Después de la polémica por el aumento de las dietas de los senadores, que finalmente acordaron darlo de baja en conjunto todos los jefes de los bloques, la vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, convocó a una sesión especial para el jueves 22 de agosto a las 10 am. A través de su cuenta de X, Villarruel su intención es que se corten las “sobreactuaciones” y que cada legislador pueda expresar su postura.

En el temario, se incluyeron dos expedientes: por un lado, el que trata el proyecto de resolución que deja sin efecto el aumento en las dietas de los senadores nacionales; y por otro, una iniciativa del presidente del bloque Frente Nacional y Popular, José Mayans, que dispone un tope máximo a la percepción de haberes de las autoridades superiores de los tres poderes del Estado, por lo que incluiría al Ejecutivo y Judicial. 

Además de los haberes de las autoridades superiores de los tres poderes, la iniciativa del formoseño afecta a órganos extrapoderes, organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional y empresas y sociedades del Estado. “Límite a la remuneración de las máximas autoridades. Fíjese que las remuneraciones mensuales del Presidente, del vicepresidente, de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, de los senadores, de los diputados, del procurador general, del defensor general, de los consejeros de la Magistratura, de auditores generales, del defensor del Pueblo de la Nación y del personal del Servicio Exterior de la Nación no pueden superar a los veinte (20) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, por todo concepto”, detalla el proyecto que será debatido el próximo jueves en el recinto. 

Con el proyecto que impulsa Mayans, a números de hoy, los senadores tendrían un sueldo de $4,6 millones aproximadamente. Asimismo, hay otro proyecto de La Libertad Avanza y el PRO que busca retrotraer las dietas a abril, aunque es menos probable que sea tratado. 

El kirchnerismo vuelve a su primer gran enemigo: le apunta a jueces y condiciona el pliego de Lijo

De esta forma, el kirchnerismo apunta nuevamente contra la justicia, a solo unas horas de que el juez Ariel Lijo se presente en la Cámara de Senadores para defender su postulación como miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En medio de los cruces en La Libertad Avanza por el lugar vacante que hay en el máximo tribunal, donde el senador formoseño Francisco Paoltroni marcó un claro rechazo a la postulación de Lijo, ahora la mirada está puesta en la postura que adoptarán los bloques kirchneristas sobre este tema. 

En diálogo con La Nación, el senador Mayans afirmó que su bancada no firmará el dictamen de Lijo. “A nosotros no nos habló nadie y, en principio, no tenemos ninguna obligación. El que tiene la obligación de juntar las firmas es el Ejecutivo. Para mí el tema de la Corte requiere de un acuerdo político”, detalló el formoseño. 

La Comisión de Acuerdos tiene 17 miembros, de los cuales 7 son del kirchnerismo, por lo cual su rechazo no le cerraría la puerta a la posibilidad de que se debate el tema en el recinto. El problema que se le presenta al Gobierno es que la senadora del PRO, Carolina Losada, adelantó que va a votar en contra. El mismo camino seguiría el senador radical por Tierra del Fuego, Pablo Daniel Blanco. De cumplirse con esto, el oficialismo no alcanzaría con los 9 votos necesarios para reunir el dictamen de mayoría. 

Fuentes del Senado consultadas por Data Clave creen que no están los votos para avanzar con el pliego de Lijo y que no se pasaría a la firma del dictamen. Desde Unión por la Patria se mantienen en línea con las declaraciones de Mayans y solicitan además un acuerdo político para la ampliación de la Corte y que ingresen mujeres como juezas del máximo tribunal para acompañar el pliego.