensar en el trabajo de peones, obreros, fábricas, fletes y camioneros, artesanos como alambradores y molineros, y todos los profesionales relacionados con la actividad, además de proveedores locales que hacen al movimiento económico de las ciudades chicas del interior.

Pero siguen las malas noticias porque también, y una vez más, se destruirá nuestra imagen como proveedores de carne al mundo y la confianza comercial, puesto que los compradores seguirán operando y no van a esperar a que Argentina decida actuar con responsabilidad y criterio técnico. Por lo tanto buscarán nueva oferta o aumentarán sus compras con sus oferentes actuales, lo cual es “música para los oídos” de países vecinos como Uruguay y Paraguay.

Resumiendo, todo el daño para nada pues solamente y de máxima, se puede aspirar a una corta contención forzada de precios que estallará como una olla a presión. No hay duda que en el mediano plazo la oferta de carne va a disminuir incluyendo a los feedloteros que son los de mayor volumen en el mercado, y entonces subirán los precios, cosa que naturalmente ocurre por las leyes de oferta y demanda.

Los mercados intervenidos producen señales negativas ya que ofrecen mayor riesgo, pérdida de transparencia y menores retornos para productores, compradores e inversores, ya que pierden valor y transfieren recursos al Estado y a los intermediarios.

Así, quienes piensan en inversiones se ven desalentados y las iniciativas se reducen y ralentizan, entrando nuevamente en un ciclo destructivo de valor que por involucrar lo biológico, tarda varios años en recuperar capacidad productiva aunque en el futuro se adopten medidas coherentes y resarcitorias, pues el mercado queda afectado gravemente.

Finalmente, Argentina necesita inversiones y una economía ordenada para crecer y desarrollarse, especialmente en un contexto trágico como el actual, pero esto es inviable si nos alejamos del mundo y afectamos nuestra fuente de dólares que son las exportaciones.

Estamos a tiempo de reflexionar y no actuar como seres “irracionales” que vuelven a chocar con la misma piedra como si tuviéramos un espíritu de fracaso paradigmático; para progresar, alcanza con mirar para atrás y aprender de las malas experiencias.