Gobernadores de diez provincias mantuvieron un encuentro este lunes por la noche con el ministro del Interior Guillermo Francos para discutir los cambios a la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos que impulsa Javier Milei. 

Varios mandatarios estaban en Buenos Aires, con agenda de gestión, otros en sus provincias, algunos afuera de Argentina y se fueron sumando combinando el modo presencial, con el zoom a la conversación, donde el titular de la cartera política explicó cómo quedaría el texto de la iniciativa tras los cambios propuestos por la oposición y aceptados por el Presidente. 

Esas modificaciones surgieron de pedidos efectuados por esos mismos jefes provinciales -todos de la Unión Cívica Radical (UCR) y del PRO- así como también de organizaciones de distintos aspectos del sector privado que se vieron afectadas por el proyecto de 664. Según las fuentes consultadas por Data Clave, tras la reunión no hubo acuerdo y las partes quedaron en seguir dialogando.

Del meeting participaron Leandro Zdero (Chaco), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Nacho Torres (Chubut), Jorge Macri (CABA), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis).

El conflicto se centra en el paquete fiscal, ya que Milei tiene como desafío alcanzar el 2% de superávit fiscal primario, para lo cual deber realizar un ajuste fuerte del gasto público, que lo ejecuta para lograr el déficit cero y, eventualmente, caminar hacia una meta superavitaria. 

La ruta elegida por el oficialismo en pos de esa meta es aumentar la recaudación a partir de subir los derechos de exportación a las economías regionales, al agro y a la industria. Y avanzar en actualizaciones discrecionales a las jubilaciones a partir de eliminar la fórmula de movilidad previsional. En la negociación de ayer, Milei aceptó resignar estos puntos.

También discutieron el régimen pesquero, la situación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, la compensación que exigen los gobernadores por la quita del Impuesto a las Ganancias. Los líderes provinciales cuestionaron al ministro del Interior porque el blanqueo contenido en la Ley Ómnibus no es coparticipable. De la recaudación de Ganancias, el Estado central distribuye a las provincias el 57%, lo cual implica un 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Luego del encuentro los gobernadores acercaron nuevas propuestas de cambio y quedaron en volver a cruzarse en las próximas horas. El gobierno necesita acelerar las conversaciones para lograr un dictamen de mayoría y que la Ley Ómnibus sea tratada y aprobada en Diputados antes de que termine esta semana.