La Secretaría de Derechos Humanos de la CGT, que lidera el dirigente judicial Julio Piumato, rechazó “el avance de las políticas negacionistas” que impulsa el Gobierno del presidente Javier Milei y alertó sobre “la voluntad del Ejecutivo de disponer la eliminación de la Unidad Especial de Investigación sobre la Desaparición de Niños, como consecuencia del accionar del Terrorismo de Estado (UEI)”, que funciona en el ámbito de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi).

En un comunicado, Piumato, también titular del gremio de los trabajadores judiciales, recordó que la UEI fue creada en 2004 para investigar los casos de las nietas y nietos desaparecidos.

“Cualquier decisión que avance contra su funcionamiento constituye un claro atentado contra el derecho a la identidad y a la verdad”, remarcó el dirigente sindical.

El gremialista enfatizó que la UEI asiste a jueces y fiscales en casos de posible sustitución de identidad para evitar que se abran en la justicia causas improcedentes.

Se trata de una entidad que realiza investigaciones preliminares que agilizan la tarea de los magistrados y es “una herramienta ideada durante estos 40 años de democracia para tornar eficaz la búsqueda de esos menores”.

“La disolución de la UEI conllevará grave y mayor obstaculización para la restitución de la identidad de los casi 300 nietas y nietos que permanecen sin acceder a su verdadera identidad”, remarcó

En ese sentido, Piumato afirmó que la CGT pretende que el Gobierno que reflexione sobre las consecuencias negativas que tendría esta decisión.

“La CGT respalda el trabajo de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo”, sostuvo el documento de prensa firmado por Piumato y la cosecretaria de Derechos Humanos de la central obrera y también dirigente de los judiciales, Maia Volcovinsky.

Desde hace días, diversas fuentes indican que el Ejecutivo tiene listo un decreto en el que se anuncia la disolución del UEI, lo que debilitaría sensiblemente el trabajo de la Conadi, un organismo creado en 1992 por impulso de Abuelas y promulgado por el entonces presidente Carlos Menem.

Ante estos rumores, Abuelas emitió la semana pasada un comunicado en el cual afirmó que, en caso de concretarse, “se trataría de una decisión que sería perjudicial para “garantizar el derecho a la identidad y a la verdad”. 

“La eliminación de la UEI ralentizará la búsqueda de nuestros nietos y nietas y resultará un perjuicio para la ciudadanía, un obstáculo para la justicia y un gasto para el Estado”, remarcaron desde Abuelas. 

En ese sentido, se indicó que “como auxiliar de la Justicia, la Unidad evita la citación en sede judicial de hombres y mujeres, incluidos miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, así como también prevé la confidencialidad absoluta de estos procesos”. 

En estas semanas, se filtró una versión de la normativa que promulgaría el Ejecutivo que circuló en las redes sociales por parte de referentes sociales y dirigentes de organismos de derechos humanos

En ese borrador se asegura que uno de sus fundamentos para concretar el cierre de la UEI es “garantizar la independencia del Poder Judicial” en las causas en las cuales se investigan apropiaciones de menores nacidos en cautiverio en los años de terrorismo de Estado.

Un argumento Abuelas rebate por completo, al aseverar que, “nunca, en estos 32 años de existencia de la Conadi se filtró información acerca de alguna de las personas investigadas”. 

“Esta Unidad (UEI) asiste a jueces y fiscales en casos de posible sustitución de identidad, para evitar que se abran en la justicia causas improcedentes”, explicaron.

Abuelas recordó que trabaja en la actualidad con alrededor de 7000 denuncias de posible hijos e hijas de personas desaparecidas y necesita de la asistencia de esta unidad con el propósito de que las investigaciones arrojen resultados. 

“Sin la existencia de la UEI, mañana deberíamos presentarnos ante los Tribunales Federales o a la Unidad Fiscal Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el terrorismo de Estado (UFICANTE) con las 7000 denuncias, algo absolutamente ineficaz e inviable. Existen muchos organismos del Estado que auxilian a la Justicia, con el objetivo de hacerla más eficaz, como la Oficina Anticorrupción y la CONADEP, dependencias del Poder Ejecutivo con atribuciones de investigación, que no la reemplazan ni ejercen funciones judiciales, sino que la auxilian en su tarea”, fundamentaron desde la entidad que encabeza Estela de Carlotto.

En la cartera de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich, se informó el mes pasado que su gestión no entregaría más los legajos de los integrantes de las Fuerzas de Seguridad cuando haya un requerimiento de la Conadi referido a una investigación sobre apropiación de menores nacidos en cautiverio.

“No vamos a cumplir con los caprichos políticos de grupos militantes”, se indicó en un comunicado de Seguridad que llevaba la firma de Bullrich y de su jefe de Gabinete, Carlos Manfroni, excolumnista de la revista ultraderechista “Cabildo”.

De concretarse, la eliminación de la UEI por medio de un Decreto del Ejecutivo será un capítulo más del derrotero iniciado por el oficialismo para socavar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Seguramente, no será el último.