Escracharon al juez federal Rodríguez y a su hijo, involucrados en causas por corrupción y narcotráfico

A media mañana del 27 de diciembre, un hombre llegó hasta la puerta del Departamento Judicial de Morón, en la esquina de Colón y Almirante Brown de esa localidad, y empezó a vociferar:

“Ahora el mundo va a saber! Ahora el mundo va a saber de los asados. Le arma causas a los narcos y el hijo de Rodríguez los defiende! Anotá vos que sos de acá (señalando a una persona). El hijo de Rodríguez saca a los narcos que el padre los mete presos! Al del helicóptero lo denunció Rodríguez y el hijo lo saca! Y estos hijos de puta -señalando al edificio- son socios! Son socios! Se tienen que enterar los narcos Alvarado y Segovia que los denunciaron estos hijos de puta, en Parque Leloir!"

Dicho esto, el hombre se retiró como vino, sin que quede claro quién es. Los gritos se dieron en la sede de los tribunales provinciales de Morón, no donde está el juzgado federal que tiene a su cargo Rodríguez, ubicado a varias cuadras de allí. Nadie detuvo al sujeto aunque dos policías lo miraban imperturbables mientras gritaba y luego cuando se iba. 

El "Alvarado" que mencionó bien podría ser Esteban Lindor Alvarado y "Segovia" aludiría a Julio Rodríguez Granthon, alias “El Peruano” o "El Gordo Segovia" quien, dos años atrás, intentó montar desde su celda en el penal de Ezeiza un plan para importar partes para montar bombas y ametralladoras. 

Estos jefes narco están presos en las cárceles federales de Ezeiza y Marcos Paz y comandaron la masacre en cuotas de los últimos tiempos cuando dos taxistas, un colectivero y un playero de estación de servicio fueron acribillados en Rosario. 

Los capos Alvarado y Rodríguez Granthon presentan recursos y hábeas corpus en tribunales y en Casación que son cíclicamente rechazados, en donde piden mejores condiciones para su detención. El juez federal de Morón Jorge Rodríguez prohibió al líder de Los Monos Ariel Máximo “Guille” Cantero y a su sobrino Uriel Luciano “Lucho” Cantero el uso del teléfono de acceso público para internos del penal federal de Marcos Paz, donde se encuentran alojados. Además, excluyó como visitas de “Guille” a Jorge Ramírez y Soledad Galarza, un hombre y una mujer que habían sido autorizados tras el pedido del capo narco, que había fundado la solicitud al declararse bisexual.

¿Pero por qué este hombre sugiere algún tipo de complicidad en la maquinaria de encarcelamiento y defensa entre el juez y su hijo abogado?

Jorge Ernesto Rodríguez es titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón desde 1994. Como titular de este juzgado es quien lleva adelante la causa por el saneamiento del Riachuelo, junto con el juez federal de la Capital Federal Sergio Torres.

En septiembre de 2023 lo apartaron de una causa que investiga por contaminación a dos establecimientos frigoríficos ubicados en el conurbano bonaerense, en la cuenca Matanza-Riachuelo. Es porque el tribunal a fines del año pasado había ordenado una medida cautelar que suspendía la actividad de Frigorífico Agro Patagónico S.A. e Internacional Congelados S.A. Sin embargo, el magistrado permitió el funcionamiento de los frigoríficos demandados. En 2013 estuvo involucrado en una causa de corrupción junto a su hijo.

Su hijo, Sebastián Rodríguez Barbaró, trabaja en el Banco Central de la República Argentina. En la planilla de personal del Banco Central de diciembre de 2024  aparece como Jefe de División de 1era, Analista Senior de Planta Estable, NJ08. 
Además es abogado y socio de Fernando Arias Caamaño, histórico representante legal de famosos narcotraficantes.

En 2013, una denuncia del ministerio de Seguridad puso al descubierto una red de corrupción e ilegalidad que incluye a policías, políticos, servicios, jueces y fiscales. La investigación la llevó el por entonces juez de instrucción Juan Ramos Padilla. El denunciado en este caso fue el subdirector de asuntos jurídicos de la Policía Federal, el comisario Marcelo Emilio Pecorelli, por exacciones ilegales, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y violación de sus deberes funcionales.

Pecorelli habría pedido dinero para defender a policías imputados en causas penales, haciéndolas pasar por actos de servicio. Así, esa dirección asumió defensas institucionales en graves casos de violencia y/o corrupción policial, como el asesinato de dos chicos que fueron enterrados como NN y las causas Cromañón y Mariano Ferreyra. 

En la denuncia, Pecorelli fue señalado por derivar a su propio estudio jurídico las causas que no podían ser patrocinadas por la Policía, por deberse a actos realizados fuera de las funciones o los deberes del estado policial y obligaba a trabajar en su estudio particular a personal de su división. También habría acordado con algunos jueces sentencias favorables a sus clientes y pedido dinero a estudios jurídicos para acelerar causas contra la institución por reclamos salariales de agentes policiales.

El comisario supuestamente acudía a otros abogados que firmaban por él. Uno de ellos era Sebastián Rodríguez Barbaró, otro protagonista de las amistosas conversaciones telefónicas que interceptó el juez Ramos Padilla. De esos diálogos surge que el juez federal de Morón le habría pedido al policía que contratara a su hijo. Pecorelli entendía que Rodríguez Barbaró no era un abogado con suficiente experiencia. No obstante, lo designó en su estudio y lo habría mencionarlo como su “mano derecha”.

A cambio del empleo para su hijo, el magistrado habría entrado en transacciones comerciales con Pecorelli, quien representaba a empresas investigadas por su actividad contaminante. En una conversación con un empresario al que llama José, el comisario le contaría que incorporó al hijo del juez a una defensa porque “a la empresa le va a servir”. 

Ese hombre le indica en esa charla que le dejaría un sobre con dinero en la fábrica textil Kaury -propiedad de Joseph Khoury, el principal grupo productor de indumentaria del mercado argentino- para que Pecorelli le pague “al hijo de Acumar” (presuntamente por Rodríguez).

De acuerdo a esa denuncia, el juez Rodríguez habría estado interesado en que su hijo realizara ese trabajo para acercarse a Hugo Curto. Según esas conversación, le habría comentado a Pecorelli que Curto lo propuso para integrar el Consejo Académico de la sede descentralizada de la Escuela de Policía “Juan Vucetich” en Tres de Febrero.

En diálogo con otro interlocutor sólo identificado como Eduardo, el policía sostiene que el juez federal de Morón “estaba enloquecido” para que su hijo figurara en la causa de Curto, pero que una vez que lo incluyó, ni el padre ni el hijo le contestaron el teléfono.

Las empresas de la familia Rodríguez Barbaró y un socio defensor de capos narcos

Sebastián Rodriguez Barbaró, su hermana, su tía y dos personas más fundaron en 2014 una empresa inmobiliaria llamada We Are One. No hay más registro de esa empresa, que parece no estar en funciones. 

En mayo de 2023, el abogado creó la sociedad The Goat Food Group SRL, dedicada a la administración de bares y restoranes, en sociedad con Fernando Arias Camaño y Ezequiel Martín Solano. 

Arias Camaño, el socio de Sebastián, es también abogado y en febrero de 2021 estuvo denunciado y demorado por la justicia por ingresar a la alcaidía rosarina donde estaba detenido el rapero Zaramay con marihuana para el cantante. Al penal, Arias Caamaño fue acompañado por Sebastián Rodriguez Barbaró, que se quedó afuera. 

En Rosario, el penalista es conocido por ser uno de los actuales defensores de Mario Roberto Segovia, conocido como el “Rey de la efedrina” y condenado a 16 años de prisión por tráfico de estupefacientes y otras causas. También se ha desempeñado como defensor de Yanina Alvarado, hermana de Esteban Lindor Alvarado, en el trámite donde la mujer fue condenada a siete años de prisión por comercio de drogas junto a su marido, Fabricio Lorincz, en marzo de 2019 en los Tribunales Federales.

El mismo abogado es defensor asimismo de un hermanastro de Alvarado, Gustavo Fernando “Tuerto” Ramos, imputado desde 2019 como organizador de una asociación ilícita integrada por al menos once civiles y cuatro policías en carácter de autor y quien ya fuera condenado a doce años de prisión en Córdoba en 2009.

Arias Camaño fue también el representante de la familia de Diego Guastini, alias Dolarín, un capo del lavado argentino que a cambio de ser condenado a solo 3 años de prisión en suspenso por tráfico de divisas del narcotráfico internacional, en sus últimos días de vida estaba entregando información sobre traficantes, pero también sobre la Policía Bonaerense, hasta que alguien ordenó callarlo para siempre. El estudio de Arias Caamaño está en la misma dirección de la sociedad The Goat Food Group SRL.