El juez federal Sebastián Casanello rechazó el pedido de recusación contra el fiscal Guillermo Marijuan, que hizo una ONG convertida en querellante en la causa conocida como “Ruta del dinero K” desde que se formuló el pedido de sobreseimiento para la ex vicepresidenta Cristina Kirchner. 

Se trata de la causa que comenzó en abril de 2013, y gran parte de esa investigación ya se debatió en juicio, donde fue condenado Lázaro Báez junto a otros 17 imputados, entre ellos sus hijos, por haber llevado adelante maniobras millonarias de lavado de dinero proveniente de la obra pública. 

Casanello sostuvo que “la presente se ha convertido en una causa impulsada exclusivamente por una querella autónoma. Si bien esto no sería una rareza, sí es absolutamente inédito que ocurra en las condiciones actuales del expediente”. 

En cuanto al fiscal, el juez remarcó que “el Dr. Marijuán ha sido el fiscal del caso por más de diez años. Como tal tuvo un rol protagónico en los hallazgos y en el avance de las distintas imputaciones que derivaron finalmente en severas condenas e importantes decomisos. Fue él quien requirió múltiples elevaciones a juicio que incluyeron una treintena de personas imputadas por el delito de lavado de activos, cometidos en el marco de una organización criminal”. 

"Fue él quien incorporó como imputada a Cristina Fernández, quien solicitó se la escuchara en indagatoria y luego consintió la declaración de falta de mérito. Todo ello ocurrió antes de que la ONG Bases manifestara su interés en el expediente”, agregó al respecto.

En 2023, Marijuan advirtió que no tenía pruebas para avanzar en la imputación de CFK, motivo por el cuál pidió su sobreseimiento. Tras esa decisión, la asociación civil Bases Republicanas buscó ser parte de la causa al sostener que Lázaro Báez y su grupo actuaron como testaferros por cuenta y orden de Néstor y Cristina Kirchner, y solicitó el apartamiento del fiscal.

El pedido finalmente fue rechazado por Casanello que aseguró: "a mi modo de ver, este galimatías se explica a partir de comprender que no estamos frente a cuestiones de validez sino frente a diferencias sobre el mérito de la prueba, lo que remite a un ámbito de discusión absolutamente distinto. Sincerar esta cuestión, claro está, supone admitir que el Ministerio Público Fiscal, en tanto titular de la acción pública, ha dejado de ser acusador. Es decir, la presente se ha convertido en una causa impulsada exclusivamente por una querella autónoma”.

“Debo concluir una vez más que ningún vicio invalidante observo en el dictamen fiscal de fecha 24 de mayo de 2023″, reiteró el magistrado.