La doble vara de Mauricio Macri, reclama "Ficha Limpia" mientras arrastra más de doscientas causas en su contra

El 28 de noviembre, pasado el mediodía, Mauricio Macri, escribió en su perfil de la red social X: 

"Hoy, en la sesión de Ficha Limpia en la Cámara de Diputados, quedaron flotando preguntas inquietantes y profundas para el futuro de la Argentina: ¿Queremos o no queremos un país sin corrupción? ¿De verdad nos interesa que los corruptos condenados no puedan seguir ejerciendo cargos públicos o queremos simular y usar esa debilidad como un instrumento de presión en otras negociaciones? ¿A alguien le importa la corrupción o ya estamos resignados? Sé que una parte de la política, incluso a una parte de la opinión pública, les puede parecer que hay cosas más urgentes. Yo estoy convencido de que con dirigentes corruptos no hay ningún futuro". 

Ese día fue el segundo en que se frustró el tratamiento de la ley de “Ficha Limpia”, la normativa que de sancionarse impediría a los condenados en segunda instancia por casos de corrupción presentarse políticamente como candidatos a cargos electivos. Aunque siempre en tensión y negociación permanente, durante todo el año del gobierno de Javier Milei el ex presidente no ocultó su apoyo a esta administración, y puso a muchos de sus cuadros políticos en roles ejecutivos. De todos modos, esta semana marcó una agenda de hostilidad entre el macrismo y el mileísmo -quizá hasta que vuelvan a negociar acuerdos con éste u otro asunto de interés mutuo-. Macri no dudó en señalar una suerte de pacto entre el gobierno y el kirchnerismo para lograr impunidad y que Cristina Kirchner no quede automáticamente proscripta por la vigencia de la ley en cuestión como consecuencia de “La Causa Vialidad”; aunque en realidad no solo se

 ausentaron de la sesión en la que no se logró el quorum necesario algunos diputados de LLA sino también tres del PRO junto a algunos radicales. 

En los últimos tiempos los debates políticos parecen lidiarse en un único territorio: la red social X. Como respuesta inmediata en la cuenta de LLA publicaron las voces oficiosas del gobierno que “No es correcto culparnos exclusivamente cuando sus propios representantes estuvieron ausentes. Durante el gobierno de Mauricio Macri no se trató ningún proyecto similar y, además, se designó como candidato a Miguel Ángel Pichetto, defensor de los fueros de la actual condenada Cristina Fernández de Kirchner”. Y cerraron no sin cierto malicioso ocultamiento de verdad con un “somos la única fuerza sin dirigentes condenados y/o procesados.”

Luis Caputo, el ministro que debe dar explicaciones a la Justicia

El actual Ministro de Economía, Luis Caputo, no solo fue funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri sino que, además, son amigos personales. Si la idea era enrostrarle al ex presidente las más de doscientas causas que arrastra desde la década del ochenta, no fue prudente intentar diferenciarse cuando Caputo es parte del Gabinete y comparte una imputación junto a Macri. 

Es en la Causa 8414/17 del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro 4 por Defraudación a la Administración Pública y que tiene como imputados a Luis Caputo, Mauricio Macri, Nicolás Dujovne y Marcos Peña. 

La causa, que aún está en proceso de investigación, se inició en junio de 2017 y el cuarteto fue denunciado por la emisión de deuda a cien años, pues se tomaron 2.750 millones de dólares a una tasa nominal del 7.125%, lo que objetivamente costará una tasa de interés anual del 7,9, al haberse colocado bajo la par, por un plazo de cien años. El Congreso,  al aprobar la Ley del Presupuesto General de Administración Nacional para el ejercicio 2017, N.º 27.341, Art. 34 a 46, autoriza al ejecutivo a contraer deuda pública y el decreto 29/2017 firmado por el presidente y los Ministros Marcos Peña y Luis Caputo, determina que este último es el encargado de decidir todo lo relativo a deuda externa, hasta un monto determinado. Haciendo uso de estas delegaciones, a través del decreto 29/2017, Caputo contrajo en nombre del Estado Nacional la deuda objeto de la denuncia. El perjuicio económico para el estado, según los denunciantes, se basa en que en 13 años tendríamos cubierto el capital recibido y el resto sería para el pago de intereses. El fiscal Pedro Zoni solicitó ante el juez Ariel Lijo abrir una investigación contra el ministro de finanzas, Luis Caputo, por posibles “conductas delictivas en perjuicio de la Administración Publica Nacional", Zoni afirmó que también que “se han expresado públicamente distintos especialistas vinculados con la emisión de bonos que han realizado diversos cuestionamientos sobre el endeudamiento denunciado que justifican la apertura de una investigación criminal”. Lijo, hoy candidato a integrar la Corte Suprema, se declaró incompetente.

El 2017 no fue un buen año para Caputo. El 1 de noviembre de 2017 el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 10 abre el expediente 1812/2017 para investigar a Luis Caputo por los delitos de Administración Fraudulenta, Delito de información privilegiada, Incumplimiento de los deberes de funcionario público, lavado de dinero, Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, omisión maliciosa y tráfico de influencias en una de las causas que se conocieron como “Paradise Papers”. 

Esta causa se unificó con la mencionada en párrafos anteriores por la emisión de deuda, pues como funcionario no solo intervino en dicha operación sino que una de las empresas que compró bonos por cinco millones de dólares fue “Noctua”, de la que es el dueño. Caputo sería -es lo que está aún en proceso de investigación- parte de una red de sociedades off shore en la que participaba antes de ser funcionario, y si continuó siéndolo ya en funciones ejecutivas de gobierno. Además se lo investiga desde entonces por ocultación maliciosa e incumplimientos de los deberes de funcionario público ya que no consignó en sus Declaraciones Juradas ante la Oficina Anticorrupción la información referida a su rol en los fondos de inversión en los paraísos fiscales, algunos de los cuales, como se dijo, compraron bonos de Argentina. “Noctua” tiene al Ministro Caputo como accionista y dueño indirecto ya que está conformada por varias sociedades off shore que son propiedad una de otra, como en un juego de cajas chinas que dificulta su rastreo. 

En noviembre de 2023 y a días de asumir nuevamente pero esta vez como Ministro de Economía de Javier Milei, Caputo seguía negando ser accionista de Noctua. Los voluminosos documentos que aún están en etapa de clasificación y traducción que llegaron de Estados Unidos parecen contradecirlo: Caputo fue accionista de sociedades offshore en las Islas Caimán y no lo informó al asumir en diciembre de 2015 en la función pública. El caso fue publicado en 2017 por el equipo argentino del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Los datos surgieron de la filtración Paradise Papers y de la consulta a documentos de la Securities and Exchange Commission (SEC), la comisión de valores de los Estados Unidos, que ahora ratifica y aporta los datos al Juzgado que investiga. 

Uno de los documentos aportados muestra que desde agosto de 2009 y al menos hasta julio de 2015 Caputo tuvo más del 75% de las acciones de Princess International Group (Caimán). Esta empresa era dueña de otra sociedad (Affinis Partners II, de Caimán), que a su vez es la “dueña directa” de Noctua. 

En esta causa, claro, Luis Caputo tiene un abogado. Es Matías Cúneo Libarona, el hermano del Ministro de Justicia. En diciembre corrió el rumor de que Caputo puso como condición para asumir el ser sobreseído en todas las causas en donde está imputado. 

Mauricio Macri y el récord de causas en la Justicia 

Si alguien sabe lo que es estar procesado y aún así acceder a cargos electivos es Mauricio Macri. El ingeniero empezó a recorrer los pasillos de tribunales cuando aún no estaba enfocado de lleno en la política, ni siquiera del club de sus amores; sino como parte del holding familiar.  

En diciembre de 1988, Mauricio Macri en representación de la firma familiar SIDECO y el entonces intendente de Morón, Juan Carlos Rousselot, firmaron un contrato para la instalación de cloacas que tenía altísimos costos y tarifas que convertían a los vecinos y a la intendencia de Morón en rehenes de la empresa durante más de veinte años. La transacción se realizó en tiempo acelerado, sin licitación pública ni concurso de precios. Fue un contrato directo y muy beneficioso para la empresa, realizado por un Rousselot que con ese rentable favor buscaba el respaldo del grupo Macri para el camino que esperaba recorrer hacia la gobernación bonaerense. Rousselot fue destituido a raíz de estos contratos que se convirtieron en el paradigma de la corrupción del neoliberalismo menemista en el conurbano y las obras no llegaron a concretarse. 

La conocida “Causa Sevel” lo tuvo junto a su padre Franco Macri y a su tío Jorge Blanco Villegas como procesado por ser protagonista de una red de contrabando: a través de una compleja operatorio habrían conseguido cobrar indebidamente reembolsos a la exportación y eludir el pago de diversos tributos por sumas multimillonarias. La maniobra fue en 1993,  los tiempos de la convertibilidad del gobierno menemista que la familia Macri apoyaba indecorosamente.

Con el nombre de “Escuchas ilegales” se conoció la causa con la que Mauricio Macri llegó procesado a la Presidencia de la Nación. Fue por una asociación ilícita que, integrada por diversos funcionarios, llevó adelante escuchas telefónicas a diferentes personas. La realidad es que no eran “ilegales” pues estaban autorizadas por jueces que también tuvieron que rendir cuentas a la Justicia por sus decisiones, pues ninguna de esas escuchas estaban justificadas por alguna causa que se llevara en sus juzgados: los escuchados conformaron un arco variopinto que fue desde familiares de víctimas de AMIA a las hermanas y cuñado de Mauricio Macri. El entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue procesado por violación de secretos, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos en concurso con el de asociación ilícita y fue sobreseído a los pocos días de asumir como presidente por el juez Sebastián Casanello.

Tampoco fue ajeno a la Causa “Panamá Papers”. El 3 de abril de 2016 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) y más de 100 socios de medios de todo el mundo comenzaron a publicar, en simultáneo en más de 80 países, una investigación acerca de las cuentas off shore en paraísos fiscales, específicamente del estudio Mossack Fonseca, con casa matriz en Panamá. Los Panama Papers echaron luz sobre un negocio que - si bien era legal en lo formal - venía siendo utilizado desde hacía décadas para evadir impuestos, esconder bienes en un divorcio, lavar o esconder dinero proveniente de negocios ilícitos y, en el peor de los casos, del crimen organizado. ¿Quién apareció allí? Mauricio Macri, su padre y su hermano,  quienes no declararon USD 4 millones en una cuenta en Suiza a nombre de la sociedad offshore BF Corporation SA.  

La “Causa Parques Eólicos” también tiene a Mauricio Macri como protagonista. La historia es así: En 2016 la empresa “Isolux” entró en una crisis financiera y comenzó a liquidar sus activos. Uno de los principales era “Loma Blanca”, que para esa época ya estaba produciendo energía. El estado argentino compraba los megawatts que producía el parque eólico y los bonos de Loma Blanca eran la mejor inversión que el Banco Nación tenía en su cartera con una valuación de 73 millones de dólares. Sin embargo Enrique Szewach, director del banco, aprobó en tiempo récord el traspaso de los parques eólicos de Isolux a empresas de la familia Macri y Carlos Tévez. La entidad se tomó menos de 24 horas para dar el visto bueno que le terminaría reportando a los compradores una ganancia de más de 70 millones de dólares en un año. La causa la instruye el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal es Eduardo Taiano. 

Causa “Avianca”: No menos escandalosa fue la venta de Macair (Macri Air) a Avianca, aceitada con la promesa del propio gobierno de Macri de otorgarle 36 rutas aéreas, lo que le permitió una ganancia adicional de 460 millones de pesos. Avianca dejó de volar y dejó a 200 empleados en la calle y sin cobrar. Los delitos son asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias e irregularidades en la administración del espacio aéreo.

Nuevamente Mauricio Macri aparece en la causa “Peajes”: Las acciones de Autopistas del Sol (Ausol), que maneja la Panamericana, valían cuatro pesos en enero de 2015. Cuando asumió Mauricio Macri, sabiendo que el presidente era la cabeza del grupo que tenía una parte de Ausol, la acción ya estaba en 14,50. A partir de ese momento, Macri le aumentó la tarifa de peajes a Ausol entre un 200 y 270 por ciento, dependiendo del horario, y, por consiguiente, la acción trepó a 75,50. En ese momento, el grupo Macri vendió el siete por ciento que tenía de participación en la empresa a un valor de 19,7 millones de dólares. Con la acción a 4 pesos, la venta hubiera sido por dos o tres millones de dólares. Aún así, muchos dicen que la venta fue simulada y que la compradora, Natal Inversiones, no tenía la menor experiencia en peajes ni se dedicaba al rubro. A tal punto que tuvo que cambiar sus estatutos. De inmediato, se firmó la renovación de la concesión con un simulacro evidente: la rúbrica la puso Gabriela Michetti, para que Macri no quedara aún más expuesto. La acción subió entonces a 103 pesos. Hubo denuncia presentada por Margarita Stolbizer, el fiscal Guillermo Marijuán pidió medidas y luego no quiso avanzar más: desestimó la denuncia.

“Soterramiento”: Con ese nombre tan poco elegante se conoció el caso del negociado con una de las obras públicas más importantes del país, el Soterramiento del Sarmiento. El Grupo Macri, a través de Iecsa, se adjudicó la obra. El pliego incluía que el consorcio ganador debía garantizar el financiamiento, pero la alianza Odebrecht, Iecsa, la española Comsa y la italiana Ghella no consiguieron el dinero. Macri salió al rescate con un decreto de necesidad y urgencia, derivando 40.000 millones de pesos para financiar la obra. En Brasil, mientras tanto, los ejecutivos de Odebrecht confesaron que pagaron coimas con contratos que armaba Iecsa por servicios inexistentes.   

Más beneficios del menemismo y  la “Causa Correo”: Los Macri se hicieron de la concesión del servicio postal en 1997 gracias a una de las últimas privatizaciones de Menem. La ganaron porque ofrecieron pagar 51 millones de pesos de canon semestral, una cifra mayor que la de sus competidores. Cumplieron durante un año hasta que dejaron de pagarlo con excusas de lo más variadas. En septiembre de 2001 Correo Argentino entró en concurso de acreedores, por lo que no pagaría su deuda con el Estado que por entonces trepaba a 296 millones de dólares. No solo quedaron debiéndole al estado, sino a más de 700 acreedores que esperan desde entonces. 

El 28 de junio de 2016, casi 15 años más tarde, Mauricio Macri era presidente. La deuda de los Macri con el Estado seguía intacta pero ahora tenían una oportunidad: que su principal acreedor aceptara una propuesta de pago conveniente a sus intereses. El gobierno de Macri aceptó una propuesta de la familia Macri que implicaba una quita del 98,82% de la deuda, que traducidos en dinero significaba una condonación de más de 70.000 millones de pesos. Casi les sale, si no fuera por la intervención de la fiscala Gabriela Boquin que advirtió la maniobra y logró frenarla. Hoy el caso está en la Corte Suprema durmiendo el sueño de los injustos y Mauricio Macri presionando para que fallen a su favor, de ahí posiblemente los acuerdos con el gobierno de Milei. 

“Armas para Bolivia”: En 2019, el gobierno argentino -por entonces, en manos de la gestión macrista- resolvió enviar armas y munciones a las Fuerzas Armadas Bolivianas. Lo que vino después es conocido: las FFAA derrocaron a Evo Morales, quien debió exiliarse en México, y nombraron a Jeanine Áñez como nueva presidenta. Según la documentación oficial, en los días del golpe, Argentina envió a Bolivia "material bélico de agentes químicos" -40 mil cartuchos Anti Tumultos, gases lacrimógenos en spray MK-9 y MK-4; 50 granadas de gas CN; otras 19 CS y 52 granadas de gas HC- e incluso volaron al país vecino efectivos de la Gendarmería. De esta manera, la entonces y actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también estaba involucrada. Hoy, la causa está cajoneada en Comodoro Py. 

Este es un breve punteo de las causas que tuvieron más repercusión mediática; pero a ellas hay que sumar unas doscientas más entre las que se cuenta la de espionaje a los familiares de los submarinistas fallecidos en el ARA San Juan; varias causas por calumnias e injurias entre las que se cuentan la del empresario Marcelo Open o el periodista Cherquis Bialo; la causa por defraudación de Autopistas Urbanas de 2012 que se tramita en el Juzgado Nacional en lo criminal nro 38; la que se le lleva adelante por falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público de 2010 que lleva el Juzgado Nacional en lo Criminal Nro 16; la causa por coacción y estafa contra Gustavo Dalto, de 2010, que lleva el Juzgado Nacional en lo Criminal Nro. 18; la causa en su contra que inició Mario Kestelboin por privación ilegítima de la libertad y abuso de autoridad que llevó el Juzgado Nacional en lo Criminal Nro 30 en 2013; que se suman a varias decenas de causas por abuso de autoridad o incumplimiento de deberes de funcionario público; varias por malversación de caudales públicos; administración fraudulenta; lesiones culposas; homicidio culposo, incendio y estrago; estafa (junto a Pablo Clusellas) vejaciones y apremios ilegales que comprenden su paso como Jefe de Gobierno porteño. 

Algunas causas lo rozaron sin que haya llegado a tribunales ni siquiera como testigo: en 1999 viajaba con los jugadores Martín Palermo y Diego Cagna en un coche del grupo SOCMA que supuestamente conducía el chofer Carlos Alberdi. Atropellaron a dos chicas de 14 y 16 años en la Avenida Gaona, y una falleció. Mauricio Macri calificó la experiencia como “desagradable” y ofreció ayuda económica a las familias, que se negaron a aceptarla. Testigos del hecho afirman que quien conducía era él. 

En total, en la justicia, Mauricio Macri tiene doscientas catorce causas, algunas archivadas, otras en curso. Demasiado para alguien que reclama “Ficha Limpia” para los demás.