El gobierno que encabeza Javier Milei sigue adelante con el achicamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que incluye la venta de edificios y tierras sub utilizadas y la baja de los 227 ingresos registrados el año pasado durante la gestión anterior.

Hace un par de meses, el organismo llevó adelante un plan de retiros voluntarios que no tuvo muchos adherentes. Sin embargo, ahora seguirá adelante con el plan para achicar su planta de empleados.

El vocero Manuel Adorni sostuvo en conferencia de prensa que “el INTA es un organismo fundamental para el desarrollo del campo argentino cuyos objetivos fueron desvirtuados por la gestión anterior” con temas como “las cuestiones de género, los falsos mapuches y la agricultura familiar”, además de sumar "el 50% de sus 6.852 empleados durante los gobiernos de Cristina Fernández entre 2007 y 2015".

Pese a lo que dijo Adorni, hubo planes muy exitosos como el Pro Huerta que fue cerrado después de muchos años y sus trabajadores fueron despedidos. Ese plan buscaba la producción familiar de alimentos.

Al describir el diagnóstico de situación del organismo, el vocero también mencionó: “de los 250 millones de dólares al año que recibe el INTA, el 90 por ciento se usa para pagar sueldos mientras que “a participación privada en las investigaciones es inferior al 10 por ciento y el objetivo es que esta cifra aumente al 30 por ciento en 2027”. 

“De las 116.000 hectáreas que tiene el INTA entre todos sus predios y propiedades, solo 45.000 de ellas se usan para experimentación con fines comerciales y productivos”, precisó.

Tal como contó Data Clave, una de las medidas más polémicas que tomará el gobierno es la de vender el edificio ubicado en la esquina de Cerviño y Ortiz de Ocampo, en el barrio de Palermo, uno de los puntos más cotizados de la Ciudad de Buenos Aires. Este inmueble, que hasta ahora alberga áreas clave del organismo, como el Centro de Investigación de Economía y Prospectiva (CIEP), será subastado el 23 de diciembre con un precio base de 6.378.968 dólares.

La medida quedó formalizada mediante dos resoluciones de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) publicadas el último viernes. La Resolución 65/2024 declaró el edificio "innecesario" para el INTA, mientras que la Resolución 70/2024 autorizó su subasta pública.

“Confiamos en que, efectivamente, su consejo directivo está a favor de tener un INTA que funcione para los fines que fue pensado y no para lo que se lo ha utilizado últimamente” apuntó el vocero y agregó: “Se terminó el uso de los organismos públicos como máquinas para financiar el despilfarro de la vieja política. Ninguna oficina estatal tiene derecho a extirparle la riqueza a los argentinos”.