La comisión de Juicio Político, al mando de la oficialista Carolina Gaillard, realizó una nueva jornada de testimonios en la investigación contra los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia. El plato estelar era Hector Daniel Marchi, ex administrador general, corrido hace tres semanas de sus funciones en un contexto de interna abierta entre los magistrados.

Apenas se sentó a declarar, llegó la información del fallo de la Corte Suprema suspendiendo dos elecciones provinciales en San Juan y Tucumán. En las bancas oficialistas se pasaban los teléfonos con la captura del título. La primera reacción fue la risa, una segunda la expuso el presidente de bancada oficialista, Germán Martínez: “Día y semana rara, siguen apareciendo datos delicados en el atentado a la vicepresidenta, el presidente de la Corte hace sugestivas declaraciones en Amcham y apenas llegado el contador Marchi la Corte presenta el fallo por las elecciones, por esto decimos que los temas de la Justicia son importantes”.

Acto seguido, el titular del bloque Frente de Todos adelantó que “tomarán todas las medidas políticas que sean necesarias”. El oficialismo no descarta sumar un nuevo expediente al proceso abierto contra la Corte para indagar en un fallo que tiene alto contenido político.

En los pasillos, el enojo no era menor. En el Frente de Todos creen que los tres magistrados que firmaron el fallo se “pasaron de mambo” y es un “enfrentamiento directo contra toda la política nacional”. El kirchnerismo más cercano a la vicepresidente cree que esto es un aviso de lo que puede pasar, justo en la semana que la posible candidatura de Cristina Kirchner cobró fuerza. “La proscripción sigue ahí”, dijeron durante el juicio político. 

“Primero no se pensaban que íbamos a hacer un Juicio Político y ahora el tema Obra Social los expuso ante la opinión pública en un tema que no es netamente jurídico, están desnudos y es como la mafia, cuando les muestran las caras no les gusta”, sintetizó uno de los alfiles más activos del oficialismo en la comisión.

En cuanto la declaración, Marchi volvió a cargar contra el presidente de la Corte, Horacio Rosatti y su asesor más cercano, Silvio Robles. “Quiero denunciar el posible otorgamiento de contratos para intentar negociar fallos, que podría convertirse delito, pedido de contratos del señor Silvio Robles por orden del doctor Rosatti para la Cámara de Casación”, disparó el ex administrador y explicó que esto es en referencia a la causa iniciada en la ciudad de Santa Fe contra Rosatti donde un ex chofer de la municipalidad de Santa Fe, declaró llevarle dinero todos los meses. 

En este punto, pidió a la comisión que soliciten los fallos de las distintas instancias y los contratos que se dieron a los jueces durante los años 2021 y 2022. “Los contratos son una herramienta coyuntural con que cuenta el tribunal para atender las necesidades urgentes y prioritarias de la Justicia. Esta posible demostración de poder seguramente no fue advertida por los demás ministros ni por los jueces intervinientes”, estimó.

Ante la repregunta de los diputados, el ex funcionario a cargo de la administración aseguró que este manejo de contratos “pudo haber sido una demostración de poder hacia ciertos magistrados. Debería analizarse todo el circuito de esa causa. Ver si Robles quiso o no ejercer una demostración de poder. Ese lugar no era prioridad”, señaló.

Marchi volvió a remarcar que el mail oficial de Rosatti en la Corte fue dado de baja por orden del círculo directo del presidente del tribunal y que lo ejecutó gente a su cargo sin que el estuviera al tanto. Además, acusó a Robles de quedarse con informes técnicos sobre la situación contable de la Obra Social de la Justicia.

Sobre la gestión de la obra social, Marchi reiteró: “no existe organización sin contabilidad integrada, es el escenario perfecto para cualquier hecho de corrupción, una negligencia grave que abarca la gestión de Maqueda y de Rosatti, que no se corresponde con los deberes de un funcionario público”.

Además de Marchi, declaró en la comisión la jueza federal de San Martín, Martina Forns. “Las peores circunstancias de mi vida fueron cuando necesité de esa prestación porque mi marido estaba enfermo y me dejaron abandonada”, dijo. “Me comuniqué con la secretaria del juez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, ya que él era el encargado de la obra social judicial, pero nunca nadie se contactó para ayudarme”, indicó. Además, la magistrada declaró: “recibo continuamente amparos de salud por incumplimientos e irregularidades en el manejo de la obra social y la mayoría de los casos se relacionan con abandono de persona”.