La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario y la querella que sigue la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) reclaman que las audiencias del juicio oral y público de la causa denominada como “Villazo” se desarrollen en la localidad santafesina de Villa Constitución, donde hace 49 años ocurrieron los delitos de lesa humanidad que son investigados como parte de este proceso que tiene por imputados a dos exdirectivos de la empresa Acindar y a 24 exefectivos de las fuerzas policiales, de seguridad y del Ejército.

El Tribunal Oral Federal de numero 1 de Rosario (TOF 1), integrado por los jueces Germán Sutter Schneider, Ricardo Moisés Vásquez y Otmar Paulucci, analiza en este proceso asesinatos, torturas, privaciones ilegítimas de la libertad y asociación ilícita en perjuicio de 69 personas, en hechos ocurridos en el 20 de marzo de 1975, en el contexto de una represión contra una protesta obrera en una populosa zona industrial de la provincia de Santa Fe.

El juicio comenzó el pasado 13 de noviembre y en principio estaba pautado que comenzara en Villa Constitución, pero el Tribunal dispuso que las primeras audiencias se desarrollaran en Rosario.

El 28 de noviembre, en base a un pedido de las querellas y la fiscalía, el Tribunal aceptó trasladarse a Villa Constitución para proseguir allí con el debate, algo que sucedió hasta finales de febrero. Luego, los magistrados decidieron que, en marzo, el proceso oral y público recomenzara en Rosario.

Así, en la sede judicial de la calle Oroño al 900, varios abogados, imputados y testigos siguen las audiencias de forma virtual, a través de dispositivos electrónicos. “Queremos que los testigos, las víctimas y sus familiares puedan expresar lo que vivieron en el lugar de los hechos. Los juicios deben realizarse donde se cometieron los crímenes y eso es lo que estamos reclamando”, señaló en declaraciones a Data Clave la abogada Julia Giordano, que lleva la querella de la APDH.

El Tribunal alega que en Villa Constitución no hay lugares adecuados para desarrollar las audiencias ya que, con la implementación del Código Procesal Penal Federal que establece el sistema acusatorio en una parte de Santa Fe, las salas judiciales de varias localidades del sur de la provincia tendrán menos disponibilidad, en función de la oralidad con la cual se tramitan las causas.     

“Planteamos si no se puede utilizar la sala de audiencias judiciales de Villa Constitución, el juicio oral puede seguir en el auditorio de la UOM de la ciudad o en el Concejo Deliberante. Pero por ahora no tenemos respuestas”, remarcó la letrada.

Giordano aseguró que las defensas también plantearon que los testigos de parte que citaron declaren también en Villa Constitución.   

En tanto, varios gremios de la zona de Villa Constitución comenzaron desde hace varias semanas una campaña de recolección de firmas para que el juicio se desarrolle nuevamente en la Ciudad.

En esa línea, el fiscal Juan Patricio Murray planteó que, al mudar el proceso a los tribunales de Rosario, se afecta el principio de “inmediación” que debe seguirse en todo proceso oral u público.

“La presencia de los jueces debe ser continua, pública y física. Entiendo que, en la pandemia, la virtualidad sirvió para que los procesos no se interrumpieran, pero ahora la situación cambió. Los juicios deben desarrollarse en los lugares donde ocurrieron los hechos y con la presencia de los imputados. No hay ninguna diferencia en juzgar un papel o una cara que aparece en una pantalla”, subrayó Murray en declaraciones a este medio.

Además, el fiscal recordó que en causas de lesa humanidad, los Tribunales Orales se trasladaron a localidades cercanas a Rosario como San Nicolás y Pergamino, y por eso ahora debe respetarse el mismo criterio en esta causa.

Fuentes allegadas a la causa, consignaron que, en los próximos días, el Ministerio Público Fiscal presentará un recurso para que las audiencias vuelvan a Villa Constitución. “Venimos con un ritmo de audiencias bastante bueno. Una semana tenemos una y en la otra tenemos dos. Creemos que si seguimos así, podemos llegar a tener un veredicto a fin de año", indicaron.

En esta causa, que llegó a juicio oral después de varias demoras, se investiga un hecho de terrorismo de estado ocurrido antes del golpe del 24 de marzo de 1976.

El 20 marzo de 1975, con el propósito de sofocar una protesta de gremios metalúrgicos el gobierno de Isabel Martínez de Perón ordenó desplegar en Villa Constitución 4000 gendarmes y policías ocuparon la ciudad, donde se produjeron secuestros, torturas y desapariciones. También actuaron en la represión parapoliciales de la Triple A, una organización comandada por el ministro de Desarrollo Social José López Rega.

En su acusación, la fiscalía afirmó que en las instalaciones de la empresa Acindar funcionaba desde 1974 un centro clandestino de detención ilegal conocido como “Albergue de Solteros”, que estaba a cargo de la Policía Federal.

"Las autoridades políticas, en connivencia con los empresarios, y a través de las fuerzas armadas y de seguridad, decidieron aplicar un programa represivo –que luego se profundizó- en Villa Constitución, cuyos principales objetivos fueron disciplinar al movimiento obrero y avanzar en el proceso de concentración de las empresas siderúrgicas”, sostuvo la acusación al justificar la elevación a juicio de esta causa.

En la causa se investiga además la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado y por eso se encuentran procesados el exjefe de división personal de Acindar, Roberto Pellegrini, y el personal jerárquico Ricardo Oscar Torralvo, acusados de haber señalado a los trabajadores que fueron detenidos, torturados, y en algunos casos desaparecidos por las fuerzas de seguridad.

Se estima que más de 300 trabajadores quedaron detenidos en esos días y hubo una huelga general de los sindicatos del cordón industrial de Villa Constitución que se extendió por 70 días, durante los cuales se sucedieron otros hechos represivos que también son investigados.

Las audiencias se reanudarán el próximo lunes 27 y seguirán el martes 28. Por ahora, continuarán en Rosario.