Trabajadores del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) se concentraron esta mañana frente a la sede del organismo y luego marcharon hacia el Ministerio de Justicia, luego de conocer que más de 120 empleados fueron despedidos por medio de un mail.

Los cesanteados fueron notificados a través del GDE (el sistema de Gestión y Documentación Electrónica del Estado) que la conducción del Inadi había resuelto “no prorrogar su designación transitoria”.

Al llegar esta mañana a la sede del organismo, ubicada en Avenida de Mayo 1401 de la Ciudad de Buenos Aires, los trabajadores se encontraron con efectivos policiales en la puerta que con una lista en la mano decidían quién podría ingresar y quién no. Una escena que desde hace meses se reitera en los organismos públicos cuando se producen despidos.

“Hay compañeros despedidos que tenían 15 y hasta 17 años de antigüedad y muchos son de delegaciones del interior que ahora van a tener que cerrar porque se quedaron sin personal. Lo mismo pasa con algunos programas”, señaló a Data Clave Alan, un varón trans que había ingresado al Indai mediante el cupo y que también resultó despedido.          

Y en ese sentido, agregó: “Al llegar nos encontramos con todo el edificio militarizado y los policías nos dejaban entrar soló para retirar nuestras pertenecías. Nos acompañaban y después nos hacían salir. Echaron gente que trabajaba en programas de diversidad sexual, migrantes y trans”.

Trabajadores del Inadi indicaron además que la actual interventora, María Ángeles Quiroga, no recibe a los sindicatos desde febrero. Con estos despidos quedan sólo 80 empleados, según indicaron trabajadores de la entidad a Data Clave. En la tanda anterior de desvinculaciones que se llevó a cabo en febrero, 50 personas perdieron sus puestos laborales y no se produjeron reincorporaciones.

Entre los despidos que se produjeron ayer “hay también personas que tienen VIH, enfermedades crónicas, personas con discapacidad y travestis y trans que ingresaron a trabajar al Estado mediante el cupo habilitado por la Ley Lohana Berkins Sacayán”.   

“No hay criterio alguno. Es el desguace total del organismo. Quedan en el Inadi algunos abogados tramitando expedientes, algunas personas en administración y en RRHH y nada más”, contó un trabajador.

Con esta decisión, se clausuraron “absolutamente todos los programas y los proyectos por temática y problemática antidiscriminatoria”.

Entre ellos, los programas de Género y Diversidad Sexual;  Afrodescendientes; Racismo; Migrantes y Refugiados; Interculturalidad, Diversidad Religiosa; Antisemitismo; y de Adultos Mayores, entre otros.

También se cerró el programa de Educación Sexual Integral (ESI), que llegó a ser pionero en su tipo porque formaba docentes en todo el país.

En el Inadi se cerraron adempas los observatorios de “Deportes sin discriminación” y las áreas de investigación que producían material en conjunto con universidades de todo el país, según explicaron los trabajadores.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) apuntó contra el Gobierno y afirmó que la gestión actual “avanza con desguace del Estado”. “Ahora despiden otros 120 compañeros en el INADI, llevando el número de cesantías a casi la mitad de sus trabajadores. No podemos permitir que sigan desmantelando las políticas públicas”, publicaron desde el gremio en la cuenta oficial de la red social X.