Después de tres años y medio de permanecer en Uruguay, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, exasesor de Mauricio Macri, pisó suelo argentino esta mañana tras llegar en ferry. El regreso se produjo luego de que la jueza federal María Servini levantara el pedido de captura internacional que pesaba en su contra en la causa donde se investigan supuestas presiones al Grupo Indalo.

La decisión de Servini llegó tras la culminación de un trámite clave: la inscripción hipotecaria de una propiedad presentada como garantía de caución por el también exfuncionario José Torello. Este movimiento permitió que Rodríguez Simón regresara al país sin riesgo de quedar detenido, aunque con estrictas medidas judiciales.

Según trascendió, el exasesor entregó su pasaporte, lo que asegura su prohibición de salir del país, y comparecer mensualmente ante el juzgado entre el 1 y el 5 de cada mes. También deberá informar si se ausenta por más de 24 horas del domicilio que declaró como residencia.

El próximo gran paso en su situación judicial será enfrentar la declaración indagatoria que nunca llegó a realizarse. En 2020, Rodríguez Simón dejó Argentina argumentando que temía quedar detenido. Esa decisión lo llevó a ser declarado "rebelde" por la justicia y motivó la orden de captura internacional.

Este año, sin embargo, la jueza Servini le otorgó la eximición de prisión, medida que fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal. Pese a esto, tanto la fiscalía como las querellas en la causa presentaron una queja ante la Corte Suprema de Justicia, que aún no emitió un fallo definitivo sobre el tema.

Mientras tanto, su regreso reaviva la expectativa sobre el desarrollo de la causa penal que involucra a altos funcionarios del macrismo y sus supuestas presiones contra empresarios del Grupo Indalo. Rodríguez Simón, figura clave de la llamada "mesa judicial", sigue siendo un actor central en este entramado que mezcla política y justicia.

La causa contra Rodríguez Simón es parte de una serie de investigaciones sobre la presunta utilización de herramientas judiciales para hostigar a empresarios durante el gobierno de Macri. Las acusaciones incluyen presiones a través de juicios y procedimientos administrativos. Por ahora, la situación del ex asesor sigue atada a lo que determine la Corte Suprema en las próximas semanas.