Octubre se presenta como un mes desafiante para los bolsillos de los argentinos, en un contexto ya golpeado por la inflación, el desempleo en alza y una actividad económica en desaceleración. En este escenario, los aumentos programados en varios rubros claves, como los servicios públicos, prepagas, transporte y alquileres, presionarán aún más el costo de vida.

Uno de los incrementos más sensibles será en las tarifas de gas y luz. El Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, anunció que las tarifas de gas subirán un 6%, mientras que las de electricidad se incrementarán en un 3%, a partir del 1 de octubre. Estas medidas buscan consolidar el superávit fiscal en la desesperación por reducir el déficit. Sin embargo, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, intentó minimizar el impacto de los aumentos al señalar que “no serán significativos” y estarán dentro de los niveles inflacionarios. Estas subas se enmarcan en la política de actualización del Precio Estacional de la energía eléctrica y del valor del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte, que busca reflejar costos reales de producción y transporte.

El transporte público no se quedará atrás. En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto de subte subirá un 16,46%, alcanzando los $757 a partir del 1 de octubre. Este ajuste forma parte del cuadro tarifario aprobado por el Gobierno porteño, que, a lo largo de 2024, acumulará un alza del 360%. La tarifa del Premetro también sufrirá un incremento, alcanzando los $264,95.

El sector de la salud también verá un nuevo ajuste en los costos. Las prepagas volverán a aumentar, y al menos cinco grandes empresas del sector ya han notificado a sus afiliados. Swiss Medical y Galeno aplicarán subas que rondarán entre el 4% y el 5%, mientras que el Hospital Italiano y Omint incrementarán sus tarifas hasta un 5,9%. Estos ajustes están en línea con la inflación, luego de que en mayo el Gobierno de Javier Milei acordara devolver lo cobrado por encima de la inflación acumulada.

Otro sector afectado será el de los alquileres. Aunque el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 derogado por la actual administración puso fin a la Ley de Alquileres para los nuevos contratos, los acuerdos firmados bajo la normativa anterior continuarán rigiéndose por el Índice de Contratos de Locación (ICL), que en octubre reflejará un ajuste del 237,9% anual. Este aumento será ligeramente inferior al registrado en septiembre, que había alcanzado el 243,1%. No obstante, los inquilinos seguirán enfrentando serias dificultades, sobre todo en las grandes ciudades, donde los alquileres absorben una parte significativa de los ingresos familiares. Según Inquilinos Agrupados, el 72% de los hogares que alquilan y están compuestos por una sola persona son pobres, y esta cifra sube al 88% en hogares con cuatro integrantes.

Una de las pocas noticias positivas será la baja en los precios de los combustibles. Según confirmaron fuentes del sector a medios especializados, la caída del precio internacional del petróleo Brent permitirá que YPF reduzca un 3% en promedio los valores de sus productos, con una baja del 3% en las versiones del gasoil y una caída del 1,5% en las naftas premium y súper. Esta medida obligará al resto de las petroleras a seguir la misma senda, lo que representará un pequeño alivio para el bolsillo de los automovilistas.

En cuanto a la educación privada, los colegios subvencionados por la provincia de Buenos Aires confirmaron un ajuste del 4% en sus cuotas, reflejando el incremento acordado entre los gremios docentes y el gobierno provincial. En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, las instituciones privadas están a la espera de que se defina el porcentaje de aumento, aunque se estima que será similar al de la provincia.

Los incrementos en octubre se producen en un momento crítico para la economía argentina, marcada por un fuerte deterioro en la capacidad de consumo de las familias y una inflación persistente que, aunque desacelerada, sigue siendo elevada. Según analistas, la intención del gobierno es alcanzar el equilibrio fiscal mediante ajustes en los servicios, aunque el costo para los usuarios sea muy elevado. Este escenario tenso presiona también el mercado laboral, donde el desempleo ha mostrado signos de incremento, mientras que la clase media ya se autopercibe pobre y muchos trabajadores informales están en situación de vulnerabilidad económica.