Las conversaciones sobre el Presupuesto 2025 están en un punto de tensión en el Congreso. Esta semana, el oficialismo evitó convocar a la comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados y la agenda de actividades sigue sin definirse para la semana próxima. Aun así, las negociaciones entre el Gobierno y los principales bloques opositores continúan, mientras que La Libertad Avanza (LLA) busca avanzar con el dictamen a mediados de noviembre para lograr la media sanción en diciembre.

Desde la oposición, los bloques observan con desconfianza el cronograma del oficialismo y plantean varias demandas pendientes. Los sectores dialoguistas y algunas provincias exigen resolver cuestiones que consideran centrales, como el destino del impuesto a los combustibles y los recursos destinados a la infraestructura pública.

Un tema clave es el uso de los ingresos del impuesto a los combustibles, actualmente distribuidos en seis áreas como obras públicas y subsidios al transporte. Provincias y bloques dialoguistas plantean que, si el Gobierno no restituye esos fondos para su fin específico, deberían pasar a la masa coparticipable.

Otro punto de fricción es el financiamiento de ARCA (Agencia de Recaudación de la Nación), que reemplazó a la AFIP y sigue recibiendo el 1,9% de la recaudación neta. Varios bloques cuestionan este porcentaje, argumentando que, si la estructura de personal se redujo, parte de esos fondos también debería volver a las provincias.

Las obras públicas también generan tensiones. El PRO exige que el Gobierno reactive proyectos ya firmados en distritos clave, como la Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos y Chubut, todos gobernados por figuras del PRO. Además, los gobernadores de otras provincias advierten que algunos convenios ni siquiera fueron incluidos en las planillas del Presupuesto.

El conflicto se extiende al financiamiento educativo. Mientras el PRO y la UCR aseguran que las negociaciones avanzan bien, diputados de Encuentro Federal, liderados por Miguel Ángel Pichetto, reclaman que se garantice el gasto mínimo del 6% del PBI para educación, estipulado en el artículo 9 de la Ley Nacional de Educación. Además, Pichetto y su bloque exigen aumentos en jubilaciones y fondos para universidades, y sugieren una reducción en partidas asignadas a Jefatura de Gabinete, la SIDE, y la Secretaría General de Karina Milei.

Para financiar estas propuestas, Encuentro Federal propone recortes en exenciones fiscales que favorecen a sectores como la construcción y el IVA a espectáculos públicos, así como reducir el cupo fiscal de Economía del Conocimiento. Este último pasaría de $195.000 millones a $30.000 millones, lo que afectaría a grandes empresas amigas del oficialismo como Mercado Libre y Globant.

Además, varios bloques insisten en que el ATN (Aportes del Tesoro Nacional), actualmente asignado a discreción del Ejecutivo, sea redistribuido de manera automática y equitativa entre provincias. La propuesta busca que las provincias tengan más autonomía en el uso de estos fondos, especialmente en áreas como educación y transporte.

A pesar de las tensiones, los aliados del Gobierno y los bloques dialoguistas como Innovación Federal y la Coalición Cívica buscan consensuar un despacho de mayoría. Pero, la intención de Encuentro Federal de presentar un dictamen propio podría complicar el avance del oficialismo en la comisión de Presupuesto y Hacienda.

El reclamo por el financiamiento de las universidades también toma fuerza en la oposición. Se prevé que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) demande una asignación de al menos $7,2 billones, aunque el proyecto inicial establece solo $3,8 billones. Si bien el Gobierno está dispuesto a aumentar esta cifra a $5 billones, el ajuste dependería de recortes en otras áreas, ya que el Ejecutivo insiste en mantener el equilibrio fiscal primario.

Por el momento, la agenda de trabajo está en suspenso, con el objetivo de alcanzar un dictamen de minoría hacia el 12 de noviembre. Este último esfuerzo podría ser clave para definir los fondos y condiciones que enfrentará el Presupuesto 2025 antes de ser votado en el recinto.