La organización internacional de Derechos Humanos Human Rights Watch criticó la represión policial en la marcha de jubilados del 12 de marzo y pidió a las autoridades argentinas que investiguen. A través de un comunicado, el organismo advirtió que la aplicación del protocolo antipiquetes, impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “facilita violaciones de derechos humanos”.

La ONG hizo referencia a la manifestación del pasado 12 de marzo, en donde como cada miércoles marcharon un grupo de jubilados frente al Congreso de la Nación. Tras los reiterados episodios de represión, ese día se plegaron hinchas de fútbol, organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos. En ese marco, el Ministerio de Seguridad aplicó el protocolo antipiquetes y se volvieron a ver múltiples episodios de represión, con golpes, gases lacrimógenos y el uso de cambiones hidrantes. 

La imagen más fuerte de esa jornada fue la herida que sufrió el reportero gráfico Pablo Grillo, quien fue impactado por una granada de gas lacrimógeno en la cabeza que arrojó un efectivo y aún continúa internado, mostrando una leve mejoría, según dijo su padre esta semana. 

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En el documento, el organismo menciona que el agente de las fuerzas de seguridad disparó a Grillo a poco más de 50 metros de distancia y que el disparo fue “en ángulo horizontal, contraviniendo estándares internacionales que establecen que la única forma segura de lanzar estos cartuchos es en arco, de manera que caigan al suelo a menor velocidad”.

“Hay pruebas contundentes de que en varias ocasiones los miembros de las fuerzas de seguridad hicieron un uso indiscriminado y peligroso de la fuerza durante la marcha de los jubilados del 12 de marzo”, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.

La funcionaria expresó que el gobierno "debería investigar estos hechos y garantizar que haya rendición de cuentas, en lugar de hostigar a una jueza que liberó a los detenidos de la protesta”.

A su vez, criticaron el uso indiscriminado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. A partir del análisis de fotos y videos, el organismo destacó que en al menos cinco ocasiones, miembros de las fuerzas de seguridad nacionales dispararon gases lacrimógenos, con pistolas antidisturbios de fabricación nacional, “de forma temeraria y peligrosa, disparando los cartuchos horizontalmente contra manifestantes, en lugar de hacerlo en un ángulo seguro”.

También denunció la detención de 114 personas, entre ellas cinco mayores de 60 años, y cuestionó la denuncia penal presentada por el Ministerio de Seguridad contra la jueza Karina Andrade, que ordenó la liberación de todos los detenidos argumentando que “no se informaron, en la mayoría de los casos, el lugar donde se realizó la detención, ni se aclararon las circunstancias de detención ni los motivos”.

La mirada atenta del Congreso

Esta semana, la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que preside el radical Martín Lousteau, se reunió para definir un cronograma para citar a funcionarios nacionales y evaluar el papel de los organismos de seguridad durante las recientes movilizaciones en las que se registraron graves incidentes.

Entre los funcionarios apuntados se encuentran la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el jefe de la Secretaría de Inteligencia de Estado(SIDE), Sergio Neiffert; y el exdirector nacional de Inteligencia Criminal, Ricardo Ferrer Picado, quien fue desplazado de su cargo por Bullrich tras los episodios represivos. 

La citaciones comenzarían a darse dentro de dos semanas y el primero en ser convocado sería Ferrer Picado. A él le seguiría Neiffert y por último sería citada la ministra de Seguridad de la Nación. Las citaciones se decidieron a instancias de las denuncias que presentaron Unión por la Patria y organismos de derechos humanos ante la Comisión Bicameral.