En un fallo que pone en el centro del debate una cuestión que afecta a miles de personas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación instó al Congreso a legislar sobre la criopreservación de embriones. El pronunciamiento surge en el marco de un caso presentado por una pareja que solicitó la interrupción de la conservación de tres embriones obtenidos mediante técnicas de reproducción asistida.

La pareja, que había recurrido a la criopreservación como parte de un tratamiento de fertilización, enfrentó una situación compleja cuando, tras su separación, decidió no continuar con el proceso ni tener más hijos juntos. Sin embargo, la clínica en la que se encontraban conservados los embriones les informó que no podían descartarlos sin una autorización judicial, debido a la ausencia de legislación que regule este tipo de situaciones.

El caso, que se originó en 2021, pasó por varias instancias judiciales. En primera instancia, la solicitud de la pareja fue rechazada, lo que llevó a una apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Esta última revocó la decisión inicial, señalando que, dado que ambas partes estaban de acuerdo en finalizar el contrato con la clínica, no era necesaria una autorización judicial para disponer de los embriones.

No obstante, el Fiscal General y la Defensora Pública de Menores e Incapaces presentaron recursos extraordinarios, argumentando la necesidad de proteger los intereses generales de la sociedad y de los embriones no implantados. Finalmente, la Corte Suprema desestimó estos recursos, concluyendo que el proceso judicial estaba terminado al no existir una controversia que habilitara su intervención.

En su sentencia, la Corte destacó la “trascendencia de la problemática de fondo” y la incertidumbre que genera la falta de regulación en torno a la criopreservación de embriones. Por este motivo, exhortó al Congreso de la Nación a considerar la necesidad de legislar sobre el tema, una cuestión que ha sido objeto de varios proyectos legislativos que, hasta la fecha, no han prosperado.

La ausencia de un marco normativo claro sobre el destino de los embriones criopreservados plantea múltiples desafíos. Por un lado, las parejas que se someten a tratamientos de fertilización asistida y deciden no utilizar todos los embriones generados enfrentan una situación de incertidumbre legal y emocional. Por otro lado, las clínicas y centros especializados que conservan estos embriones se encuentran en una posición difícil, dado que no existe una regulación específica que indique cómo proceder en estos casos.

En Argentina, las técnicas de reproducción asistida han permitido a miles de parejas cumplir su sueño de ser padres, pero también han generado un nuevo conjunto de desafíos éticos y legales. La criopreservación de embriones, una práctica común en estos procedimientos, ha dado lugar a una acumulación de embriones no implantados cuya situación legal es, cuanto menos, incierta.

A nivel global, la regulación sobre el destino de los embriones criopreservados varía significativamente. En algunos países, se permite la donación de embriones para la investigación científica o para otras parejas que buscan tener hijos, mientras que en otros se autoriza su descarte tras un período determinado. En Argentina, sin embargo, la falta de legislación específica ha dejado un vacío que el reciente fallo de la Corte busca llenar indirectamente al presionar al Congreso para que tome cartas en el asunto.

La exhortación de la Corte al Congreso subraya la necesidad urgente de abordar esta problemática desde una perspectiva legal que contemple tanto los derechos de las personas involucradas como las implicancias éticas y sociales. La regulación sobre la criopreservación de embriones no solo contribuiría a resolver casos individuales como el presentado ante la Corte, sino que también proporcionaría un marco de certidumbre para todas las partes involucradas en los procedimientos de reproducción asistida.

El fallo de la Corte Suprema marca un punto clave en la discusión sobre la criopreservación de embriones en Argentina, al pedirle al Congreso a establecer un marco legal claro. Este llamado refleja la necesidad de regular un tema que afecta a muchas familias y que hasta ahora ha permanecido en un limbo legal, dejando a las partes involucradas sin una guía precisa sobre cómo proceder en estos casos. La respuesta del Congreso será fundamental para definir el futuro de la criopreservación en el país y garantizar la seguridad jurídica en los procedimientos de reproducción asistida.