La PIA notificó a políticos y jueces de espionaje a través del sistema de datos biométricos
La lista incluye a Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Massa, Gerardo Morales, Javier Milei, Carlos Rosenktraz, entre otros. El titular de la entidad explicó que ninguna de las búsquedas tiene sustento judicial.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) notificó a cientos de personas públicas que sus datos personales fueron consultados de manera irregular en el marco del programa de reconocimiento facial de prófugos utilizado por el Gobierno porteño.
La lista incluye a políticos y dirigentes como Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Florencia y Máximo Kirchner, Sergio Massa, Estela de Carlotto, Patricia Bullrich, Elisa Carrió, Eduardo “Wado” De Pedro, Aníbal Fernández, Juan Grabois, Javier Milei, Nicolás del Caño, Miriam Bregman, José Luis Espert, Eduardo Belliboni y Sergio Berni.
Entre los funcionarios judiciales, aparecen Carlos Rosenkrantz, Alejandro Slokar, Roberto Boico, Gabriela Boquín, Alejandra Gils Carbó, Franco Picardi, Carlos Stornelli, Inés Weinberg y Raúl Zaffaroni.
También, el jefe de la Policía Federal, Juan Carlos Hernández, el policía de la Ciudad desaparecido hace más de cuatro años, Arshak Karhanyan, y otros dirigentes como Hebe de Bonafini, Andrés Larroque, Ricardo López Murphy, Facundo Manes, Gerardo Morales, Pablo Moyano, Juan Manuel Olmos y Miguel Pesce.
La notificación a los nombrados se dio en distintos momentos, luego que la PIA detectara que, con el sistema de reconocimiento facial previsto para buscar a unos 40 mil prófugos, se efectuaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires unos diez millones de búsquedas sin justificación legal.
Según lo establecido en ese convenio, la Ciudad “sólo podía efectuar consultas cuando desarrolle tareas requeridas por el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial Nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y durante la etapa de prevención e investigación de delitos de acción pública”.
El titular de la PIA, el fiscal Sergio Rodríguez, consideró que “el acceso/consultas a la base de datos del RENAPER por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires parecería no tener una justificación racional a la luz de los datos aportados, lo que permitiría presumir que esos accesos no estarían justificados por lo que podría calificárselos de ilegales”.