El decreto de necesidad y urgencia que Javier Milei firmó días después de su asunción ha atravesado distintas instancias: desde su presentación, ha sido cuestionado en cientos de expedientes y políticamente ha sido cuestionado por distintos sectores de la oposición. No obstante, desde La Libertad Avanza vienen demorando el trámite constitucional que todo DNU debe atravesar: la discusión en el Congreso.

En ese sentido: el interbloque de senadores nacionales de Unión por la Patria presentó un nuevo pedido para exigirle a la vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, una sesión especial para el 15 de febrero a las 14.

A través de un comunicado, señalaron que Villarruel “incumplió su obligación de citar a sesión, vulnerando el artículo 20 del reglamento del Senado”. Tras esto, desde UP afirmaron que, basado en el artículo 19, convocan a una sesión para tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

Los legisladores le recordaron a la titular del Senado que la Bicameral que aún no se constituyó tenía diez días hábiles para expedirse desde el dictado del DNU y que, vencido ese plazo, las cámaras legislativas deben abocarse a tratar el decreto y resolver sobre su validez.

"Considerando que todos los plazos establecidos por la Ley 26.122 se encuentran sobradamente vencidos, resulta imperioso que este Senado se aboque al inmediato tratamiento de oficio del decreto", concluyen José Mayans, Juliana Di Tullio, Martín Doñate, Juan Manzur, Oscar Parrilli, Anabel Fernández Sagasti y otros.

La duda del oficialismo por estos momentos radica en si algunos senadores opositores, los considerados “dialoguistas”, acompañarán el pedido del peronismo tras la tensa relación de Javier Milei con algunos gobernadores, producto de la pelea por el fracaso de la Ley “Bases”.

Por el momento, todo indica que el Ejecutivo prorrogará el período de sesiones extraordinarias y el Senado sesionará el viernes 23 para sancionar el proyecto que refuerza la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.