En un nuevo capítulo de la política económica del Gobierno de Javier Milei, la Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó cambios en las Ofertas Públicas de Adquisición (OPA) para agilizar la privatización de empresas estatales. Con estas modificaciones, se permite la transferencia de hasta un 50% de las acciones a compradores privados sin necesidad de licitación previa, siempre y cuando se mantengan los acuerdos de gobernanza existentes.

La resolución, firmada por Roberto Silva, titular de la CNV, busca “fomentar un entorno jurídico adecuado para la transferencia de activos”, eliminando barreras regulatorias que, según Silva, “no aportan valor al propósito de protección del interés público”.

“La normativa garantiza continuidad en la gobernanza y la operación de las empresas, equilibrando el interés público y la protección de los inversores”, explicó Silva.

Esta medida tiene como eje central empresas como Nucleoeléctrica Argentina, AySA, Enarsa, Intercargo, y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, entre otras. El objetivo es reducir la intervención estatal en sectores estratégicos y atraer capital privado.

El pasado 10 de octubre, el Gobierno avanzó con la privatización de cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue: Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Estas unidades, consideradas claves para el sistema energético nacional, pasarán a manos privadas en un proceso de venta que culminará en 180 días, según el Decreto 895/2024.

El decreto establece que la Secretaría de Energía tendrá a su cargo el diseño del concurso público nacional e internacional para vender el paquete accionario mayoritario de estas centrales. El proceso incluye la evaluación de las ofertas y la adjudicación de las concesiones.

La privatización de empresas estatales se acompaña de un marco normativo diseñado por la CNV para facilitar la transición. La Resolución 1024/2024, vigente desde octubre, establece un régimen contable especial que ajusta las exigencias a las características particulares de las entidades en proceso de privatización.

Además, esta normativa detalla que las solicitudes de adquisición de acciones deben incluir el objeto del pedido y adherirse a los lineamientos establecidos por la CNV durante toda su permanencia en oferta pública.

El proyecto de privatización no está exento de polémica. Mientras el oficialismo defiende la medida como un mecanismo para reducir el déficit fiscal y dinamizar la economía, sectores opositores y sindicatos advierten sobre el impacto en la soberanía y el empleo. El caso de las hidroeléctricas, por ejemplo, ya generó críticas por la importancia estratégica de estas unidades en la generación de energía.

El proceso de privatización forma parte de una agenda más amplia del Gobierno, que incluye la posible venta de activos en sectores como transporte y telecomunicaciones, todos bajo el paraguas de un plan de desregulación estatal.