Las recientes fugas de presos en la Ciudad de Buenos Aires desataron un cruce entre la gestión porteña y el Gobierno nacional. Waldo Wolff, ministro de Seguridad de la Ciudad, cargó contra el Ejecutivo al afirmar que la mayoría de los detenidos que albergan las comisarías y alcaidías locales “no deberían estar bajo nuestra responsabilidad”.

Según el funcionario, “el 95% de los presos que nosotros tenemos no le corresponden a la Ciudad de Buenos Aires. Deberían ir al Servicio Penitenciario Federal (SPF), pero el Gobierno nacional no se los lleva”. En ese contexto, Wolff señaló que esta situación derivó en episodios recientes como la fuga de dos reclusos del Centro de Contraventores en Nueva Pompeya y la de 11 detenidos en la Alcaidía 4 Bis de Barracas.

Con un tono crítico, Wolff aseguró que la Ciudad pasó de tener 60 presos en 2021 a más de 2.300 en 2023 debido a que “se dejaron de trasladar detenidos a las dependencias federales”. Asimismo, aclaró que, pese al aumento en la cantidad de reclusos, la tasa de fugas “es bajísima considerando la magnitud del problema”.

Sobre posibles soluciones, el ministro explicó que, aunque avanzan en un acuerdo con el Gobierno nacional para construir nuevas alcaidías, “solo hemos firmado una carta de intención, y el traspaso completo recién podría darse a finales del próximo año”.

Además, Wolff destacó que los delitos en la Ciudad “no han aumentado”, sino que “están todos a la baja en comparación con el año pasado”. Como ejemplo, mencionó que los casos de “motochorros” se redujeron a cifras de un dígito, y que los homicidios en ocasión de robo bajaron a menos de la mitad en un año. “Este año tuvimos cuatro homicidios en la Ciudad. El año pasado, a esta altura, había 12”, precisó.

Mientras tanto, el sistema penitenciario porteño sigue funcionando al límite de su capacidad. La falta de espacios para alojar a los detenidos continúa siendo un problema central, y los avances en las negociaciones entre Ciudad y Nación aún no ofrecen soluciones inmediatas.