La semana pasada, el fiscal federal Guillermo Marijuan reiteró su postura en la causa conocida como la "Ruta del Dinero K", donde Cristina Fernández de Kirchner enfrenta acusaciones por lavado de dinero. En su dictamen, que trascendió durante esta jornada, Marijuan sostuvo que no hay pruebas suficientes que vinculen a la ex vicepresidenta de manera directa con las maniobras ilícitas que involucran a Lázaro Báez, ya condenado a diez años de prisión por blanqueo de más de 55 millones de dólares.

La causa, donde había sido sobreseída por el juez Sebastián Casanello en 2023, fue reabierta tras una decisión de la Cámara Federal porteña que consideró que el sobreseimiento fue apresurado. Sin embargo, a lo largo de 2024, la fiscalía ha insistido en que no existen elementos que permitan procesar a Cristina Kirchner. "He analizado exhaustivamente si las pruebas permiten vincular a la imputada como autora o partícipe, y la respuesta es negativa", afirmó Marijuan en su último dictamen.

Este dictamen colisiona frontalmente con la decisión de la Cámara Federal, que el año pasado ordenó seguir investigando a la exmandataria. Los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, con la disidencia de Eduardo Farah, consideraron que la investigación debía continuar debido a la relación entre esta causa y otros procesos judiciales en los que Cristina está involucrada, como los casos Vialidad, Hotesur y Los Sauces. En su fallo, Llorens destacó que el "análisis fragmentado" de estas causas "degrada la visión de conjunto de las maniobras".

Sin embargo, Marijuan ha mantenido su postura desde el principio. En su dictamen, criticó la reapertura del caso y destacó que los elementos presentados por la querella no ofrecen pruebas contundentes. En este sentido, el fiscal recordó que el año pasado ya había solicitado el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner, un pedido que sigue vigente: "Las pruebas no han cambiado y mi opinión se mantiene inalterada".

Uno de los puntos más controversiales de la causa fue la aceptación de la asociación civil Bases Republicanas como parte querellante, lo que fue duramente criticado por el fiscal. Según Marijuan, la participación de esta organización ha generado "inseguridad jurídica" en el proceso, ya que no queda claro en qué basan sus reclamos. "Su intervención es oportunista, buscando solo un aprovechamiento político", señaló el fiscal.

El caso de la Ruta del Dinero K se remonta a la relación financiera entre Lázaro Báez y Cristina Kirchner. A pesar de que Marijuan reconoció la existencia de un vínculo entre ambos, subrayó que no hay pruebas concretas que incriminen a la ex mandataria en los hechos de lavado de dinero. Este argumento, sin embargo, ha sido rebatido por la Cámara Federal, que consideró que Marijuan no ha evaluado debidamente los elementos presentados en otras causas conectadas, como Vialidad, que establecen una relación entre los contratos viales otorgados a Austral Construcciones y la familia Kirchner.

Marijuan también se refirió a un informe elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (DAJuDeCo), que investigó las comunicaciones entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez entre 2010 y 2013. El análisis de más de 370 llamadas no arrojó elementos suficientes para procesar a la ex presidenta por lavado de dinero. "No hay pruebas determinantes que la coloquen en el centro de la maniobra", concluyó el fiscal.

A pesar de estas conclusiones, la Cámara Federal ha insistido en que la causa no puede desvincularse de los otros expedientes en los que Cristina está imputada, lo que sigue generando tensiones entre los distintos actores judiciales. Según la querella, la relación entre los contratos viales otorgados a Báez y los presuntos beneficios mutuos entre este empresario y los Kirchner constituye un factor clave que Marijuan habría desestimado en su análisis.

El fiscal, sin embargo, permanece firme en su rechazo a procesar a la ex presidenta y expresó que su dictamen responde a una evaluación integral de todas las pruebas disponibles. "La opinión de la querella es política y no tiene sustento en los hechos", sostuvo en su escrito. Esta decisión deja la causa en un punto de estancamiento, mientras que la Cámara Federal podría seguir presionando para que la investigación avance.

Pese a la postura del fiscal Marijuan, la reapertura del expediente sigue en pie, y será el juez Casanello quien deba decidir los próximos pasos. En este contexto, la participación de Bases Republicanas como querellante suma una nueva capa de incertidumbre al proceso, mientras otras causas relacionadas, como Vialidad y Hotesur, continúan en desarrollo judicial.