Los gremios estatales volvieron a encender la alarma en la Administración Pública Nacional. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) reclaman la renovación automática de 50.000 contratos que vencen el 31 de diciembre, al tiempo que rechazan los exámenes de idoneidad promovidos por el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger.

El titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, fue categórico: “El fraude laboral del Gobierno en el Estado es gigantesco. Se le tiene que poner fin a esta alarmante precarización renovando automáticamente todos los contratos hasta su incorporación definitiva en la planta permanente”. En esta línea, el gremio convocó a una nueva jornada de protesta que incluirá una movilización en Plaza de Mayo pasado mañana.

El descontento crece también por lo que Aguiar calificó como un doble golpe a los estatales: “Al congelamiento salarial, se le suman despidos en organismos clave como el PAMI. Esta semana debemos redoblar los esfuerzos y protestar en todo el país”.

Desde UPCN, el jefe histórico Andrés Rodríguez cuestionó con dureza los exámenes de idoneidad, a los que calificó de innecesarios e improductivos. “No tiene sentido evaluar a trabajadores que llevan diez años en sus puestos. Esto sólo genera miedo y altera el clima laboral”, afirmó.

La resolución 26/24 del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado establece que las evaluaciones no son vinculantes, lo que significa que incluso quienes las aprueben no tienen garantizada su continuidad laboral. Para los sindicatos, esta medida es un “atropello a la dignidad” que busca humillar a los trabajadores temporales, quienes en muchos casos sostienen áreas esenciales del Estado.

Los exámenes alcanzan a cerca de 58.000 empleados públicos con contratos temporales, según datos gremiales. Muchos de estos trabajadores, con años de experiencia en sus puestos, deberán rendir evaluaciones obligatorias que han sido señaladas por los sindicatos como carentes de transparencia y planificación.

“Este sistema ilegal no puede condicionar la estabilidad laboral de nadie. Rechazamos cualquier intento de vulnerar derechos adquiridos”, expresó Aguiar, destacando que los contratos trimestrales impuestos desde el inicio de la gestión de Sturzenegger generan incertidumbre y afectan la calidad de los servicios estatales.

Desde UPCN, denunciaron que estas evaluaciones buscan debilitar la administración pública: “Son mecanismos que solo generan incertidumbre y precarización en quienes sostienen las funciones esenciales del país”.

El panorama en la administración pública no da señales de calmarse. Mientras el Gobierno insiste en avanzar con los exámenes, los gremios prometen mantener las protestas y presionar para lograr la renovación de los contratos.

En el horizonte se avecinan más movilizaciones, y el impacto de este conflicto podría extenderse si no se alcanzan acuerdos. ATE y UPCN ya advirtieron que están dispuestos a paralizar organismos clave para frenar lo que consideran un ataque directo a los derechos laborales.