El 8 de julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó al Gobierno Nacional, la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires el saneamiento y a restablecer el daño ambiental producido en la Cuenca Matanza-Riachuelo. A 16 años del histórico fallo que reconoció la protección de los derechos fundamentales, no se cumplieron los principales objetivos.

Desde el Ministerio Público de Defensa de la Ciudad de Buenos Aires señalan que la última audiencia pública se llevó a cabo en 2018, sin la participación de vecinos. Luego de 4 años sin audiencia ni seguimiento, el máximo tribunal solicitó informes a jueces delegados, a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y el cuerpo colegiado, pero nuevamente, la voz de las personas afectadas quedó afuera. A su vez, criticaron la decisión del Gobierno Nacional de paralizar la obra pública y desfinanciar entes como ACUMAR y AySA, lo que, según ellos, “pone en riesgo el cumplimento de lo ordenado por la Corte”.

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) detalla que el Plan Integral de Saneamiento Ambiental del Riachuelo dispuesto por la CSJN en 2008 tenía como metas mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, recomponer el ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelos) y prevenir los daños al ecosistema con suficiente grado de predicción. Para cumplir con estos objetivos, el máximo tribunal estableció ocho mandas: información pública; cesación de la contaminación de origen industrial; saneamiento de basurales; limpieza de los márgenes del río; expansión de la red de agua potable; extensión del sistema de desagües pluviales y saneamiento cloacal; y el establecimiento de un plan sanitario de emergencia. 

Falta de políticas e incumplimientos

Según informan desde ACUMAR, se cumplió solo en un 40% con el Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios aprobado en 2010, que debían ser trasladados a causa de los altos niveles de contaminación. Sin embargo, desde FARN señalan en que este indicador “omite dar cuenta de que cada atraso en la inversión y disponibilidad en la entrega y mejoras de viviendas para los afectados genera el empeoramiento de las condiciones de vida de las personas que residen en la cuenca y también la prolongación de la exposición de dichas personas a la contaminación”. 

En lo referido a la cuestión ambiental, la Cuenca Matanza-Riachuelo es la más contaminada del país y una de las 30 más polucionadas del mundo. Según cuenta la directora ejecutiva adjunta de FARN, Ana Di Pangracio, la cuenca es hogar de grandes humedales, relictos de bosques y pastizales nativos habitados por especies de aves, plantas, hongos, insectos, arácnidos, peces, anfibios, reptiles y mamíferos, entre otros, que superan las 2.000 especies. Sin embargo, 16 años después del fallo de la Corte, las principales fuentes de contaminación todavía perduran, incluyendo el vertido de efluentes industriales y líquidos cloacales, basurales a cielo abierto y la disposición de residuos no controlados sanitariamente, además de un gran polo petroquímico en Dock Sud. 

En un informe de la Organización de las Naciones Unidas, publicado el pasado miércoles 19 de junio, advierten que en 2021 la exposición a la contaminación atmosférica produjo más de 700.000 muertes de niños menores de cinco años. Después de la malnutrición, es el segundo factor de riesgo de muerte en el mundo para este grupo de edad. Frente a esto, el Cuerpo Colegiado solicitó la convocatoria a una audiencia pública ante la Corte Suprema para que la autoridad de la cuenca brinde las explicaciones correspondientes sobre la efectividad y cumplimiento de las mandas judiciales; y para que especialistas en materia ambiental, hídrica, toxicología, de gestión de residuos, entre otras disciplinas, expongan ante el Tribunal su conocimiento técnico y brinden mayores herramientas para una decisión judicial razonable y eficaz

En el pedido, solicitan la presencia de los afectados directos por la contaminación de la cuenca, el Auditor General de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa, la Defensoría General de la Nación y la Defensora de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, entre otros.