El director ejecutivo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, Juan Tomás Rodríguez Ponte (DaJuDeCo), fue designado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para asistir al plenario del GAFI en París, entre el 21 y 25 de octubre, momento en el cual se debatirá el Reporte de Evaluación Mutua de la República Argentina.

Se trata de un encuentro clave donde 200 países debatirán si la Argentina superó los estándares normativos y de eficiencia para combatir el lavado de dinero o si lo colocan en la temida “lista gris” de países incumplidores, lo que genera perjuicios para la economía y el acceso al crédito internacional.

El GAFI es el organismo internacional G40 integrado por los países más influyentes del mundo y organismos internacionales tales como la OCDE, el Banco Mundial, el FMI, la Comisión Europea y las Naciones Unidas. Busca reforzar los sistemas nacionales de prevención en materia de lavado de dinero, terrorismo y financiamiento del terrorismo.

La información y el trabajo aportado por la Corte Suprema a través de la DAJuDeCo, fue realizado en etapas de requerimiento, recopilación y sistematización para su presentación ante el equipo evaluador.

Este trabajo fue fundamental para todo el proceso de evaluación y demuestra el compromiso del Poder Judicial de la Nación, a través de sus máximas autoridades, en la prevención y combate al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Justamente, Rodríguez Ponte es también integrante del Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

La posición de Argentina

En marzo, la Argentina informó al GAFI un fuerte incremento de las condenas por lavado de dinero –de tres 77 sentencias– y otros tantos decomisos por millones de pesos. Fue durante la reunión con los evaluadores del GAFI que se llevó a cabo en la Cancillería, con representantes de la justicia federal, el Ministerio Público Fiscal y el Banco Central.

Además, el Congreso cambió la ley de lavado y el Gobierno incluyó a los abogados como sujetos obligados de realizar reportes de obligaciones sospechosas de sus clientes, además de impulsar otra adecuaciones normativas.

Continuó con la visita a Buenos Aires, entre 6 y el 26 de marzo de este año, de los evaluadores y funcionarios de la Secretaría del GAFI/GAFILAT, que evaluaron el período abarcado entre 2019 y marzo de 2024. Esos 25 evaluadores elaboraron un informe sobre el estado de situación del cumplimiento técnico de los estándares y el cumplimiento de la efectividad de esos estándares.

En las últimas semanas, el informe final de la evaluación argentina fue distribuido a las 200 jurisdicciones que integran la red global del GAFI para recoger sus comentarios y observaciones. El jueves 24, en la sede de la OCDE, el GAFI dará a conocer sus conclusiones.