Luego de la ajustada victoria en la Cámara de Senadores, el Gobierno avanza en conversaciones con la oposición para dar el debate en Diputados y aprobar la Ley Bases que tanto anhela Javier Milei. Una reunión de Guilermo Francos con "opositores dialoguistas" proyecta fecha para sesionar y adelanta discusiones por temas controversiales como el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales.

El jefe de Gabinete, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mantuvo esta tarde un encuentro con diputados que mostraron una actitud “colaborativa” con el Gobierno. Participaron Cristian Ritondo, Silvia Lospenatto y Silvana Giudici por el PRO; Juan Manuel López, Miguel Pichetto y Juan Brugge por Hacemos Coalición Federal, Rodrigo de Loredo por la Unión Cívica Radical (UCR); Pamela Caletti (Innovación Federal); Carolina Píparo (Buenos Aires Libre); y Cecilia Ibáñez (MID).

También estuvieron presentes el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; y la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzábal Murphy. Por el bloque de La Libertad Avanza asistieron Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz, Santiago Santurio y Eduardo Falcone. La reunión se dio en el despacho de Menem, duró más de una hora y fuentes de la oposición aseguraron a Data Clave que la misma fue “excelente”.

La reunión se da a pocas horas de que el Gobierno haya conseguido una victoria muy trabajada en el Senado de la Nación. Fue trabajada a tal punto que tuvo que desempatar la vicepresidente Victoria Villarruel en el proyecto de Ley Bases en general y en otros capítulos en particular clave como las facultades delegadas y la reforma del Estado, entre otros puntos.

El objetivo del Gobierno es no demorar el debate en la Cámara de Diputados y que se sancione antes de julio, según pudo confirmar Data Clave. El ideal de oficialismo y oposición dialoguista sería tener los plenarios de comisiones el martes 25 para luego sesionar el jueves 27. Incluso hay una especulación del propio Guillermo Francos para celebrar un acuerdo político en la provincia de Tucumán por el 9 de Julio. “Queremos darle un punto final al tema y tener la foto que no pudimos con el pacto de Mayo”, aseguran.

Cristian Ritondo, luego de la reunión con Guillermo Francos y otros diputados dialoguistas

La vocación de los principales bloques de la oposición, en especial del PRO, es la de acompañar la Ley Bases y la reforma fiscal “para darle al gobierno las herramientas que necesita”, le dice a este medio una persona que participó de la reunión con Francos. Sin embargo, plantean que no necesariamente acompañarán todas las modificaciones que se hicieron en el Senado.

Un diputado amarillo le adelantó a Data Clave que en algunos puntos se insistirá con la redacción original que se había girado de Diputados al Senado. Esta misma fuente pone como ejemplos el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), las modificaciones en la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y la suba del piso para los Bienes Personales. Estos últimos dos temas fueron rechazados en la Cámara Alta.

En el radicalismo se vislumbra la misma situación colaborativa que en el PRO, al menos los diputados alineados con De Loredo. “Queremos que la ley salga y cooperar”, aseguran a este medio. Sin embargo, también piden que haya sinceridad por parte del Gobierno en cuanto a algunos puntos que todavía no fueron saldados.

En UCR-Evolución están esperando que Milei y los gobernadores digan abiertamente que quieren restituir la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias. “Que lo pidan y den la cara”, se escuchó decir a un diputado radical por los pasillos del Congreso. La propuesta del paquete fiscal presentada por el gobierno proponía que las escalas de las alícuotas serían más progresivas y se moverían entre el 5 y el 35%. De esta forma, el máximo podría aplicarse a partir de un ingreso anual de más de 36 millones de pesos. 

En cuanto a Bienes Personales, el radicalismo prepara una venganza dialéctica para exponer en el recinto. La cuenta que saca el espacio centenario dice que elevar ese impuesto de 27 a los 100 millones de pesos, situación que beneficia al 5% más rico del país, implica que el Estado deje de recaudar un 0,44% del PBI, el mismo costo fiscal que el proyecto de movilidad jubilatoria que se aprobó en Diputados y que el Presidente adelantó que va a vetar.