La política de ajustes, recortes y despidos que el gobierno de Javier Milei aplica en el sector público afectan también la atención y contención de las víctimas de la trata de personas. Referentes de las Instituciones no gubernamentales que atienden esta problemática afirman que, desde diciembre pasado, se encuentran suspendidos todos los programas estatales diseñados para reinsertar socialmente a las personas que sufrieron explotaciones laborales o sexuales.  

En el orden nacional, la asistencia integral a las personas que son victimas de la trata de personas se encuentra se en la actualidad virtualmente acéfala y sin un “punto focal” que abarque al país, tras el alejamiento de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de Pablo De la Torre, quien dejó su cargo tras montar un sistema de contrataciones y sobresueldos en el Ministerio de Capital Humano que fue revelado por Data Clave.

“Todos los programas están desactivados y los organismos que se dedicaban a la atención de las necesidades de las víctimas están con un personal reducido y prácticamente desactivados”, señaló en diálogo con Data Clave Gustavo Vera, referente de la organización “La Alameda” que desde hace años trabaja en la atención de estos temas.

En marzo de este año, el Gobierno nacional dispuso que el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata pasara de la órbita de la Jefatura de Gabinete, tal como lo establecía la Ley, a la del Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich. Además, dispuso la remoción de Vera de su titularidad.

Estos cambios, se instrumentaron por medio de un decreto del Poder Ejecutivo que dispuso una reasignación de organismos y competencias ministeriales.

“Haber dejado el Comité en manos del Ministerio de Seguridad es algo que está a contramano de las recomendaciones internacionales, que desaconsejan poner en cabeza de las fuerzas policiales el monopolio de la lucha contra la trata”, remarcó Vera.

Al pasar a Seguridad, el Comité sufrió el desplazamiento de 40 de sus empleados, tras una comunicación que en abril pasado realizó en abril pasado la nueva titular del área, Verónica Toller.

Estos delegados eran los que habían construido 36 mesas interinstitucionales; colaboraron en la sanción de cuatro leyes de inclusión laboral y más de 180 ordenanzas contra la trata. Según voceros de las organizaciones que luchan contra esta problemática de explotación, la función de este personal pasaba por “el seguimiento de la restitución de derechos de las más de 5000 víctimas rescatadas entre 2020 y 2023”.

“Había un delegado por provincia y esos delegados tenían la función de articular las mesas entre organismos de provincia, Nación, judiciales, sindicales y de la sociedad civil. Gestionaban ordenanzas y proyectos de ley y participaban como veedores en inspecciones o allanamientos”, indicó a Data Clave el exdirector del Comité. 

Este organismo es integrado por cinco ministerios que son los que ofrecen distintas formas de asistencia, pero en la actualidad, todos esos programas se encuentran suspendidos. De esta forma, el Potenciar, el Acompañar, la asistencia del Renatre (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores), y el de Ayuda Urgente.

“No está llegando la ayuda para las víctimas y hay mucha demanda para las personas que son rescatadas. Tratamos de darles contención a las víctimas, pero en este contexto se hace muy difícil”, aseguró a Data Clave Graciela Collantes, presidenta de la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos (Amadh).   

Fuentes de esta las entidades antitrata consignaron que también está prácticamente desactivado el Plan de Rescate, que depende del Ministerio de Justicia y que en la actualidad tiene muy poco personal a cargo. No obstante, la línea 145 en la que se reciben denuncias por explotación sexual y trata, y que depende del Ministerio Público Fiscal, aún sigue en funcionamiento.

“El Comité funciona a un 50% de su capacidad por todos los despidos que hubo. Hay ahora personas que trabajan en el organismo que son punteros de Bullrich y que no tienen ninguna experiencia en cuestiones de trata”, subrayó Vera.

De acuerdo con los términos de la Ley 24364, cuando una persona es recatada de una red de trata, sea de explotación sexual o de trabajo esclavo, interviene el Programa Rescate, que le da a esas personas asistencia psicológica, social, médica y jurídica hasta que se produce la primera declaración.

Luego, interviene el Ministerio de Capital Humano –antes le correspondía a la disuelta cartera de Desarrollo Social—para hacerse cargo de la asistencia de la víctima. En la actualidad, esa función le corresponde a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que actúa como “un punto focal” de la asistencia que se coordina a nivel nacional con el resto de las provincias.

“Tras la salida de De la Torre, la Secretaría de Niñez está sin conducción y el punto focal para atender a las víctimas de la trata está acéfalo. Nadie se hace cargo de esas emergencias en este momento”, sostuvo Vera al referirse al funcionario de Capital Humano que esta semana debió dejar su cargo, al ser sindicado como responsable de un sistema de irregular de contrataciones.

Y agregó: “En estos meses se rescataron varias víctimas de trata, pero ninguna recibió la ayuda económica que necesitan por parte de Capital Humano. Declaran ante la Justicia y quedan libradas a la mano de Dios”.

Ante esta política de desfinanciamiento instrumentada por la Nación, las diez provincias que integran el Norte Grande crearon hace diez días un Consejo Regional para la Lucha de la Trata y Explotación de Personas.

Uno de los objetivos reside en la elaboración de un Mapa del Delito sobre Trata y Explotación de Personas en la región “que permita elaborar una planificación, invitar a organismos gubernamentales, académicos o especializados cuando sea necesario, actualizar la formación e información sobre la temática, articular interinstitucionalmente y celebrar convenios de cooperación y asistencia mutua a nivel nacional o internacional”.