El plan económico de Javier Milei está centrado en la prudencia fiscal como principal ancla anti inflacionaria. El beneplácito de los inversores ante cada dato favorable sobre la evolución de las cuentas públicas mantiene viva la ilusión de un recorte significativo del riesgo país, que habilite un reingreso rápido a los mercados voluntarios de crédito. 

La consolidación fiscal en marcha se basa en la conjunción del “Plan Motosierra y Licuadora” junto con el pedaleo de algunos pagos corrientes y la proliferación de artificios contables para mejorar la foto fiscal. Aún así, la vocación del Gobierno por recuperar los equilibrios macroeconómicos básicos hoy permite ordenar un sendero de expectativas de inflación a la baja. Si se elimina la necesidad de financiamiento del Tesoro y se esterilizan los pasivos remunerados del Banco Central, se van a apagar definitivamente las fuentes de presión inflacionaria. 

En el mientras tanto, el Ministerio de Economía hace el trabajo sucio en cada mes. Marzo mostró una nueva reducción agresiva del gasto público, que acumula una caída del gasto total de la administración central del 31,5% comparando el primer cuatrimestre 2024 contra igual período del 2023. Entre las partidas que más se ajustaron están las vinculadas a la obra pública (-84,5%) y las transferencias corrientes a Provincias (-75,6%). Entre los segmentos con menor recorte se encuentran las prestaciones sociales (-24% interanual real) y gastos de funcionamiento, vinculados a los salarios de los estatales (-20,9%). En cualquier caso, todas las partidas muestran desplomes de proporciones. Milei no exagera cuando lo describe como “el mayor ajuste de la historia”. 

El Presidente declaró en su discurso oficial de inicio de las sesiones ordinarias que tenía el objetivo de reducir el peso del gasto público consolidado del Estado argentino a solo 25% del PBI. Bajo su criterio, sería un parámetro aceptable en relación a la capacidad de cobertura por medio de recursos genuinos y sin abrumar al sector privado con una presión impositiva excesiva. Las medidas de austeridad de sus primeros meses de gestión van en igual sentido, ya que las aplicaciones de fondos del primer cuatrimestre del año verificaron un recorte de 1,5 puntos del PBI en relación al cierre del 2023. Haciendo doble click sobre el programa de ajuste de Caputo, se encuentra un recorte del 33,4% del gasto total en jubilaciones y pensiones. Se explica por el funcionamiento imperfecto de la fórmula de movilidad de los haberes en contextos de aceleración de los precios. 

Otro rubro que el Gobierno Nacional achicó a su mínima expresión es el gasto de capital, donde se verifican recortes de hasta el 100%, esto es, partidas que no tuvieron ni un centavo de ejecución en el primer cuatrimestre del año. La estrategia política de ataque directo a la opacidad de la obra pública contribuyó a que Milei pudiera implementar estos recortes sin tensiones con los representantes de las Provincias. Distintas son las circunstancias en la educación superior, donde el Gobierno Nacional parece haber sentido el golpe por la masiva marcha educativa y aceptó adecuar el presupuesto para la UBA, que representa alrededor de 30% del total.  Con todo, el gasto devengado para el sistema universitario registra una retracción del 25,6% contra la inflación en el primer cuatrimestre de este 2024.

La consistencia fiscal 

La salida del laberinto podría ser el fortalecimiento de los ingresos genuinos del Estado, pero también genera controversias. Ocurre que el cuarto punto del (postergado) Pacto de Mayo exige una reforma tributaria “que reduzca la presión impositiva”. Se sabe que la menor carga tributaria forma parte del eje del pensamiento libertario, pero esto contrasta con los datos del inicio de su gestión. 

Desde diciembre está efectivo el aumento de alícuotas del impuesto PAIS, mientras que Caputo está cerca de reinstaurar el impuesto ganancias e intentó aumentar las retenciones. La evolución de la presión fiscal en los últimos años muestra una trayectoria serpenteante. Medida como proporción del PBI escaló a casi 28% a fines del 2023 y este año probablemente vuelva aumentar. La razón es la necesidad de solventar un Estado más grande, con escasas fuentes de financiamiento de mercado.

El planteo teórico de Milei viene con un combo envenado para los gobernadores, ya que propone rediscutir el actual esquema de coparticipación. En tanto juego de suma cero, nunca es sencillo aunar voluntades con intereses contrapuestos para resolver el dilema de la distribución federal de ingresos. Un abordaje más armonioso exigiría construir denominadores comunes a partir de una simplificación tributaria, junto a la mejora de los mecanismos de recaudación y transferencia optimizando el convenio multilateral. Son temas de trazo fino, pero ayudarían a alinear los incentivos de los distritos en materia de recaudación, reducir distorsiones y minimizar las injusticias en la distribución de los recursos.

Los resultados concretos para el sector público nacional en el primer cuatrimestre del año fueron asombrosos: $4,1 billones de superávit antes del pago de los intereses, equivalente a 0,7% del PBI y $2,6 billones de superávit financiero superior a 0,2% del PBI. Ni propios ni ajenos esperaban un compromiso tan férreo por poner en caja las cuentas públicas, pero Milei parece realmente convencido de la importancia del ancla fiscal para alinear las expectativas de inflación. 

Aún así, los interrogantes sobre la consistencia del diseño macroeconómico siguen proliferando. En primer lugar, hay dudas sobre la continuidad del “Plan Licuadora” una vez que se profundice el recorte del IPC. Hasta hoy la inflación era aliada del Gobierno para hacer el ajuste, pero esta dinámica empieza a apagarse por efecto de la mega recesión productiva. 

Un segundo factor importante es la viabilidad de sostener el componente “Motosierra” a la misma velocidad que en estos primeros meses. La etapa dulce de un gobierno entrante puede ser efímera si no va a acompañada de una mejora en las condiciones materiales. Asimismo, cuando se agotan las partidas más fáciles para recortar, el trabajo se vuelve artesanal, requiriendo más del bisturí que de la motosierra. 

Por último, el uso de artificios contables como la postergación de pagos o emitir bonos para gastos corrientes, se vuelve restrictivo con el paso de los meses. Existiendo objeciones técnicas del FMI, el abuso de estas estrategias genera ruido en el mercado y puede resultar contraproducente. Con todo, la siguiente fase del ajuste requerirá mayor diálogo político. El tratamiento final de la Ley Bases en el Senado mostrará la pericia de Milei para conseguir tiempo y gobernabilidad.