Presentan otra denuncia contra el Ministerio de Capital Humano por un convenio con la OEI
El abogado Leonardo Martínez Herrero ahora solicitó que se realice una “averiguación de ilícito” ante la posible comisión del delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” por parte de Sandra Pettovello, quien delegó la compra de alimentos al organismo con fondos públicos.
El abogado Leonardo Martínez Herrero presentó una denuncia por averiguación de ilícito por el convenio que realizó el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la compra de alimentos para comedores y merenderos.
Martínez Herrero ya había presentado una denuncia ante la Cámara Federal por “malversación de caudales públicos, cohecho y asociación ilícita” en dicho Ministerio, tras la revelación de Data Clave sobre la existencia de un sistema de contratos irregulares y sobresueldos en la cartera.
En esta ocasión, el abogado remarcó que el convenio mediante el cual se le transfirió fondos públicos argentinos al organismo quedó “fuera de los mecanismos de control del Estado nacional” (como el de la Auditoría General de la Nación), y por ello, instó a la justicia a que investigué la posible comisión de delitos como “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Según detalló en la denuncia Martínez Herrero como pago por dicha tarea Pettovello le giró 6.772.500.000 al organismo y acordó darle una comisión de 6%, que luego bajó a 5%.
“Hasta ahora la única adjudicación concretada fue para la adquisición de 1650.000 botellas de aceite de 900 mililitros y la misma cantidad de paquetes de lentejas de 400 gramos”, precisó el abogado.
Además, remarcó que “una compra del Estado que supere los $2.700.000.000 necesita la firma del Jefe de Gabinete”, rol que ocupaba en ese entonces Nicolás Posse pero que “la transferencia fue firmada solamente por la ministra Pettovello en una resolución publicada el 6 de marzo último”.
“La Constitución Nacional en el artículo 100 pone en la Jefatura de Gabinete la responsabilidad sobre los negocios de la Nación y la administración en general”, remarcó Martínez Herrero.
Por último, el abogado también solicitó que se recuse o se desafecte al juzgado del juez Ariel Lijo y de “todos aquellos juzgados donde el mismo subrogue al momento de efectuar el correspondiente sorteo” para garantizar una “debida transparencia” ya que el magistrado ha sido propuesto por el Poder Ejecutivo para integrar la Corte Suprema de Justicia y “la denuncia involucra directamente a ese poder”.