El Ministerio de Seguridad de la Nación denunció al juez Roberto Andrés Gallardo ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, luego de que el magistrado ordenase que la Policía porteña se haga cargo del operativo de la marcha de jubilados del próximo miércoles. Además, la cartera grarantizó la presencia de las fuerzas federales frente al Congreso nacional

Este lunes, en un nuevo capítulo de la disputa entre Nación y Ciudad, se dio a conocer que el juez Roberto Andrés Gallardo falló a favor de un pedido realizado por dirigentes gremiales y ordenó que la Policía de la Ciudad se encargue de la seguridad durante la próxima marcha de jubilados, prevista para este miércoles frente al Congreso. La decisión apunta directamente contra la intervención de las fuerzas federales en este tipo de manifestaciones, y se da en la antesala del paro general convocado por la CGT para el jueves.

El magistrado, titular del Juzgado de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de CABA, le dio la razón a Julio Piumato y Maia Volcovinsky, cosecretarios de Derechos Humanos de la CGT, y al referente de la UTEP, Walter Gramajo , quienes habían presentado una medida cautelar para que el operativo sea responsabilidad del Gobierno porteño. En su resolución, Gallardo también ordenó al Ministerio de Seguridad nacional, que encabeza Patricia Bullrich, abstenerse de actuar “más allá de los límites de protección de intereses federales”.

“No se trata de un planteo abstracto ni de una mera pretensión de control institucional, sino de una solicitud concreta de tutela judicial urgente frente a un riesgo cierto y razonablemente previsible”, argumentó el juez. Y agregó que el peligro se relaciona con el posible daño a "la integridad física, la libertad de expresión y el derecho de reunión" de los manifestantes, basándose en hechos de violencia ocurridos durante otras marchas en los últimos meses.

El planteo de los dirigentes gremiales se fundó en el artículo 129 de la Constitución Nacional y en los artículos 23 y 24 de la Ley de Seguridad Interior, que regulan la intervención de las fuerzas federales en distritos locales. En este caso, remarcaron que la Policía Federal actuó sin que el Gobierno porteño lo solicitara, lo que generó choques y represión en protestas anteriores. “Queremos evitar que se repitan los hechos de represión que se suscitaron en las últimas concentraciones” , expresó Volcovinsky, quien además es secretaria adjunta de la UEJN.

En la misma línea, el fallo de Gallardo apuntó contra el avance del Ejecutivo nacional sobre la autonomía de la Ciudad: “Es preocupante la actitud avasalladora y excesiva que muestra el Estado nacional, quien sin tapujo alguno avanza sobre la autonomía de la CABA sin pretexto de aplicar protocolos que 'proponen' asegurar la convivencia de la ciudadanía”, sostuvo. En los hechos, el fallo traza un límite claro: Nación sólo podrá intervenir en la custodia de edificios federales, pero no en el resto del territorio porteño.

La resolución judicial también ordenó que el operativo se planifique de forma anticipada y coordinada. Por eso, los gremios habían solicitado habilitar días y horarios inhábiles para que el Gobierno de la Ciudad tenga tiempo de preparar el despliegue policial. Uno de los puntos claves es que CABA no adhirió al protocolo nacional de seguridad, lo que según los gremios demuestra que tiene herramientas propias para garantizar el orden durante las protestas sin intervención de las fuerzas federales.

Bullrich denunció al juez Gallardo y dijo que las fuerzas federales estarán en la marcha de jubilados

En este marco, el Ministerio de Seguridad decidió denunciar por mal desempeño al juez Gallardo, entendiendo que el magistado no tenía jurisdicción para intervenir y que era incompetente porque estaban en juego cuestiones federales. “Para que intervenga el juez Gallardo, los accionistas presentaron el amparo el día viernes 4 de abril a la tarde, ya pasado el horario judicial y el juez resolvió el día domingo 6″, apuntaron desde la cartera que conduce Patricia Bullrich.

“Este modo de actuar, interviniendo, forzando la jurisdicción y la competencia, es lo que en la doctrina se conoce como ‘forum shopping’, y habilita la presente denuncia ante la verosímil comisión de la causal de Mal Desempeño prevista en la Constitución de la Ciudad”, afirmó Fernando Soto, director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, que firmó la denuncia.

Además, sobre la presencia de las fuerzas federales, desde la cartera de Seguridad aseguraron que “es nuestra responsabilidad actuar en la Capital Federal, sede del Gobierno Nacional. La responsabilidad que alega el juez se refiere a las acciones de seguridad ciudadana, no así a la protección constitucional deber de las Fuerzas Federales”. En este sentido, agregaron: “No intervenir implicaría declinar las Misiones y Funciones de Seguridad del Estado Nacional asignadas por el Presidente de la Nación”.

La movilización de este miércoles, convocada por organizaciones de jubilados, se enmarca en una seguidilla de reclamos que escalan en todo el país. Será la antesala directa del paro general del jueves, que promete paralizar buena parte de las actividades públicas y privadas, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires. La CGT, ATE, las dos CTA y otras organizaciones sociales y sindicales confirmaron su presencia en el Congreso el próximo miércoles.