El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, recibió hoy a los fiscales federales Diego Iglesias, José Luis Agüero Iturbe y Cecilia Incardona para respaldarlos y darles el apoyo del Ministerio Público Fiscal tras la orden de arresto dispuesta por el fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab.

Cabe recordar que el Ministerio Público de Venezuela pidió ampliar este lunes una orden de aprehensión a varios ministros, jueces, fiscales y diputados argentinos por haber retenido un avión de la empresa estatal venezolana Emtrasur y haber ordenado la captura del presidente Nicolás Maduro y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, en el marco de una investigación por posibles delitos de lesa humanidad.

En un mensaje emitido en cadena nacional, el fiscal general, Tarek William Saab, dijo que las solicitudes de aprehensión se basan en presunto robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir. En la práctica, las autoridades venezolanas no tienen facultad alguna para detener a ningún ciudadano extranjero fuera del territorio.

Frente a esas acusaciones el jefe interino de los fiscales, junto al secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General, Juan Manuel Olima Espel,se reunió esta mañana en el despacho del titular del MPF, en la sede de la Procuración General de la Nación.

El fiscal federal Carlos Stornelli, también apuntado por el gobierno y la fiscalía venezolanos, no pudo estar presente en la reunión por razones personales, según informó el sitio Fiscales.

Los fiscales Agüero Iturbe y Stornelli son quienes impulsaron la causa en la que el juez federal Sebastián Ramos, por orden de la Cámara Federal porteña, dispuso la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro, de uno de sus ministros y de otros catorce funcionarios de gobierno a quienes se acusa de delitos de lesa humanidad.

En tanto, la fiscal Incardona y el fiscal Iglesias impulsaron el proceso en el que se investigó a la tripulación del Boeing 747 operado por la línea de carga estatal venezolana Emtrasur y solicitaron su decomiso.

El avión fue enviado por el juez federal Federico Villena a los Estados Unidos, porque lo reclamaba la justicia de ese país, lo que generó la reacción del gobierno venezolano y del ministerio público de ese país.

El Tribunal Supremo de Venezuela ratificó la semana pasada órdenes de aprehensión contra el presidente de Argentina, Javier Milei; su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, justamente por el caso del avión, pese a que la Cancillería sostuvo que el tema lo resolvió la Justicia argentina.