El presidente Javier Milei anunció hoy que prohibirá el traslado de presos por cuestiones de género, en el marco de la ceremonia de Entrega de Sables de las Fuerzas Armadas en la Casa Rosada. El anuncio se dio luego de que se conociera que el líder de la banda narco “Los Monos”, Ariel “Guille” Cantero presentara diez hábeas corpus en los que dice autopercibirse mujer.

“Sólo en un país cuyos valores han sido trastocados puede permitirse semejante barbaridad. Con nosotros esta estupidez se termina. Vamos a prohibirlo, los delincuentes no van a poder solicitar un cambio de penal bajo el paraguas de la identidad de género”, sostuvo el primer mandatario, quien estuvo acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. 

"Quienes no adhieran a esta nueva normativa lo único que estarán haciendo es premiar la creatividad de los criminales", agregó el presidente. Sobre esto, apuntó directamente al líder narco “Guille” Cantero, quien enfrenta una condena a 113 años de prisión por múltiples delitos y que en las últimas semanas se conoció que presentó más de diez hábeas corpus donde dice que se autopercibe mujer. Bullrich señaló esta semana además que Cantero solicitó casarse con hombre.

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Para el presidente, la estrategia del jefe narco rosarino apunta a que se le permita “recibir visitas de hombres” y aseguró que hay más casos como este, donde los convictos argumentan autopercibirse del género femenino “ya sea para aprovecharse de las reclusas o para continuar con sus negociados desde condiciones más laxas”. 

Además, el mandatario hizo un llamado a todos los Gobierno provinciales para que se sumen a la medida y repliquen la medida en sus Sistemas Penitenciarios: “Quienes no adhieran lo único que estarán haciendo es premiar la creatividad de los criminales y faltarle el respeto a las víctimas del delito”, señaló. 

Luego de esta polémica, el diputado nacional de La Libertad Avanza, Álvaro Martínez, presentó un proyecto busca cambiar la identidad la ley de Identidad de Género. El proyecto presentado por el mendocino establece que solo los mayores de 18 años podrán realizar cambios registrales en el DNI, argumentando que las decisiones de este tipo requieren una “madurez plena”. Asimismo, prohíbe expresamente que personas con condenas penales firmes accedan a este derecho hasta cumplir la totalidad de su pena. En el caso de los imputados, se plantea que la solicitud quede suspendida hasta el dictado de la sentencia definitiva.

Otro punto clave de la iniciativa se centra en personas extranjeras con residencia legal en Argentina. Según el texto, estas podrán solicitar cambios en su identidad de género únicamente si no tienen condenas firmes en tribunales nacionales o extranjeros.