El inminente cierre del Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones "Lic. Laura Bonaparte" ha marcado el inicio de un plan de reestructuración de hospitales que dependen de la administración y financiamiento del gobierno nacional. Este ajuste, impulsado por el gobierno de Javier Milei, busca transferir la gestión de estos hospitales a las provincias, lo que genera incertidumbre tanto entre los trabajadores como entre los pacientes que dependen de estos centros de alta complejidad. El impacto de estas medidas ya ha comenzado a notarse en varios hospitales clave como el Posadas, Garrahan, El Cruce, Baldomero Sommer y Cuenca Alta Néstor Kirchner, mientras se multiplican las dudas sobre el futuro de la red de salud pública.

El Hospital Bonaparte: el primer paso

Ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, fue el primer centro afectado por la reestructuración. Este hospital, que esta especializado en el tratamiento de adicciones y problemas de salud mental, ya cerró sus puertas a nuevos internados y limitó sus servicios. Según el Ministerio de Salud, el Bonaparte tenía una baja ocupación: en promedio, solo había 16 pacientes internados y tres consultas diarias en la guardia​. Sin embargo, los trabajadores del hospital denunciaron que la demanda era significativamente mayor, con más de 25.000 consultas anuales, y que el cierre es una decisión que afecta directamente a un sector extremadamente vulnerable de la sociedad.

La clausura del Bonaparte marca un precedente preocupante, ya que su cierre responde a un plan más amplio que podría alcanzar a otros hospitales nacionales. La decisión de cerrar este centro ha sido ampliamente criticada, ya que los pacientes deberán ser trasladados a otras instituciones, lo que genera incertidumbre sobre la continuidad de los tratamientos y el acceso a una atención adecuada.

Los hospitales que dependen del Estado nacional son financiados y administrados directamente por el gobierno federal. Esto les permite acceder a un presupuesto considerable que cubre desde el mantenimiento de la infraestructura hasta los insumos médicos y los salarios de los profesionales. A diferencia de los hospitales provinciales, los nacionales no están sujetos a las restricciones presupuestarias de cada jurisdicción y, en general, cuentan con mayores recursos para garantizar una atención de alta complejidad.

En el contexto de crisis económica y ajuste fiscal, el gobierno ha destinado más de $694 mil millones en 2024 para el sostenimiento de los programas y hospitales nacionales. Este presupuesto está destinado a cubrir las necesidades operativas de centros clave como el Posadas y el Garrahan, pero la reestructuración propone que estas instituciones sean absorbidas por las provincias, lo que podría implicar una reducción en la calidad de la atención.

El Hospital Posadas, en la cuerda floja

El Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, en El Palomar, es el hospital más grande bajo la órbita nacional y uno de los centros más importantes del país en términos de alta complejidad. Con más de 88 mil millones de pesos asignados a su mantenimiento en 2024, el Posadas enfrenta grandes desafíos​. Desde hace años, ha sido escenario de conflictos sindicales, problemas presupuestarios y recortes. El riesgo de que la provincia de Buenos Aires asuma su gestión preocupa tanto a los trabajadores como a los pacientes, ya que los costos operativos del hospital, especialmente en lo que respecta a tratamientos de trasplante y cirugías cardiovasculares, podrían superar las capacidades del sistema provincial.

El Garrahan: referencia en pediatría en riesgo

Otro hospital nacional en el centro de las miradas es el Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, referencia obligada en el tratamiento infantil de alta complejidad. Este centro, que atiende a niños de todo el país, ha enfrentado recientemente un conflicto interno tras el desplazamiento de todo su Consejo de Administración por decisión del Gobierno. La polémica surgió cuando se aprobó la entrega de bonos al personal que denunciaban una perdida total del poder adquisitivo, generando tensiones dentro del hospital. La administración del Garrahan ya ha sido objeto de reestructuración, pero la posibilidad de que pase a depender de la Ciudad de Buenos Aires genera incertidumbre sobre su financiamiento a largo plazo

El Cruce y el Baldomero Sommer: alta complejidad amenazada

El Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce, en Florencio Varela, es uno de los centros más modernos del país y un referente en cirugías cardiovasculares y trasplantes. Este hospital, que atiende a pacientes de todo el conurbano bonaerense y de otras provincias, depende del financiamiento nacional para sostener su estructura de alta tecnología. Su transferencia a la provincia de Buenos Aires podría poner en riesgo la continuidad de los tratamientos de alta complejidad, especialmente si los recursos financieros no son suficientes.

En una situación similar se encuentra el Hospital Baldomero Sommer, en General Rodríguez, que está especializado en enfermedades respiratorias como la tuberculosis. Este hospital ha sido clave en la lucha contra enfermedades infecciosas, pero también enfrenta la amenaza de ser absorbido por la provincia, lo que generaría una mayor presión sobre los recursos provinciales ya de por sí limitados.

El Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner: vital para el conurbano

El Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner, ubicado en Cañuelas, es otro de los centros de alta complejidad que depende de la Nación. Este hospital, inaugurado en 2015, fue diseñado para atender a pacientes de la zona sur del conurbano bonaerense y ofrecer tratamientos complejos como cirugías cardíacas y trasplantes. Al igual que El Cruce, su transferencia a la provincia implicaría una enorme carga financiera que podría afectar gravemente la capacidad de atención y el acceso de los pacientes a servicios de salud de calidad.

La política de reestructuración y transferencia de hospitales nacionales a las provincias es presentada por el gobierno de Javier Milei como una medida de austeridad y optimización de recursos en medio de una crisis económica. Sin embargo, esta decisión ha sido fuertemente criticada por trabajadores de la salud y organizaciones gremiales, que alertan sobre las graves consecuencias que podría tener para el sistema de salud pública. Las provincias, muchas de las cuales ya enfrentan sistemas sanitarios saturados y con bajos recursos, podrían no estar en condiciones de asumir la gestión de hospitales de alta complejidad sin un adecuado financiamiento.

La pregunta clave es si esta política de austeridad justifica los posibles cierres de hospitales. ¿Es realmente un ajuste necesario o una decisión cruel que pone en riesgo la salud de millones de argentinos que dependen de la atención pública? El costo de mantener hospitales como el Posadas, el Garrahan o El Cruce no es un peso para el Estado, sino una inversión en la salud pública. Dejar al azar el acceso a la salud de quienes no pueden costear una medicina privada parece una decisión injusta y peligrosa. Mientras el gobierno busca reducir el déficit fiscal, ¿es justo que el costo lo paguen los sectores más vulnerables de la sociedad?