La familia del capitán Humberto Viola, asesinado el 1° de diciembre de 1974 en Tucumán por miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el Acuerdo de Solución Amistosa alcanzado con el Gobierno argentino. En el documento, el Estado reconoce su responsabilidad internacional por no haber garantizado una investigación penal plena y acepta que el hecho debe ser considerado un crimen de lesa humanidad.

El abogado Javier Vigo Leguizamón, representante de la familia, explicó que la CIDH deberá homologar el acuerdo y destacó tres puntos clave: “Primero, se reconoce que en Argentina hubo una guerra revolucionaria, algo que en el Juicio a las Juntas se negó. Segundo, el asesinato del capitán Viola es reconocido como crimen de lesa humanidad. Y tercero, se admite que la misma doctrina aplicada en el informe sobre La Tablada debe ser utilizada en esta causa”.

Viola fue emboscada junto a su familia en Tucumán. En el ataque, su hija María Fernanda Viola, que entonces tenía cinco años, recibió un disparo en la cabeza y logró sobrevivir. Por el crimen, cinco integrantes del ERP fueron condenados a prisión perpetua, aunque posteriormente fueron liberados mediante la ley 23.070, algo que la familia considera irregular, ya que la conmutación de penas debía ser una atribución del Ejecutivo y no del Congreso.

El Acuerdo presentado ante la CIDH también establece que el atentado contra Viola se produjo en el contexto de un conflicto armado interno, lo que habilita la aplicación del artículo 3 de las Convenciones de Ginebra, que impide la tortura y el asesinato de civiles o prisioneros de guerra. La Corte Suprema ya aplicó este criterio en la causa "Arrillaga".

Desde la familia Viola afirman que no buscan una indemnización económica, sino una reparación moral. Su hija, María Fernanda Viola, difundió una carta titulada “Cincuenta años de impunidad”, donde celebró la decisión del gobierno de Javier Milei y criticó la postura del anterior gobierno de Alberto Fernández, que había rechazado la denuncia. “El atentado sufrido por mi padre y mi hermana representan un crimen de lesa humanidad”, escribió.

El Gobierno actual también se comprometió a enviar un proyecto de ley al Congreso para declarar la imprescriptibilidad de los crímenes cometidos por organizaciones terroristas. Además, la familia Viola buscará que, una vez homologado el acuerdo, se reabra la causa en la justicia argentina para juzgar a autores que aún no fueron condenados.