Oposición pide ajustar salarios de funcionarios para que no cobren más que el Presidente

En medio de las especulaciones del Gobierno nacional sobre la idea de limitar los viajes al exterior de los funcionarios para enviar un mensaje de "austeridad" a la población, desde las filas de Juntos por el Cambio pisaron el acelerador y presentaron un proyecto con el mismo objetivo, pero de diferentes características: proponen que los salarios de los funcionarios de los tres poderes del Estado no sean superiores a los del Presidente de la Nación y que los mismos sean actualizados por la ley de la movilidad previsional.

La iniciativa surge de las filas de la UCR Evolución y tiene la autoría del diputado de San Luis Alejandro Cacace, pero también tiene el acompañamiento del amplio abanico de Juntos por el Cambio, incluido legisladores del PRO como Silvia Lospennato, Luciano Laspina y Alejandro Finocchiaro, entre otros.

A pesar de que haya disminuido la pirotecnia interna en el Frente de Todos, lo cierto es que el Gobierno nacional está viviendo uno de sus momentos más delicados en materia económica, con un nivel de tensión que ni siquiera se llegó a ver luego de la derrota electoral de 2021, que terminó con la salida de varios ministros y una presión del ala dura del kirchnerismo para que Alberto Fernández diera un giro de 180 grados.

Tal como contó Data Clave, mientras se combate el frente fiscal y cambiario, desde el oficialismo no descartan implementar una medida que intente dar una señal de confianza hacia la población, que actualmente se encuentra en situación de pánico e incertidumbre por los movimientos del dólar blue y el estruendoso aumento del riesgo país. Se trata de una medida que analiza el ministerio de Economía -que ya tomó una vez Cristina Kirchner en 2009, a poco de que su Gobierno perdiera en la lucha con el campo- que apunta a que los funcionarios no puedan viajar más al exterior y no utilicen los pocos dólares con los que hoy cuenta el Banco Central.

A pesar de que esta medida que todavía no está en análisis y que se esperaría que la comunique la ministra Silvina Batakis, Juntos por el Cambio ya presentó el proyecto que tiene el espíritu de equilibrar los salarios de los tres poderes del Estado con un tope que sería que nadie pueda cobrar más que el propio jefe de Estado argentino.

El proyecto de Cacace se titula "Ley de equidad salarial para el sector público" y tiene un total de seis artículos. En el primero, donde se simplifica el contenido, plantea que todas las remuneraciones "serán actualizadas aplicando la movilidad previsional conforme a lo previsto por el artículo 32 de Ley N° 24.241 y sus modificatorias, no pudiendo percibir, por todo concepto, una remuneración mensual superior a la que le corresponda al Presidente de la Nación".

En el primer artículo menciona que esto aplica para el cargo de vicepresidente, ministros, secretarios, subsecretarios y cargos equivalentes del Poder Ejecutivo Nacional, entre otras aristas como funcionarios y cargos jerárquicos de todas las jurisdicciones y entidades. Pero en los siguientes artículos también menciona a diputados, senadores, defensor del Pueblo de la Nación, presidente de la Auditoría General de la Nación, auditores generales y autoridades superiores de ambas Cámaras del Congreso de la Nación.

Sin embargo, el punto central y quizás más polémico de este proyecto es que también se le apunta al Poder Judicial, lugar donde actualmente se encuentran los salarios más altos de los tres estamentos estatales con sueldos que casi llegan al millón de pesos. El diputado puntano plantea en el artículo 3  "las remuneraciones de los Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Procurador General de la Nación, Defensor General de la Nación, Consejeros de la Magistratura de la Nación, miembros del Jurado de Enjuiciamiento de la Nación, magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación, Consejo de la Magistratura de la Nación y Jurado de Enjuiciamiento de la Nación, serán actualizadas aplicando la movilidad previsional conforme a lo previsto por el artículo 32 de Ley N° 24.241 y sus modificatorias, no pudiendo percibir, por todo concepto, una remuneración mensual superior a la que le corresponda al Presidente de la Nación".

Y agrega: "En virtud de lo normado por los artículos 110 y 120 de la Constitución Nacional, dispónese que los Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tribunales inferiores, y los funcionarios del Ministerio Público de la Nación no podrán aumentar, por cualquier carácter, sus remuneraciones mensuales hasta alcanzar el tope salarial establecido en el artículo 1º".

Los argumentos de la iniciativa

Lo que sostiene Cacace, el mismo que hace meses presentó un proyecto para dolarizar la economía, es que "como servidores públicos, el sector del cual formamos parte no debe ser ajeno a la austeridad y solidaridad que reclamamos de otros argentinos, sino que debemos ser quienes pongamos el ejemplo", en relación al discurso de ajuste que impulsó Silvina Batakis y que también viene promoviendo, en mayor medida, el espacio de Juntos por el Cambio.

"La equidad y la igualdad deben ser principios rectores para el Estado, que solo podrá fortalecerse en la medida que se proponga terminar con las injusticias y reducir la inequidad. La política, la función pública, no da privilegios. No hay razón para que funcionarios de todos los poderes del Estado sean mejor remunerados respecto de los demás argentinos", considera el proyecto de ley de base radical.

En ese marco, plantea en el párrafo anterior que "debe destacarse la fuerte desigualdad que hay entre los altos funcionarios de los tres poderes del Estado y el resto de los argentinos". Y desliza que "hoy en día, por ejemplo, un Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cobra un sueldo básico de $963,581.34, sin contar adicionales como la antigüedad. Esto los pone más de 21 veces arriba de un Salario Mínimo, que es actualmente de $45.540. La brecha salarial entre estos y la población es enorme".

"Es el espíritu de esta iniciativa terminar con los privilegios de aquellos funcionarios de los tres poderes del Estado que cobran sueldos exorbitantes cuando se suman sus haberes por todo concepto, y derogar los regímenes jubilatorios de privilegio de los que son beneficiarios, y que virtualmente, los pone un pedestal arriba del resto de los argentinos, lo cual va en contra del Art. 16 de la Constitución Nacional y el espíritu del mismo como lo concibió el constituyente. Es notable la disparidad con el resto de los argentinos, que puede ilustrarse con el monto actual del Salario Mínimo, Vital y Móvil, fijado en $45.540", suma.

Cacace dio una serie de antecedentes nacionales e internacionales en el que se vieron gestos de "solidaridad" por parte de la política y que respaldarían su proyecto que acompañaron sus pares de Juntos por el Cambio. El primer ejemplo que menciona se dio en México a fines de 2018, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador inició un proceso de reducción y topes salariales para todo el Estado, medida que alcanzó a senadores y diputados y a la Corte Suprema de ese país, que aceptaron rebajar sus salarios.

En la región, mencionó los casos de Chile - en 2018, por el estallido social previo a la pandemia- y Uruguay -en 2020, plena pandemia del covid-19. En el primer caso, los diputados aprobaron una rebaja del 50% en sus dietas, de alrededor de U$D 10.000, que se encontraban entre las más altas del mundo; en el segundo, se dispuso un recorte salarial de hasta el 20% para los sueldos de miembros del gabinete del Ejecutivo y para legisladores, con el objeto de crear un Fondo para hacer frente a la crisis económica y sanitaria.

En cuanto a ejemplos a nivel nacional, recordó los casos del estallido del 2001, donde a través del Decreto 23/2001 se fijó un tope para la remuneración del Presidente, en ese momento de $3.000 luego actualizado a $6.000, y se estableció que ningún agente del Estado y sus reparticiones y organismos descentralizados podrían cobrar más de ese monto por ningún concepto. También recordó que a fines del año 2002, el Congreso, luego de un extenso debate, sancionó la Ley N° 25.668, de Regímenes Jubilatorios, y derogó los regímenes jubilatorios especiales de funcionarios del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, del Servicio Exterior de la Nación y de Obispos y estableció un tope para sus beneficiarios.

Curiosamente, el antecedente provincial que aportó Cacace está ligado a una iniciativa del entonces exgobernador del Chaco Domingo Peppo, ligado al Partido Justicialista. En el año 2018, en el marco de la declaración de emergencia social y alimentaria, el entonces gobernador envió un proyecto de ley que fijaba un tope de 10 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles a los haberes de los funcionarios del Poder Ejecutivo y organismos descentralizados, por 12 meses, invitando al Poder Judicial y Legislativo a adherirse.

Cuánto ganan los funcionarios públicos

El diputado Cacace sostiene que "el empleo público representa más de 12 puntos porcentuales del PBI, el más alto de la región y por encima del promedio de los países de la OCDE", por lo que "es el espíritu de esta iniciativa terminar con los privilegios de aquellos funcionarios de los tres poderes del Estado que cobran sueldos exorbitantes cuando se suman sus haberes por todo concepto, y derogar los regímenes jubilatorios de privilegio de los que son beneficiarios".

De acuerdo a los datos publicados en junio de 2021, el sueldo que actualmente percibe Alberto Fernández es de $494.080,98, cifra que también tendría que percibir Cristina Kirchner, pero que renunció a esa dieta, dado que actualmente cobra más de $4.000.0000 en concepto de su doble pensión como expresidente y por su marido, el expresidente Néstor Kirchner. "Un Ministro, mientras tanto, ganaba a fines de 2021 $435.509,43. La gran estructura administrativa del Poder Ejecutivo y sus organismos y entes descentralizados hace que este sea uno de los mayores responsables del gasto público destinado a personal de los tres poderes del Estado", señala el proyecto.

En el caso del Poder Legislativo, Cacace denunció que "los legisladores nacionales tienen un presupuesto inferior al de otros Estados subnacionales", remarcando que el sueldo bruto por dieta de un diputado es de $496.580,18, más $45.603,20 de gastos de representación, mientras que para los Senadores es actualmente $496.580,18 más $25.000 de gastos de representación. Según los cálculos del proyecto, el costo total por legislador nacional, obtenido de calcular su presupuesto dividido por cantidad de legisladores, fue de $56.000.000 en 2019.

Pero la crítica central de Cacace es para el Poder Judicial. El diputado radical sostiene que "el presupuesto del Poder Legislativo no solo es uno de los más bajos de la región, sino que desde 2002 se ha mantenido por debajo del 0,75% del PBI, y en 2018 sólo representó el 0,6% del PBI, la mitad que el presupuesto del Poder Judicial".

"En el caso del Poder Judicial, que tiene los sueldos más altos dentro de la estructura del Estado, el caso es más complicado", mencionó el diputado radical, agregando que hoy un juez de la Corte Suprema gana $963,581.34 de bruto sin tener en cuenta adicionales por antigüedad (2% mensual por año o fracción mayor a 6 meses) y otros conceptos. "No pagan tampoco impuesto a las ganancias", aclaró Cacace, un latiguillo que suelen utilizar dirigentes del Frente de Todos para cuestionar al Poder Judicial.

¿Respalda el oficialismo esta iniciativa?

Luego de enumerar todas estas diferencias, Alejandro Cacace menciona que "para asegurar, de acuerdo a los principios de igualdad y equidad, que el tope que establece esta iniciativa sea aplicada y compartida por todos los sectores del Estado, y considerando la irreductibilidad de sus remuneraciones a la luz del art. 110 de la Constitución Nacional, se congelarán los aumentos de haberes para miembros de la Corte Suprema, funcionarios y magistrados del Poder Judicial de la Nación y Ministerio Público hasta tanto alcancen el tope establecido por esta iniciativa". 

"El alcance de un tope que afecte a todos los integrantes del Estado Nacional está firmemente sostenido en la igualdad y, al estar establecido transversalmente para todo el Estado, es inobjetable que no afecta las garantías que hacen al ejercicio de la función judicial y su independencia", destaca en el mismo párrafo.

El proyecto de Cacace ya fue presentado en la Cámara de Diputados y tiene el respaldo de un sector de Juntos por el Cambio. En tanto, según pudo averiguar Data Clave, desde las filas oficialistas no hay acompañamiento a la iniciativa.

Si bien desde el Frente de Todos prefirieron no ahondar en más detalles, una fuente parlamentaria le dijo en off a este medio que "la Justicia te lo declara inconstitucional en cinco minutos", en relación a la aplicación de la medida.

Desde la oposición lo que plantean con esa iniciativa no es recortar el salario de los jueces, pero sí congelarlos y que no haya aumentos hasta que los mismos alcancen el tope establecido, es decir cuando el salario del propio Presidente de la Nación supere los $963,581.34 que hoy gana un juez de la Corte Suprema.